El desmantelamiento del parque nuclear en España es, además de obligatorio, una necesidad para continuar la transición energética renovable y una oportunidad económica y de empleo para las comarcas en las que se encuentran estas centrales.

España cuenta con siete reactores en funcionamiento, con una vida útil media superior a su vida útil de diseño, 40 años. En 2019 se acordó entre la administración y el oligopolio un calendario escalonado de cierre que comenzaría en octubre de 2027 con Almaraz y terminaría con Trillo en 2035. Este calendario está en riesgo. El oligopolio ha pedido ahora una prórroga de 3 años más para Almaraz. De concederse, supondría una extensión de todas las centrales.

Un informe de la URJC ha concluido que la energía que produce Almaraz se cubre en su totalidad con renovables al poco de cerrar. Además, su prórroga supone un sobrecoste acumulado en facturas de la luz de hasta 3.831 millones de euros, una pérdida acumulada de inversión de hasta 26.130 millones de euros y unas emisiones adicionales de 12,3 MtCO₂eq, equivalentes a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante 6 años.

El sistema aprovecharía mejor las renovables, y ese cambio abarataría mucho el precio de la electricidad. El desmantelamiento nuclear es una oportunidad para el empleo sostenible y la economía local. Las empresas son las que obtienen los beneficios y deben pagar los costes del desmantelamiento de sus nucleares y de los residuos radiactivos que han producido.

La seguridad nuclear está por encima de todo. Antes de dar una licencia más, deberían restituirse reglamentos y los protocolos de seguridad nuclear, considerando el envejecimiento de las instalaciones de manera específica, porque a partir de los 40 años de operación entramos en una nueva etapa de riesgo. No podemos permitir que haya ningún accidente nuclear más, como los de Fukushima y Chernóbil.

¡Firma y exige el cierre nuclear!