Esta mañana activistas de Greenpeace han acompañado a la Dama de la Justicia hasta la ciudad suiza de Davos, lugar al que dentro de pocos días se celebrará el Foro Económico Mundial, cita obligada de las élites políticas y económicas. Y esta Dama de la Justicia en forma de estatua les ha dejado un mensaje a todos estos todopoderosos de las finanzas y la política: “Justicia para las personas y el planeta”.

© Greenpeace / Ex-Press / Flurin Bertschinger

Desde sus inicios en 1971, Greenpeace ha estado abordando multitud de problemas referidos a la agresión al medio ambiente y el daño a la salud y la calidad de vida de las personas. Y en muchos casos hemos conseguido que las empresas responsables de estos problemas asuman su responsabilidad con los problemas ocasionados.  

Pero desde hace también mucho tiempo sabemos que estamos combatiendo un problema estructural, sistémico, que hunde sus raíces en el modelo económico y en la falta de un marco legal que obligue a las empresas a asumir sus responsabilidades por el daño causado y les obligue a reparar a las víctimas. Pese a muchos avances, la degradación del planeta y las violaciones de los derechos humanos son tristemente un problema global.

Asi, nos encontramos con que muchos delitos contra el medio ambiente no son investigados. O si son investigados, no se encuentra al responsable. O si hay empresas y personas procesadas, no son condenadas. O si hay condenas, la multa o las penas de cárcel son ridículas.

¿Quién pagó la limpieza de las costas gallegas tras el vertido del Prestige? ¿Qué empresa dentro del complejo entramado del transporte internacional de petróleo se hizo responsable de daño ambiental y económico en las costas gallegas o de las consecuencias para la salud de sus habitantes? Y en el caso del vertido de lodos tóxicos tras la rotura de la balsa de la Mina de Aznalcóllar, en las proximidades del Parque Nacional de Doñana ¿donde está ahora esa gran empresa minera que cobró subvenciones públicas pero no se hizo responsable del desastre provocado?

Las graves carencias legales o la falta de aplicación de la legislación existente, los dobles estándares (hago en otro país lo que la ley no me permite hacer en el mío), la existencia de paraísos fiscales o la facilidad para evadir el pago de impuestos, los acuerdos comerciales y de inversión, etc. son algunos de los elementos que han ido tejiendo esta arquitectura de la impunidad corporativa.

Pero esta impunidad solo ha sido posible porque nuestros gobiernos han hecho la vista gorda ante muchos problemas relacionados con el daño al medio ambiente y la salud de las personas. Esta arquitectura de la impunidad se construye sobre la base de que el principio de extraterritorialidad no se aplica, y las corporaciones no tienen obligaciones vinculantes a nivel internacional y previsiones sancionadoras lo suficientemente contundentes que eviten la vulneración de los derechos. Nuestros responsables políticos han renunciado a nuestro derecho a intervenir sobre la actividad de las empresas.

Hace ya más de una década, en junio de 2002, Greenpeace publicó el informe Ten Bhopal Principles on Corporate Accountability and Liability, documento que exponía cómo las corporaciones transnacionales restan importancia a los daños ocasionados y eluden su responsabilidad. Más recientemente, en el año 2009, Greenpeace España publicó el informe “Los nuevos Conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina” donde revelaba que tras la imagen impecable que muchas multinacionales españolas despliegan en nuestro país, se esconde una realidad muy distinta cuando operan en países del Sur. En el informe exponíamos 43 casos donde empresas españolas estaban involucradas en situaciones de destrucción del medio natural, violaciones de derechos humanos y abusos laborales.

Además, el carácter voluntario de las políticas basadas en la Diligencia Debida y la responsabilidad social corporativa son claramente insuficientes a la hora de obligar a las corporaciones a rendir cuentas por las consecuencias sociales y ambientales de su actividad en cualquier contexto territorial donde estén operando.

Por este motivo, en vísperas del Foro Económico Mundial (23-25 de enero, Davos, Suiza) Greenpeace Internacional lanza el informe “Justicia para las personas y el planeta” (sumario en castellano disponible aquí) que expone a través de 21 casos el abuso y la violación reiterada de los derechos humanos por parte de las corporaciones, así como sus estrategias para sortear sus obligaciones.

El informe incluye un caso español: el Grupo Cobra, una filial del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez (Presidente del Real Madrid) puede participar en la construcción de un complejo hidroeléctrico en un río de Guatemala generando daños ambientales y violando los derechos de los pueblos indígenas, alegando que actúa en calidad de subcontrata de la empresa guatemalteca adjudicataria del proyecto. Y no pasa nada.

Este informe demuestra que en la actualidad:

• Las empresas energéticas y extractivas son conscientes de que son responsables del cambio climático y tergiversan el debate sobre este tema;
• Las grandes corporaciones no pagan a los Estados los impuestos que deberían, lo que agrava las desigualdades económicas y merma la inversión en los servicios públicos;
• Las actividades empresariales violan los derechos de las comunidades indígenas a pesar del marco legal internacional que los protege;
• Se sigue sin compensar por sus pérdidas a las víctimas de violaciones de derechos humanos o desastres medioambientales como resultado de la actividad de las empresas;
• Las grandes corporaciones pueden demandar a los Estados en tribunales de arbitraje internacionales si estos legislan a favor del interés público, esto impide que los Estados protejan eficazmente a las personas y al planeta;
• Cada vez es más frecuente que las empresas intenten silenciar a aquellos que critican sus malas prácticas corporativas interponiendo una demanda legal por difamación;
• Los Estados son incapaces de hacer cumplir los estándares relativos al medioambiente y a los derechos humanos. Igualmente incumplen su obligación de prevenir que las empresas contaminen el aire y el agua y pongan en grave peligro la vida humana.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se sigue reforzando la impunidad de las multinacionales. Hay que plantarle cara.  Por eso es necesario avanzar durante el año 2018 en la redacción y aprobación de un Tratado Internacional Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que asegure el desarrollo de normas obligatorias que rompan el desequilibrio actual.