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Gobierno y cambio climático: muchas promesas y poco presupuesto

El presupuesto en medio ambiente se ha reducido en un 56,5% desde 2008: cuestiones como el cambio climático no cuentan para el Gobierno

El cambio climático es el principal desafío ambiental al que nos enfrentamos en este siglo XXI. De lo que seamos capaces de hacer en los próximos años dependerá el futuro de nuestro planeta. Es necesario actuar con urgencia y trazar una hoja de ruta para cumplir lo firmado en el Acuerdo de París y así poder evitar un aumento de la temperatura media del planeta superior a 1,5 ºC. Los Gobiernos de los países tienen que comenzar a tomar medidas urgentes.

El Gobierno español parece que ha incorporado en la legislatura el trabajo contra el cambio climático como una de sus prioridades y en el plan normativo presentado para 2018, tres de las nueve leyes entre la que se incluye la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pretende abordar el tema, sin embargo las políticas que se están implementando y su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado llevan a pensar todo lo contrario.

Si se hace un análisis sobre la evolución de los presupuestos de los programas destinados a actuaciones ambientales y agua –que desde 2012 se gestionan desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente– se puede ver que han sufrido severos recortes. Algunos elementos clave para ver esta evolución:

Los programas en su conjunto han visto reducido su presupuesto un 56,5% si comparamos con el 2008, año en el que las actuaciones de protección del medio ambiente contaban con la mayor partida presupuestaria y existía un Ministerio específico de Medio Ambiente.

- Con el comienzo de la crisis (a partir del año 2008) el gasto público se reduce paulatinamente. Si se compara el presupuesto destinado a medio ambiente en el año 2012, con el presupuesto de 2018, se puede ver que este último es incluso un 2% menor.

-El ligero aumento presupuestario experimentado en los años 2015 y 2016 sufrió un recorte de más del 15% en el año 2017, a pesar de que en 2018 ha vuelto a experimentar una tímida recuperación de cerca del 3%.

Fuente: PGE. Años 2008-2018. Programas 456A, 456B, 456C, 456D, 456M, 452A, 452M.
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- En 2018 el programa que más ha incrementado su presupuesto  es el de infraestructura del agua, con un aumento de 30,32 millones, lo que implica un aumento del 2,5% con respecto a 2017. El presupuesto de la Oficina de Cambio Climático se ha reducido un 20,8% ya que la partida de actuación climática sobre residuos, que en 2017 estaba asignaba a esta Oficina, este año se integra en el programa de Gestión de Medio Ambiente gestionado por la Dirección General de Evaluación y Calidad  Ambiental.

La escabechina al presupuesto de la Oficina de Cambio Climático

El programa de Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha sufrido un considerable recorte presupuestario, algo muy grave teniendo en cuenta que aquí se encuentra la partida presupuestaria destinada a la Oficina de Cambio Climático y que aborda la formulación de políticas de calidad ambiental, la prevención de la contaminación y el cambio climático, la evaluación ambiental, así como el fomento de hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles.

En el gráfico se puede ver cómo desde el año 2008 hasta la actualidad (2018), ha habido un recorte del 86,7% si se compara con el 2009, año en el que contaba con mayor presupuesto, y del 58,5% si se compara con 2012. 

Fuente: PGE 2018. Años 2008-2018. Programa 456M.
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Donde más recortes ha sufrido el programa en los últimos dos años ha sido en la Oficina Española de Cambio Climático (OECC): 23,21 millones en 2017 y 5,52 millones en 2018. Esta institución deja de tener control sobre las inversiones destinadas al plan de actuación prioritario en agua, costas, biodiversidad y residuos que, aunque no desaparecen, quedan dispersas en varios programas. La OECC además de perder el control sobre estas inversiones tiene que transferir parte de su presupuesto a comunidades autónomas, lo que dificulta el proceso de rendición de cuentas de este organismo.