A punto de cumplirse los diez años del accidente nuclear de Fukushima en Japón, en Greenpeace hemos preguntado a una experta en seguridad nuclear si habíamos aprendido las lecciones de Fukushima en Europa. Ella ha estudiado el caso de 11 centrales nucleares, entre ellas la de Almaraz, en Cáceres. Su conclusión general es que en esta década los operadores y los reguladores, es decir, los dueños de las centrales y los encargados de vigilar que sean seguras, se han preocupado más de ver cómo evitaban mejorar la seguridad en vez de mejorarla realmente.

Pongamos por caso Almaraz que cumplió 40 años de vida operativa el año pasado y al caducar la licencia, cosa que ocurrió en pleno confinamiento, le dieron otra nueva para que pueda seguir funcionando hasta 2027 su reactor número uno y hasta 2028 el número dos.

Con o sin Fukushima habría que haber denegado su licencia porque implica impactos ambientales que nunca han sido adecuadamente evaluados, porque dificulta la transición ecológica, porque su producción es innecesaria para la seguridad de suministro eléctrico, porque es una central envejecida, porque ampliar su licencia significa ampliar el tiempo que está expuesta a potenciales ataques malintencionados, sabotajes etc, o a desastres naturales, porque aumenta el uso de uranio y por tanto el impacto de este tipo de minería, porque aumenta la producción de residuos radiactivos, porque aumenta el coste social derivado de las insuficientes primas de seguros para cubrir los costes de un posible accidente nuclear, porque acumula problemas técnicos y de seguridad que la empresa propietaria -Iberdrola (52,7%), Endesa (36,0%) y Naturgy (11,3%)- no tiene previsto solucionar, y por si esto fuera poco; Almaraz no ha implementado todavía diez años después todas las recomendaciones que se indicaron tras el accidente de Fukushima.

05/04/2011. Almaraz, Cáceres, Extremadura, España./Pedro ARMESTRE

El desastre de Fukushima en 2011 destapó graves déficits de los conceptos y niveles de seguridad nuclear en las centrales y se llevaron a cabo pruebas de resistencia para tratar de mejorar estos déficits. Aunque ya de entrada estas pruebas no cubrían las deficiencias de diseño de las plantas más antiguas, tal y como ocurre con el parque nuclear español, cualquier mejora siempre es bienvenida. Pero en Almaraz, un mes después de que comenzara el accidente nuclear en Japón, lejos de ponerse manos a la obra con las mejoras lo que hicieron fue aumentar la potencia de la unidad dos y, hay que recordar que, el aumento de potencia puede comprometer aún más los márgenes de seguridad.

Empezaron mal pero han pasado 10 años y en Almaraz siguen sin haber implementado algunas de las recomendaciones que hicieron los expertos e incluso, algunas de ellas, es muy probable que no lo hagan nunca. Por ejemplo, les recomendaron que evaluaran los peligros sísmicos y será este año cuando lo hagan. Luego podrán comenzar la planificación y el posterior reajuste real de la central nuclear. Es posible que la central haya cerrado antes de que esto último suceda. También les indicaron que hicieran una regulación específica para valorar los peligros de inundación que no han hecho, y si lo hacen tardarán varios años más. Les indicaron que había que abordar sus debilidades ante un corte de suministro de energía y para ello han aplicado la ‘nueva solución mágica’: los equipos móviles, que son baratos y fáciles de implementar, pero que, en condiciones de accidentes graves, es muy poco probable que funcionen.

En la actualidad tienen pendientes, entre otras, reformar las infraestructuras del embalse de Arrocampo que es el lugar de donde se extrae el agua de refrigeración de la central. Esto debía estar hecho antes de diciembre de 2020. No sabemos si han cumplido con el plazo o seguimos la tónica habitual y vamos implorando a la suerte para no tener que incorporar una accidente nuclear más a nuestra triste lista de aniversarios.