La defensa del espacio democrático y la capacidad de decidir de la ciudadanía es fundamental para la defensa del medio ambiente.
En 2017
207 personas
fueron asesinadas por defender el medio ambiente, en 22 países diferentes.
40.000 sanciones
relacionadas con los derechos fundamentales y las libertades públicas fueron impuestas con la Ley Mordaza en sus primeros 18 meses.
En 2015
69
de las 100 entidades económicas más grandes del mundo eran multinacionales, lo que ilustra el poder de las empresas frente a los estados.

El problema

La degradación del medio ambiente tiene de fondo un problema global: el mito del crecimiento ilimitado y un sistema sustentado en el consumo insostenible. Ello esquilma los recursos del planeta al tiempo que beneficia a quienes los explotan, en muchas ocasiones grandes corporaciones. A su vez, a menudo los gobiernos legislan a favor de estas corporaciones o hacen la vista gorda a sus malas prácticas, favoreciendo la explotación de los recursos naturales o persiguiendo a las personas que defienden la naturaleza.

Las grandes empresas se han acostumbrado a aumentar sus beneficios sin tener en cuenta el coste que sus actividades puedan tener para las personas y el medio ambiente, y sin que las víctimas tengan posibilidades de acceder a la justicia cuando se vulneran los derechos humanos o se expolian los recursos naturales y medioambientales de los que dependen. Esto sucede particularmente en países del Sur Global, donde a menudo las empresas adoptan comportamientos inaceptables ética y jurídicamente, desde imponer condiciones laborales injustas hasta la destrucción de espacios naturales valiosos, pasando por la persecución del activismo ambiental y de los pueblos indígenas.

Otra de las formas de la connivencia entre empresas y gobiernos se puede encontrar en los acuerdos de comercio e inversión. Con ellos el poder de las grandes corporaciones consolida su hegemonía, estableciendo normas y procedimientos para aumentar sus beneficios y asegurar sus inversiones, poniendo en jaque la democracia y los compromisos alcanzados en los acuerdos multilaterales como el Acuerdo de París contra el Cambio Climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La nueva oleada de acuerdos comerciales y de inversión (TTIP, TISA, CETA, JEFTA, EU-Mercosur, etc.) suponen una transferencia de poder desde los gobiernos a las grandes corporaciones.

 

Por otro lado, estamos en momentos de grandes cambios estructurales que está llevando a muchos países con tradición democrática a moverse hacia gobiernos con conductas autoritarias respecto a su población. Este tipo de gobiernos está socavando las garantías ciudadanas básicas, ya que consideran que los derechos constituyen una traba al ejercicio de sus poderes. Estamos observando cómo la voluntad de la mayoría se torna prescindible para defender los intereses nacionales frente a las amenazas y los males que supuestamente amenazan la democracia.

Es ejemplo de ello la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Esta ley fue impulsada en 2015 por el Partido Popular como respuesta a un resurgimiento de la disidencia y las protestas ciudadanas ante el creciente descontento social por su modelo de gestión basado en recortes, deterioro de las condiciones laborales, privatizaciones e inacción ante las desigualdades sociales.

En Greenpeace entendemos que la garantía de derechos y el trabajo por una democracia sana y avanzada pasa por incorporar gran parte de las reclamaciones del movimiento feminista. El ecologismo que deja fuera las cuestiones de género pierde aspectos clave, al igual que el feminismo que no tiene en cuenta las cuestiones ambientales.

La solución

No seremos capaces de conseguir victorias significativas para parar el cambio climático y proteger la biodiversidad si no abordamos la desigual relación de poder entre las empresas y la ciudadanía. Es necesario construir un espacio democrático fuerte y no oscurecido por vínculos entre grandes empresas y gobiernos.

Ello pasa por abandonar el paradigma económico actual basado en el crecimiento ilimitado, el predominio del mercado, la financiarización de la economía, la acumulación del capital y la agudización de las desigualdades sociales por cuestión de clase, género o raza/etnia.

La transparencia y acceso a la información son ejes clave para asegurar la participación y la rendición de cuentas de gobiernos y empresas. Solo teniendo acceso a la información de las instituciones podemos promover que la ciudadanía se movilice por un cambio. Para poder proteger el medioambiente y la paz es fundamental la colaboración y participación de la ciudadanía.

Además, defender la justicia social, ambiental y los derechos humanos no puede acarrear consecuencias negativas sobre las personas y organizaciones que luchan por ellos. Es fundamental la protección de las personas ante posibles represalias y vulneración de sus derechos. En cualquier lugar del planeta, los derechos fundamentales y las libertades públicas, tales como el derecho disentir, protestar, denunciar injusticias o expresar opiniones diferentes, son pilares sobre los que se asienta el equilibrio de la democracia, y son requisitos indispensables para desencadenar cambios sistemáticos.

Qué está haciendo Greenpeace

Uno de los objetivos de fondo de Greenpeace es modificar las dinámicas de poder y mejorar la calidad democrática.

Para conseguirlo, trabajamos para transformar el actual modelo de negociación de acuerdos comerciales y de inversión. En primer lugar, para que sean negociados y revisados de manera transparente y democrática; en segundo, para que tengan en cuenta los límites del planeta y contribuyan al desarrollo sostenible, la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente.

También proponemos reformar el actual régimen de rendición de cuentas de las grandes corporaciones, basado en normas voluntarias y de responsabilidad social corporativa, a través de la aprobación de un tratado vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en el marco de Naciones Unidas y leyes nacionales de Diligencia Debida. En diversas partes del mundo monitorizamos los casos de agresiones a activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.

 

Greenpeace trabaja por el pleno respeto a los derechos fundamentales, y para que la ciudadanía y la sociedad civil organizada pueda aportar a la sociedad mejoras en todos los ámbitos.

Otra de nuestras líneas de trabajo es impulsar un espacio democrático con garantías. En España seguimos trabajando junto a otras organizaciones y movimientos sociales en la plataforma No Somos Delito, con el firme objetivo de derogar la Ley Mordaza y promover otras reformas legislativas que garanticen el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Además, participamos en Poletika, presionando a los partidos políticos para que impulsen medidas que eleven la calidad democrática de nuestro país.

Asimismo, trabajamos para fomentar una conciencia colectiva que promueva el compromiso activo con el futuro del planeta y de la vida que lo habita. Una sociedad civil empoderada es un pilar básico para la construcción de una democracia en la que quepamos todos y todas.

Greenpeace forma parte de la Coalición Proacceso para alcanzar mejoras legislativas en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información que faciliten la participación ciudadana y la rendición de cuentas de gobiernos y empresas. Otro de nuestros compromisos es que Greenpeace sea lo más transparente posible, por ello promovemos los datos abiertos (opendata) en nuestras metodologías de trabajo y en nuestros informes como contribución a la ciudadanía.

También animamos a cualquier persona a denunciar malas prácticas con el medio ambiente por parte de administraciones o empresas. Para ello formamos parte de Fíltrala, una plataforma independiente de denuncia ciudadana que preserva el anonimato de quien denuncia, asegurando su protección ante posibles represalias.