Los problemas sociales van de la mano de los problemas ambientales

Las políticas energéticas injustas derivan en problemas sociales: es necesario abordar el problema con visión global

Los PGE son fundamentales para garantizar los servicios públicos y combatir graves problemas sociales, sin embargo, las partidas destinadas a políticas sociales en los últimos diez años se han reducido de manera progresiva y están aún lejos de alcanzar los niveles de gasto público que existían antes del comienzo de la crisis en 2008, pues el gasto público destinado a educación, sanidad y cultura en los PGE se ha reducido en estos años en más de un 30%.

Así, los fondos actuales no alcanzan a dar respuesta a las crecientes necesidades de millones de personas, que se han empobrecido y han perdido poder adquisitivo durante los últimos años. El 27,9% de la población española (12,9 millones personas) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social según los datos del último informe 2017 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

La pobreza energética es una de las muchas caras de la pobreza pero también es un síntoma de las disfunciones de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como un bien de primera necesidad. Con la crisis económica, el incremento del precio de los suministros básicos (y especialmente de la parte fija del recibo de la luz) junto con la poca eficiencia energética de las edificaciones, se ha hecho más visible el efecto de la política energética del Gobierno que ha primado los ingresos de las eléctricas frente al derecho ciudadano a la salud y el acceso a la energía limpia y asequible. El resultado es que en el 2014 (último año del que existen datos) más de un 11% de la población española -alrededor de 5,1 millones de personas- no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío. Las mujeres son, además, más vulnerables a la pobreza energética.

En 2016, para abordar esta problemática, el Estado reformó el bono social, cuyo coste es asumido en su mayor parte por las compañías eléctricas (que luego lo trasladan a la factura eléctrica). Aunque la reciente modificación, avanza en algunos aspectos como la inclusión del concepto de renta, sigue sin abordar la raíz del problema, es decir cómo erradicar -no solamente paliar- la pobreza energética. Una muestra más de que los problemas sociales están estrechamente vinculados a los problemas medioambientales, ya que la mala política energética del Gobierno tiene un grave impacto en el medio ambiente.

Además el bono social ni siquiera asume la totalidad de la factura de los hogares afectados, excepto en el caso de personas vulnerables, donde el coste que no asumen las eléctricas es sufragado por los servicios sociales de las administraciones locales (comunidades autónomas y ayuntamientos) y sus correspondientes recursos y presupuestos, sin que se haya producido ningún aumento por parte del Estado de esta partida.

Por el contrario el presupuesto que destina el Estado a Servicios sociales y promoción social (IGAE, ejecución presupuestaria 2018. Pertenece al bloque 2. Actuaciones de Protección y promoción social)  ha sufrido durante estos últimos años un gran recorte, tal y como recoge el gráfico. Actualmente, se destina un 63% de lo que se dedicaba hace 10 años, lo que supone una reducción del 37%.