Sustracción de un bien público. Impunidad. Inacción de las administraciones. No se trata de un caso de corrupción política, sino del robo de un recurso escaso y tan relevante para la vida como el agua: uno de los delitos contra el medio ambiente más cometidos en España.
El robo de agua tiene un precio. Según una investigación de Greenpeace, solo en cinco años, entre 2013 y 2017, la extracción ilegal de agua ha costado al menos 14.970.051 millones de euros* en daños al patrimonio natural, en concreto, al dominio público hidráulico, que incluye aguas continentales, el cauce por el que estas discurren y lechos de embalses y lagos.
En España, el país más árido de Europa, el desgobierno en la gestión de los recursos hídricos ha sido una constante histórica. El robo del agua va más allá de la existencia de pozos ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso de manera ilegal.
Sin embargo, uno de los delitos contra el medio ambiente más cometidos en España está, paradójicamente, muy poco perseguido. Muestra de ello es que las confederaciones hidrográficas solo registraron 7.557 denuncias entre 2013 y 2017, de las que 3.474 corresponden a pozos ilegales, una cifra irrisoria si se compara con los más de un millón que se estima que podría haber en España, según una filtración del Ministerio de Medio Ambiente en 2017. La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad. Un problema medioambiental que se ha revelado además, en el caso de los pozos ilegales, como una amenaza para la seguridad ciudadana.
Por confederaciones, la del Guadalquivir encabeza la lista de número de denuncias tramitadas por pozos ilegales, con 968 registradas en el periodo de la investigación, y con casos como el de Puebla del Río o Lucena del Puerto (Huelva), una localidad que en tan solo un expediente acumula 77 pozos ilegales. Le sigue la del Tajo (703), Ebro (608), Guadiana (583), Duero (385), Miño (114), Segura (113) y Cantábrico (0) -datos del Júcar no disponibles-. En cuanto al resto de extracciones ilegales, encabeza el ranking la Confederación Hidrográfica del Duero, con 1.305 denuncias tramitadas, y le siguen el Guadalquivir (974), Tajo (607), Guadiana (540), Miño (265), Júcar (147), Cantábrico (136) y Segura (109) -datos del Ebro no disponibles-.
Número de denuncias tramitadas
Pozos ilegales
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Frente al desgobierno, baile de cifras
La ausencia de información pública y la falta de transparencia de la administración en torno a este asunto han sido el principal escollo de esta investigación, a la que Greenpeace ha dedicado más de un año. A través de peticiones de información a las nueve confederaciones hidrográficas, la organización ha conseguido recopilar el total de denuncias tramitadas por robo de agua y calcular el daño al patrimonio natural. La ausencia de datos detallados de todas las confederaciones solo ha permitido cuantificar daños económicos muy conservadores.
“De hecho, si además del resto de extracciones ilegales, tuviéramos cifras reales del número de pozos ilegales que hay en toda España, el daño al dominio hidráulico podría ascender a miles de millones de euros”.
Greenpeace lleva años solicitando un inventario de pozos ilegales sin éxito. Los últimos datos públicos son de 2006, cuando el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos abiertos ilegalmente que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes; esto supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad. Sin embargo, en 2017, una filtración del gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que podrían ascender a más de un millón.
Siguiendo con este baile de cifras, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España (Coimce), con quien también ha contactado Greenpeace, estima que el 70% de los pozos se construye ilegalmente y asegura que estos pueden superar el millón, ya que hay un elevado porcentaje de los pozos que son gestionados por las confederaciones y que no cuentan con la autorización minera, y otros tantos que no disponen de ninguna de las dos autorizaciones.
¿Cuándo se considera que se está robando agua?
Aunque los acuíferos son bienes de dominio público, es necesario pedir autorización administrativa siempre y cuando el volumen total anual extraído sobrepase los 7.000 metros cúbicos o cuando los acuíferos hayan sido declarados como sobreexplotados o en riesgo de estarlo
¿Cómo hemos cuantificado el daño al dominio hidráulico?
A lo largo de más de un año, Greenpeace ha solicitado a las distintas confederaciones las denuncias tramitadas entre 2013 y 2017. De ellas, solo tres (Guadalquivir, Tajo y Júcar) han enviado el listado completo de denuncias tramitadas con su correspondiente daño al dominio hidráulico. El resto solo ha facilitado el número de denuncias tramitadas clasificadas por daño al dominio hidráulico en distintos rangos económicos: menos de 400 euros, entre 400 y 4.000 y más de 4.000 euros. Por una cuestión de rigor, en este último caso Greenpeace ha utilizado los mínimos de cada rango. De esta forma, el cómputo total es el resultado de la cuantía económica exacta de los datos de Guadalquivir, Tajo y Júcar sumados al valor mínimo de cada denuncia tramitada del resto de confederaciones.
El dominio público hidráulico es un bien común cuyo objetivo es garantizar la protección de los recursos hídricos y su ecosistema. Sin embargo, lejos de estar protegidas, el 44% de las masas de aguas subterráneas se encuentra en mal estado por contaminación o por sobreexplotación, a menudo ilegal e indiscriminada, para regadíos y desarrollo urbanístico.
“Las previsiones de cambio climático para la península auguran un descenso significativo de las precipitaciones y de disponibilidad de agua en superficie. Será entonces cuando haya que aprovechar las aguas subterráneas. Pero dado el descontrol y desgobierno en la gestión de estas aguas, podemos encontrarnos con que ya no tengamos agua en los acuíferos y que la que quede esté contaminada”
La realidad por confederaciones hidrográficas
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Esta confederación ha aportado la información más completa de todas las respuestas recibidas. En cinco años, se tramitaron 974 denuncias por extracciones ilegales de agua y 968 pozos ilegales. Cifra que contrasta con las estimaciones solo en el área de Doñana-Almonte cuantifican ya un millar de pozos ilegales solo en esa zona.
Otras extracciones ilegales en el Guadalquivir (2013-17)
Denuncias tramitadas
Pozos ilegales en el Guadalquivir (2013-17)
Denuncias tramitadas
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Esta confederación considera que el robo de agua y los pozos ilegales no son un problema de especial relevancia en la región. Debido a las características geográficas y climáticas del territorio, no existen grandes superficies de regadío. La extracción ilegal de agua tiene como destino el uso doméstico en viviendas aisladas, abrevaderos de ganado o regadío de pequeñas superficies. Los datos facilitados por el Cantábrico son muy genéricos y no se ajustan a la petición realizada. De ellos, sólo se puede extraer el número de expedientes por extracciones ilegales de agua en general (no el desagregado por pozos ilegales), que asciende a solo 136 en cinco años. Esta confederación considera que no se ha producido ningún daño al dominio hidráulico por extracción ilegal de agua. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sí que facilita los datos de expedientes: 84 relativos a extracciones ilegales de agua, de los que 14 corresponden a pozos ilegales. A pesar de que los acuíferos no se encuentran en mal estado, Greenpeace considera fundamental que la protección de las aguas subterráneas sea una prioridad.
Confederación Hidrográfica del Duero
Las sequías prolongadas en la región han provocado la restricción de agua en muchos municipios. La demarcación del Duero es sinónimo de masas de agua subterráneas en mal estado. Sin embargo, entre 2013 y 2017, la confederación registró sólo 1.690 denuncias por extracción ilegal, de las que 385 corresponden a pozos ilegales. Ninguno de ellos fue clausurado. El Seprona cuantifica en 247 el número de denuncias por extracción ilegal de agua, 167 denuncias por pozos ilegales detectados y un total de un pozo ilegal clausurado. Greenpeace cuantifica el daño al dominio público hidráulico en un mínimo de 160.864 euros, siempre teniendo en cuenta que se trata de una estimación muy conservadora. Los datos facilitados por la confederación entran en conflicto con sus propias declaraciones, ya que en 2014 afirmó que se consideraría ilegal realizar nuevas extracciones en el acuífero de Los Arenales y que se tomarían medidas. Sin embargo, el total de pozos autorizados entre 2013 y 2017 asciende a 3.295.
Confederación Hidrográfica del Ebro
La cuenca del Ebro se caracteriza por el mal estado de sus masas de agua subterránea, afectadas por la contaminación y la sobreexplotación. A pesar de esta situación, la confederación no aporta datos sobre el número de pozos ilegales en su territorio ni tampoco sobre pozos ilegales clausurados. Según esta confederación, entre 2013 y 2017, fueron tramitadas 608 denuncias por alumbramiento de aguas subterráneas. El organismo alude a la imposibilidad de automatización de los expedientes y a la protección de datos, para poder facilitar el listado de denuncias más detallado y su daño al patrimonio natural, una justificación improbable dado que otras confederaciones sí han facilitado esta información. Estas explicaciones no encajan con el nivel de detalle que presenta su web, con datos a tiempo real de caudales, volúmenes embalsados y de contaminación de aguas subterráneas y superficiales. El Seprona señala que, entre 2013 y 2017, registró en esta cuenca 204 expedientes por extracción ilegal de agua y 57 por pozos ilegales, de los que tan solo se cerraron dos. En esta región, se estima un daño al patrimonio natural como mínimo de tan solo 20.802 euros.
Confederación Hidrográfica del Júcar
Las aguas subterráneas son clave para el riego en esta cuenca. Sin embargo, la confederación no facilita datos sobre pozos ilegales y tan solo registra 147 denuncias tramitadas por extracciones ilegales. Estas denuncias han provocado un daño al dominio hidráulico de 161.146 euros. Los datos del Seprona, sin embargo, hablan de 243 denuncias tramitadas por extracción ilegal de agua, 30 por pozos ilegales y un pozo ilegal clausurado entre 2013 y 2017. Por otro lado, entre los datos proporcionados por la confederación, destacan varios cientos de expedientes que han necesitado más de 30 años para ser resueltos y autorizados. En la práctica, esto supone un efecto llamada para perforar y usar aguas subterráneas a la espera del beneplácito de la administración, puesto que permite bombear agua subterránea durante un largo tiempo sin que exista una autorización firme.
Otras extracciones ilegales en el Júcar (2013-17)
Denuncias tramitadas
Confederación Hidrográfica del Guadiana
La confederación ha registrado 540 denuncias tramitadas por extracciones ilegales y 583 por pozos ilegales entre 2013 y 2017. Estos últimos datos contrastan con las estimaciones para el acuífero 23 de La Mancha, que solo para este caso elevan a varias decenas de miles el número de pozos ilegales. La confederación informa, además, de que solo ha cerrado ocho pozos en el mismo periodo. No aporta datos detallados del daño de estas extracciones que Greenpeace cuantifica en, al menos, 384.695 euros, una estimación muy conservadora ya que afecta a zonas de altísimo valor ambiental como el Parque Nacional de la Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera. El Seprona, por su parte, registra 169 denuncias por extracción ilegal de agua, 120 denuncias por pozos ilegales detectados y un total de dos pozos ilegales clausurados.
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Pese a la idea extendida de que en las cuencas del norte no hay problemas de disponibilidad de agua, la extracción ilegal de este recurso y los pozos ilegales no son ajenos a esta región. Entre 2013 y 2017, la confederación registró 379 denuncias por extracción ilegal de agua, de las que 114 corresponden a pozos ilegales. De estos, tan solo se han clausurado dos pozos en cinco años. Por otro lado, el Seprona señala que -siempre en el periodo de estudio-, se han tramitado 76 denuncias relativas a extracciones ilegales de agua y 71 por pozos ilegales, de los que no se ha cerrado ninguno. Es especialmente significativo que, durante los dos períodos declarados de sequía en la cuenca, no se hayan intensificado el cierre y el control de las extracciones desde pozos ilegales. En el Miño, se calcula un daño al patrimonio natural de entre 3.284 y 65.600 euros.
Confederación Hidrográfica del Segura
La cuenca del Segura se caracteriza por sus grandes reservas acuíferas, que sustentan en gran medida todos los nuevos regadíos, muchos de ellos ilegales. Sin embargo, la confederación no facilita datos sobre el número de pozos autorizados en la cuenca ni tampoco de los pozos ilegales clausurados. La confederación tampoco cuantifica ni aporta datos exactos sobre el daño al dominio público hidráulico de las extracciones ilegales de agua en general, alegando “no disponer de efectivos para ver expediente a expediente”, aunque sí proporciona el número de denuncias atendiendo a un rango económico de leves, menos graves, graves y muy graves. Entre 2013 y 2017, la confederación registró 113 denuncias tramitadas por pozos ilegales y 109 por otras extracciones ilegales de agua. Greenpeace estima que estas denuncias han provocado un daño al patrimonio natural de, al menos, 3.651.985 euros. Estos datos contrastan con los del informe del Seprona, que señala 67 denuncias por extracción ilegal de agua, 46 denuncias por pozos ilegales y un total de 4 pozos ilegales clausurados. Destaca además el hecho de que, durante las sequías declaradas por decreto en la cuenca, no se intensificara la campaña de cierre de pozos y el control de las extracciones ilegales.
Confederación Hidrográfica del Tajo
Pozos ilegales en el Tajo (2013-17)
Denuncias tramitadas
Es especialmente preocupante, por la presión demográfica, el control del acuífero terciario detrítico de Madrid. A pesar que la confederación mantiene desde 2017 una mayor vigilancia de las extracciones de agua subterránea en dicho acuífero, sólo el 4% de los puntos inspeccionados se encontraban legalizados.
Además, el 73,5 % de esas captaciones ilegales corresponde a volúmenes inferiores a 7.000 metros cúbicos al año, lo que las hace más complicadas de localizar y controlar. El Seprona, por su parte, informa de 268 denuncias tramitadas por pozos ilegales, 160 por otras extracciones ilegales de agua y ningún pozo ilegal clausurado.
Otras extracciones ilegales en el Tajo (2013-17)
Denuncias tramitadas
¿Qué pide Greenpeace?
Para Greenpeace, la concienciación de la población y su contribución en la denuncia de apertura y explotación ilegal de pozos son básicas. Para ello, la organización pone a disposición de la ciudadanía la plataforma Fíltrala que permite denunciar malas prácticas de forma anónima y confidencial.
Además, Greenpeace solicita a las administraciones competentes en la gestión y control del agua (Ministerio, confederaciones, comunidades autónomas, Seprona y Fiscalía) que lleven a cabo un investigación para localizar y situar en un mapa los pozos ilegales existentes en todo el país y procedan lo antes posible a su clausura.
Notas:
Las confederaciones, que son las responsables de la gestión del agua, han respondido de forma desigual a estas peticiones de información. En algunos casos enviando información muy parcial y genérica de la que no se ha podido extraer apenas resultados. Otras, en un ejercicio de transparencia y recopilación de datos, han proporcionado ficheros completos y con parámetros muy precisos (como la CH Guadalquivir).
La mayoría de las CCHH no han proporcionado el número de pozos ilegales existentes en su área de influencia, ni el número de pozos clausurados. Esto contrasta con el trabajo de control y vigilancia que viene realizando el SEPRONA en este ámbito (a pesar de que no es su única misión). Este organismo ha sido el más diligente y ha facilitado datos a Greenpeace con mayor celeridad. A pesar de años de sequía sufridos entre 2013-2017 (periodo de esta investigación) y reflejados en los correspondiente Decretos de Sequía del Boletín Oficial del Estado, las confederaciones no han intensificado el cierre de pozos o, al menos, reducido los caudales autorizados. Un claro ejemplo de ello, han sido los pozos ilegales del área de Doñana o los del acuífero 23 de la Mancha.
Todos los datos de esta investigación son abiertos y descargables en formato hoja de cálculo