La mayor nevada en los últimos 20 años dificulta la llegada de empresarios y políticos a la que será por unos días la capital del poder corporativo. El color blanco tiñe el Foro Económico Mundial de Davos, en los Alpes suizos, la orgía del poder mundial donde se escucharán obscenos discursos de optimismo financiero regados con magnitudes macroeconómicas que no harán mucho caso a las voces que alertan de los graves desafíos a los que se enfrenta el planeta y sus habitantes.

Bajo este grueso manto blanco, en los próximos días ningún empresario o mandatario abordará de manera seria y decidida los problemas sistémicos que permiten a las empresas vulnerar los derechos humanos y destruir el medio ambiente; y salir impunes de estos delitos.

Hace unos días hacíamos público el informe Justicia para las personas y el planeta, del que Greenpeace España hizo un resumen en castellano. En este documento se describe cómo algunas corporaciones han abusado y violado los derechos humanos y ambientales en todo el mundo. Los ejemplos son tan impactantes como diversos, desde la deforestación, la contaminación del agua y del aire, la contaminación con plástico o el vertido de desechos, a derrames de productos químicos, desastres nucleares, violaciones de los derechos indígenas, etc.

El informe defiende que es el marco normativo internacional que gobierna nuestra economía global (o la ausencia de leyes adecuadas) las que permiten estos delitos corporativos. La globalización económica ha creado importantes brechas en la gobernanza. No existen reglas globales sociales y ambientales vinculantes que obliguen a estos actores económicos globales.

Por este motivo, en la víspera del comienzo de la Cumbre de Davos, presentamos estos 10 Principios para la Responsabilidad Corporativa:

1. Las personas y el medioambiente deben estar en el centro de la gobernanza y la vida pública, y no las empresas.
2. La participación pública debe ser inherente a toda política.
3. Los Estados deben abandonar toda política que socave los derechos humanos y ambientales.
4. Las empresas deben estar sujetas a normas vinculantes tanto en el territorio donde está ubicada su sede como donde operan y mantienen actividades económicas.
5. Los Estados deben exigir a las corporaciones que reporten sobre su sistema de Diligencia Debida y sobre su responsabilidad a lo largo de toda su cadena de valor en productos y servicios.
6. Los Estados deben prohibir a las empresas que operan en el extranjero que realicen actividades que estén prohibidas en su país de origen por considerarse una amenaza a los derechos humanos o medioambientales.
7. Los Estados deben establecer políticas que aseguren la transparencia en todas las actividades empresariales y gubernamentales que afecten a los derechos humanos y ambientales, incluidas las políticas comerciales, tributarias, financieras y de inversión.
8. Las corporaciones y sus dirigentes deben responsabilizarse de las violaciones contra los derechos humanos y el medio ambiente que cometan las empresas bajo su control, tanto en el país de origen como en el extranjero.
9. Se debe garantizar el derecho a un remedio efectivo del daño a las personas afectadas por una violación contra los derechos humanos y ambientales, incluso en el Estado de origen de la compañía si fuese pertinente.
10. Los Estados deben hacer cumplir los marcos normativos y políticos que han establecido.

Algunos gobiernos, como el francés, ya han dado pasos en esta dirección. En el país vecino una ley obligará a las las corporaciones a identificar los riesgos potenciales para las personas y el medio ambiente como resultado de sus actividades, y actuar para evitar daños a las personas y el entorno. Y en Suiza se está preparando un referéndum popular que obligaría legalmente a las empresas a incorporar el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus actividades comerciales. En Reino Unido, la Ley de Esclavitud Moderna requiere que las empresas aborden la esclavitud y el tráfico de personas en sus cadenas de suministro.

Todo esto muestra que es posible, que los gobiernos pueden pensar en el bien común, en los ciudadanos y el planeta y no preferentemente en las corporaciones. Si quieren, pueden.