La agricultura familiar y social en España está desapareciendo. Durante siglos, ha sido el corazón de nuestras comunidades rurales, una fuente de alimentos frescos y locales.  Los pequeños agricultores se enfrentan hoy a desafíos tan grandes que su supervivencia está en peligro. 

Aunque las pequeñas producciones familiares representan más del 60% de las explotaciones, estas pequeñas producciones han disminuido un 36% en los últimos años. No es solo la competencia de la agroindustria, las políticas, como la Política Agraria Común (PAC) han creado un sistema que favorece a los grandes productores.

Es el momento de tomar acción y de exigir a nuestros representantes que impulsen una Ley de Agricultura Familiar y social que proteja a quienes nos proveen alimentos locales, y les apoye hacia una necesaria transición agroecológica; y exigir una política agraria común más justa y verde.

Por eso, es urgente que las administraciones públicas actúen para cambiar este modelo agroalimentario, y exigimos de ellas:

• Impulsar una ley de Agricultura familiar y social que apoye una gobernanza justa de la tierra y una transición agroecológica
• Reformar  la Política Agrícola Común (PAC); que incluya la eliminación progresiva de los pagos por hectárea, que apoye a los agricultores en situación precaria y a aquellos que adopten prácticas que protejan y restauren la naturaleza.
•  Fomentar la venta directa de los productos de los agricultores familiares y sociales. Esta medida impulsará los mercados locales y eliminará los intermediarios, lo que no solo beneficiará a los productores, sino también a los consumidores.

¡Firma y exige a la administración que  apoye a los pequeños agricultores y agricultoras y apueste por un modelo alimentario sostenible!