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Greenpeace obtiene imágenes aéreas de incendios ilegales en la Amazonía

17-07-2020

  • Solo en junio, las alertas de incendios en la zona han aumentado un 20% respecto al año pasado
  • El gobierno de Jair Bolsonaro decretó ayer una moratoria de incendios de 120 días, que ya se ha demostrado ineficiente en otras ocasiones

Greenpeace Brasil ha obtenido imágenes aéreas de incendios activos en la selva amazónica en el estado brasileño de Mato Grosso. Las imágenes fueron tomadas durante un sobrevuelo en avioneta realizado entre el 7 y el 10 de julio para documentar el reciente repunte de incendios en la Amazonía. Estos incendios, llamados queimadas en Brasil, son ilegales según una orden del gobierno que ha prohibido las queimadas entre julio y septiembre. Greenpeace también documentó imágenes de áreas totalmente calcinadas y de otras zonas preparadas para la quema. Con 4.437 puntos críticos [1], el estado de Mato Grosso ha tenido el mayor número de incendios (49.52 %) en la Amazonía brasileña este año [2].

Estas imágenes, junto con las tasas de deforestación que se han registrado este año, son la consecuencia de las políticas y la estrategia a largo plazo del presidente Bolsonaro. Desde que accedió al poder, Bolsonaro ha estado desmantelando las leyes de protección ambiental y eliminando la capacidad de acción de las agencias de protección ambiental, llegando a utilizar la pandemia COVID-19 como una cortina de humo para permitir las actividades de tala y minería en la Amazonía. Esta administración no está haciendo nada más que poner en riesgo el clima y la vida de la población, especialmente la de los pueblos indígenas”, ha manifestado Rómulo Batista, portavoz de Greenpeace Brasil.

En junio de 2020 se registraron 2.248 alertas de incendio (focos de calor o hotspots) en la Amazonia, un aumento del 19.57 % en comparación con junio de 2019 (1.800) y el mayor número registrado en el mes desde 2007. El número de estas alertas de deforestación en la Amazonia brasileña alcanzaron la mayor cifra en los últimos 13 años el pasado mes de junio. Del 1 al 13 de julio, ya se registraron 1.057 focos de calor en el bioma.

Los grandes incendios en la selva amazónica no ocurren de manera natural, sino que son los agricultores o acaparadores de tierras los que queman deliberadamente la selva para expandir la frontera agrícola para la cría de ganado y la producción de agricultura industrial. La permisividad con esta práctica ha empeorado durante el mandato del presidente Bolsonaro debido a su agenda anti-ambiental [3]. Los pueblos indígenas, que ya están siendo impactados por la COVID-19, se enfrentan ahora a un riesgo aún mayor, a medida que los incendios se intensifiquen y la contaminación del aire se agregue a la lista de sus amenazas para la salud.

Las acciones del gobierno brasileño contra el medioambiente han afectado la reputación y la economía del país, ya que los inversores, los socios comerciales y las principales empresas brasileñas han expresado públicamente su preocupación por los impactos del gobierno de Bolsonaro sobre el clima y los derechos humanos. Pero la respuesta de Bolsonaro ha sido teatral e ineficaz, como es el caso del despliegue del ejército en operaciones costosas e ineficientes para combatir la deforestación y la reciente declaración de una moratoria de incendios.

Ante esta moratoria de incendios de 120 días decretada ayer jueves 16 de julio por el gobierno de Jair Bolsonaro, la portavoz de Greenpeace Daniela Montalto, ha declarado “Bolsonaro ya decretó una moratoria el año pasado y no funcionó. Tras dicha moratoria, en septiembre de 2019, se registraron en el bioma amazónico 42.000 puntos calientes adicionales entre septiembre y diciembre. Fue la llegada temprana de la lluvia lo que evitó que el escenario fuera aún peor.

Las imágenes del Amazonas quemándose en el estado de Mato Grosso son un claro ejemplo de que una prohibición de incendios, por sí sola, no funciona. Proteger la capacidad de monitorear y hacer cumplir la ley, que Bolsonaro continúa desmantelando sistemáticamente, es esencial. Aquellos que llaman a la acción del gobierno brasileño no pueden engañarse a sí mismos y pensar que los descuidados movimientos de relaciones públicas de Bolsonaro tendrán un impacto significativo”, ha añadido Batista.

La explotación de la naturaleza y las personas es una de las principales causas de las actuales crisis de salud, clima y biodiversidad. Greenpeace está exigiendo a los gobiernos y las empresas que pongan fin a las actividades económicas que destruyen los bosques y que estos sectores y el comercio internacional se alineen con los objetivos del Acuerdo de París y para evitar una mayor crisis de la biodiversidad y para crear economías resilientes que pongan el cuidado de las personas y el planeta por delante de los intereses económicos.

Notas:

[1] Número de focos de calor registrados del 1 de enero al 13 de julio

[2] Análisis basado en datos del INPE (Instituto Brasileño de Investigación Espacial).

[3] https://insights.trase.earth/yearbook/summary/


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