Greenpeace celebra que el juzgado también apruebe las medidas cautelares que solicitó para mantener Madrid Central

Madrid, 19 de julio de 2019. Greenpeace celebra el contenido del auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Madrid, que concede la medida cautelar solicitada de que se mantenga vigente Madrid Central, y se suspenda la moratoria en la imposición de multas aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

El decreto emitido en junio por el nuevo equipo de gobierno municipal permitía a los vehículos infractores no ser sancionados si vulneraban la Zona de Bajas Emisiones desde el 1 de julio. Tras escuchar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Madrid, el magistrado ha confirmado que la obligación de los poderes públicos es salvaguardar el derecho a la salud y la protección del medioambiente, tal y como exigen tanto la Constitución Española como el derecho de la Unión Europea. El juez considera que el Ayuntamiento no ha acreditado en ningún caso que la suspensión de Madrid Central sirva para salvaguardar mejor esos derechos constitucionales, y que la mejora en el en el sistema de imposición de multas no puede situarse por encima de valores tan importantes como la protección de la salud y el medio ambiente.

Este auto judicial se suma a los dos conocidos esta semana que también dictaron medidas cautelares, emitidos por los juzgados de lo Contencioso n°7 y n°24 en respuesta a los recursos presentados por el Grupo Municipal Socialista y Ecologistas en Acción, respectivamente. Greenpeace se felicita además porque, en este último recurso, el juez estima también los argumentos esgrimidos sobre el daño para el cambio climático que suponen las emisiones de CO2 a la atmósfera, como consecuencia del tráfico, y admite como prueba las conclusiones científicas de los informes del IPCC que se aportaron al recurso.

Greenpeace, entidad que forma parte de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, junto a más de 90 colectivos sociales, celebra que los jueces estén demostrando tener una gran sensibilidad en la protección de la salud y del medio ambiente, por encima de lo que cabría esperar del gobierno de la ciudad. Pero manifiesta también su preocupación por lo que considera una actitud irresponsable por parte del Ayuntamiento de Madrid, que no sólo ha intentado eliminar una medida que se ha demostrado eficaz en la lucha contra la contaminación, sino que está haciendo una total dejación de funciones en su obligación constitucional de proteger tanto la salud como el medio ambiente, al no poner en funcionamiento otras medidas como el protocolo anticontaminación, que deberían haberse activado ya en días en que el aire de la ciudad ha presentado niveles de contaminación peligrosos.

Por este motivo, desde la organización ecologista pide al Ayuntamiento de Madrid que cese en su empeño de eliminar las multas y no recurra los tres autos judiciales que abogan por mantener Madrid Central tal y como estaba vigente. Greenpeace, a través de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, seguirá proponiendo al Consistorio ideas para mejorar la movilidad pero no admitirá ninguna rebaja en las restricciones al vehículo privado, principal fuente de NO2 en la ciudad.