Se ha hablado mucho sobre el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGEs) firmado por el Gobierno y Unidos Podemos el pasado jueves 11 de octubre, especialmente por su marcado carácter social. Pero ¿qué valoración merece desde una perspectiva ecologista?

En general, positiva: contiene acuerdos legislativos, y sobre todo políticos, que marcan un camino en la buena dirección en diversos puntos como la transición energética, los criterios ecológicos de las compras públicas o la calidad democrática.

Los detallamos en los próximos párrafos:

Transición energética

El acuerdo reconoce que la única manera de contar con precios estables y predecibles es hacer una transición energética hacia un modelo 100% renovable y eficiente. Aunque estemos totalmente de acuerdo con esta afirmación queremos poner énfasis en que la velocidad de esta transición es lo que marcará la diferencia, y no solo en la factura de la luz, sino entre asumir un calentamiento global ya en curso o llevarlo a circunstancias extremadamente graves, injustas e irreversibles.

Es necesario actuar rápido. En el acuerdo se pone fecha, una vez más, a la tan anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se presentará en el Congreso a finales de año. Esperemos que esta ley contribuya justa y responsablemente al objetivo de no superar la temperatura media global 1,5ºC. Esto es todavía posible, según han confirmado recientemente los científicos del IPCC, pero exige concentrar los esfuerzos para conseguir reducir a la mitad las emisiones mundiales en 2030. La ley debe concretar objetivos e incluir el compromiso y las bases legales para alcanzar el desarrollo de un sistema energético 100% renovable, comenzando por señalar el cierre de las centrales térmicas de carbón y nucleares para 2025.

Valoramos muy positivamente la protección de los consumidores más vulnerables y el fomento del autoconsumo. Además, entre las reformas estructurales que el sistema eléctrico necesita hay buenas noticias, entre ellas las que plantean la desaparición de los injustos “beneficios caídos del cielo” que disfrutan la hidráulica y la nuclear, y que pagamos a través de la factura de la luz, o la revisión de los pagos por capacidad, que es un paso en la buena dirección para limitar estas subvenciones fundamentalmente dirigidas a mantener un sistema eléctrico viejo y contaminante.

Criterios ecológicos en las compras públicas

En el capítulo dedicado a fomentar la autonomía de los gobiernos locales y revertir el abandono rural encontramos una medida dirigida a favorecer la compra pública de alimentos de proximidad. Para ello, el Gobierno impulsará una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que incorporará la compra prioritaria de alimentos de proximidad como uno de los criterios medioambientales y sociales a considerar por los órganos de contratación para la evaluación de las ofertas. Un importante medida que habría que ampliar a los alimentos ecológicos y de temporada. La lucha contra el cambio climático implica una transformación profunda de nuestro modelo agrícola, siendo necesario reducir la producción y el consumo mundial de carne y lácteos a la mitad para 2050.

Calidad democrática

El acuerdo incluye también algunos avances en materia de calidad democrática, si bien los reiterados anuncios de derogación de la Ley Mordaza quedan limitados a algunas modificaciones en el marco de una reforma notablemente menos ambiciosa. Algunas de las mejoras reseñables guardan relación con la especial protección del derecho de reunión, así como la adecuación garantista de las intervenciones policiales o la regulación de la cuantía de las sanciones en virtud de las capacidades económicas.

En el punto sobre fiscalidad valoramos positivamente que se quiera estudiar cómo aplicar la perspectiva de género, pero echamos de menos una mayor apuesta por la fiscalidad verde y por el principio “quien contamina paga”. Tan solo hay una breve mención a la fiscalidad que se va a aplicar al diésel y al destino que se le va a dar a esta mayor recaudación para potenciar el vehículo eléctrico.

Es, en definitiva, un acuerdo en la buena dirección desde la mirada ecologista, que veremos como se va sustanciando en el corto plazo en los PGEs de 2019 y en el medio plazo con la evolución de las políticas y las medidas legislativas. Estaremos al tanto de su progreso.