Por un despliegue de renovables justo y sostenible
© Paul Langrock / Greenpeace
La transición energética es una necesidad esencial para el planeta, y el despliegue de renovables ya es una realidad. Pero ese despliegue tiene que ocurrir de forma justa y no ser una excusa para que unas cuantas empresas hagan beneficio a costa de las personas y el medioambiente.
En 2023, las renovables ya generaron más electricidad que los fósiles y la energía nuclear juntas. Es una estupenda noticia. Necesitamos seguir desplegando renovables y reduciendo nuestro consumo. Y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo respetando a las personas y los ecosistemas a la vez que avanzamos en cambios profundos de nuestro modelo de producción y consumo.
Pero este no es siempre el caso. Muchas empresas, pasando por encima de todo por su beneficio, plantean proyectos de gran tamaño en zonas protegidas, no involucran a la población local o expropian terrenos de manera innecesaria. Lo hacen MAL y ponen en peligro la transición energética y la biodiversidad, al mismo tiempo que generan tensión social en el territorio.
Pero no es el único camino. Se puede hacer bien, y lo demuestran otros muchos proyectos, en los que se están realizando encuestas y reuniones con vecinas y vecinos para involucrarlas en las decisiones, en los que ovejas y abejas conviven sin problema entre paneles solares y que evitan zonas de alto valor ecológico.
Las que hoy son solo buenas prácticas deberían ser obligatorias SIEMPRE. Y las malas prácticas deben ser prohibidas y erradicadas. Por eso, pedimos al Gobierno:
- Leyes claras que indiquen dónde instalar energías renovables, prohibiendo las zonas de alto valor ecológico y priorizando las zonas más degradadas (ciudades, tejados, infraestructuras ya existentes como los puertos, etc.)
- Que las comunidades locales participen en los proyectos desde el principio y que los beneficios económicos se compartan de forma justa con ellas
- Una evaluación ambiental rigurosa de los proyectos.
Para una transición energética justa, necesitamos que la administración legisle y que las empresas cumplan, para evitar que su codicia pase por encima de las personas y de la naturaleza.
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