En la tarde de ayer, la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, compareció en el Senado para, entre otras cosas, responder preguntas sobre la exportación de armas españolas a Arabia Saudí. En concreto, sobre esa operación realizada el 13 de marzo desde el puerto de Bilbao en la que un bombero vizcaíno rechazó participar en el retén que debía controlar la carga de los “explosivos” en un buque de la compañía Bahri con destino al puerto saudí de Jeddah. Lo hizo por el riesgo a que esos proyectiles fueran utilizados en Yemen para cometer crímenes de guerra de los que no quería ser cómplice.

Esta casualidad, derivada de este acto de responsabilidad, hizo que dejaran de ser secreto las exportaciones de material bélico a un país que masacra a la población civil en Yemen desde 2015, autorizadas pero ilegales, saltasen al espacio público y pasasen de conocidas a visibles.

En la tarde de ayer, las preguntas para la secretaria de Estado fueron muchas: “¿Cuál es la evaluación de riesgo del armamento exportado?”, “¿cómo se va dar seguimiento a su uso?”, “¿qué opinión le merece al Gobierno la resolución del Parlamento Europeo, de febrero de 2016, que solicitaba especialmente al Estado español a que cesara la venta de armas a Arabia Saudí?”, “¿qué opinión le merece al Gobierno la proposición de Congreso de los Diputados, de abril de 2016, de revocar las autorizaciones de venta de armas a las partes enfrentadas en el conflicto de Yemen?”, “¿conoce el Gobierno si las armas de origen español están siendo utilizadas en el conflicto de Yemen?” o “teniendo en cuenta que Arabia Saudí es uno de los Estados que menos respeta los derechos humanos; que está participando de manera directa en el conflicto de Yemen …]. ¿ha contemplado el Gobierno cesar la venta de armamento a Arabia Saudí?”.

Las respuestas en cambio fueron pocas. Todo es secreto aquí y la secretaria de Estado mantuvo el discurso oficial: Que no era intención del Gobierno dejar de autorizar la venta armas a Arabia Saudí, que la venta de armas a Arabia Saudí se acompañaba de «garantías de uso final y estrictas cláusulas de no reexportación» (aunque no explicó en qué consistían, seguramente será secreto…) y que la información que reciben sobre el “uso final” proviene de las autoridades del país de destino. Es decir, Arabia Saudí; el país que lidera una coalición que ha lanzado numerosos ataques aéreos ilegales en Yemen, algunos de los cuales podrían ser considerados crímenes de guerra, que han matado a miles de civiles y destruido escuelas, hospitales, mercados y hogares.

Pues a ese país, se enviaron ese día de marzo 17.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros en 30 contenedores que son solo parte de los más de 360 que se conoce han partido desde Bilbao destino Arabia Saudí. El origen es una empresa cuyo nombre, por ley, no podía desvelar la secretaria de Estado. Otro secreto. Y es que el secretismo (que permite la obsoleta Ley de Secretos Oficiales) rodea el comercio de armas e impide confirmar que el Gobierno cumple la ley, lo que es más que dudoso, o que haya rendición de cuentas.

Por cierto, la empresa que está haciendo este gran negocio es EXPAL Systems, del Grupo Maxam, grandes amigas ambas de las puertas giratorias…