Presupuestos Generales del Estado 2018
Puntilla al medio ambiente
Cómo el Gobierno confirma el abandono del medio ambiente a corto plazo, a pesar de que las consecuencias se pagarán caras
Los contenidos y las partidas presupuestarias que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado 2018 son clave para comenzar a hacer frente a los retos de este siglo: la lucha contra el cambio climático y la creciente desigualdad. Sin embargo el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, presentado por el Gobierno, sigue un año más reflejando el poco compromiso político en este sentido.
Una de las novedades es que por primera vez desde la crisis se incrementa el techo de gasto (1,3% con respecto a 2017). El Gobierno los define como “los presupuestos más sociales de la historia”, al destinar 196,78 millones de euros al gasto social, con prioridad a cuestiones de fuerte contenido político y social: pensiones, salarios del funcionariado, rebaja fiscal para las rentas inferiores a 18.000 euros, ampliación del permiso de paternidad o rebaja del IVA cultural. Sin embargo, desde el inicio de la crisis (2008), el gasto público destinado a educación, sanidad y cultura en los PGE se ha reducido en más de un 30%.
Desde el inicio de la crisis, las partidas presupuestarias destinadas a políticas medioambientales y a la lucha contra el cambio climático han sufrido un mayor recorte, el 56.5 %. En 2018 han experimentado una ligera recuperación de un 3% estando muy lejos de situarse en cifras similares a antes de la crisis.En 2018 el mayor aumento en los presupuestos ha sido para el Ministerio de Fomento con un 11,7% de subida, seguido del Ministerio Defensa, con un 10,6 %.
La lucha contra el cambio climático exige un cambio en el modelo económico que concilie los límites económicos y ambientales. Transitar hacia una economía descarbonizada es un gran reto que requiere cambiar el modelo de producción y consumo imperante. Un reto que bien abordado ofrece grandes oportunidades para la competitividad y el empleo en las renovables o en la mejora de la eficiencia.
Los presupuestos generales responden al mismo modelo económico que nos condujo a la crisis. La prioridad del gasto público se dedica a la inversión en infraestructuras (16,5% de aumento respecto al año 2017) principalmente de transporte. Del total del gasto en infraestructuras este año 2018, solamente el 2,4% se destina a medio ambiente.
Uno de los principales obstáculos para lograr que el cambio en las políticas se refleje en los Presupuestos es que son presupuestos incrementalistas, es decir, no se diseñan según los planteamientos más generales de los Ministerios, sino que se abordan desde las necesidades del Ministerio de Hacienda atendiendo únicamente a la política de contención de gastos y cumplimiento del déficit.
Las partidas destinadas a la lucha contra el cambio climático, el cuidado del medio ambiente o la protección de la biodiversidad siguen sin tener la importancia que requiere. El presupuesto destinado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en 2018 tan solo representa un 1,8% de los gastos del Estado en los PGE y la Oficina de Cambio Climático pierde cada vez más peso político, y tras el recorte que sufrió en 2017 del 45%, en 2018 se ha vuelto a reducir el presupuesto casi un 21% más.
En materia de transición energética -imprescindible para frenar el cambio climático- tampoco se ha avanzado. Los Presupuestos Generales del Estado de 2018, tan solo dedican el 6% de de las políticas de gasto de Industria y Energía a fomentar la transición energética, la mayor parte de su gasto (un 65%) se dedica a cubrir los costes (sin cuestionarlos) de un sistema eléctrico que no internaliza los costes ambientales y sociales- dejando a un lado las políticas para acompañar y guiar la transición energética.
El Gobierno sigue sin establecer la hoja de ruta que permita una transición justa hacia un sistema energético 100% renovable manteniendo las barreras que impiden avanzar en esta senda. Existen numerosos ejemplos, como el fracasado Real Decreto del Ministerio de Energía que se preparó para limitar el cierre de centrales (que el ministro Nadal pretende reconvertir en una proposición de ley), las subvenciones que se continúan dando a los combustibles fósiles, el fomento de falsas soluciones (como la captura y almacenamiento de carbono) o la penalización del autoconsumo, que anteponen los intereses de las grandes eléctricas al derecho de la ciudadanía a participar en la transición energética.
La apuesta por la agricultura y ganadería ecológica es también fundamental para frenar el avance del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo el presupuesto que se destina a la misma, en 2018 representó solamente un 2,7% del total del programa del Ministerio dedicado a la industria agroalimentaria y calidad alimentaria.
La fiscalidad ambiental es otra de las grandes asignaturas pendientes. España está en el furgón de cola de la UE en impuestos verdes, lo que se refleja en su poca participación recaudatoria. La fiscalidad ambiental se ha reducido respecto al PIB desde 1998, teniendo uno de los porcentajes más bajos de la UE-27, que en 2016 era del 1,86%, muy por debajo de la media europea, situado en el 2,56%.
El principio quien contamina paga está prácticamente ausente de la fiscalidad en los Presupuestos Generales del Estado y en 2018 los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos) tan solo representan el 5% de los ingresos del Estado.
El derecho a la información es un derecho fundamental, una sociedad que se moviliza es una sociedad informada. Conocer con facilidad en qué se gasta el dinero público es fundamental y para ello es necesaria la transparencia y accesibilidad de los Presupuestos. La información tendría que presentarse de manera armonizada y comparable de un año para otro, de forma que facilite el seguimiento de las partidas y su ejecución.
Por último la perspectiva de género es otro de los grandes temas pendientes. En 2018, el 50% del total de los programas gestionados por los distintos departamentos ministeriales tienen impacto de género y se incluyen en la Memoria de Género presentada. Esta Memoria indica actuaciones pero carece de indicadores de seguimiento y no incorporan una visión diferenciada del impacto de las actuaciones entre hombres y mujeres y por lo tanto no aborda desigualdades. Además, el Gobierno solamente ha propuesto 80 millones para la lucha contra la violencia de género frente a los 200 millones a lo que se había comprometido con el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Cuestionar el modelo energético; repensar la movilidad de un país; potenciar el progreso y el crecimiento en sectores económicos bajos en carbono en detrimento de los contaminantes; promover la innovación asociada a las industrias verdes; invertir en la adaptación de sectores como la agricultura o el turismo; la gestión sostenible del medio natural, avanzar hacia una fiscalidad verde; la transparencia; la igualdad de género; la justicia social deberían ser los vectores que aseguren nuestro futuro y el de las próximas generaciones.