Mucho ruido y pocas nueces en política de género
Durante muchos años un tema olvidado, las políticas de género deben ser una prioridad para el Gobierno si quiere que el país progrese
Desde Greenpeace se considera fundamental tener en cuenta la perspectiva de género para asegurar un mundo más justo y equitativo. Por este motivo, se analiza la incorporación efectiva de esta cuestión en los Presupuestos Generales del Estado.
Los PGE pueden parecer "neutros" al género. Sin embargo, dado que determinan dónde se pone el foco económico de las prioridades políticas, no puede haber tal neutralidad o "ceguera". Por ello, los presupuestos con enfoque de género, deben analizar el impacto diferenciado sobre mujeres y hombres para detectar y abordar desigualdades. Tal y como recoge la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (artículo 15 "es de obligado cumplimiento integrar el principio de igualdad en la presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades").
El impacto de género está recogido en los presupuestos desde el año 2011 que se elabora una memoria que incorpora medidas –recogidas también en el Plan Estratégico de Oportunidades (PEIO) de 2014-2016– como la perspectiva de género, la conciliación y corresponsabilidad, el principio de igualdad, de trato y de oportunidades, la formación en igualdad y prevención de violencia de género, también incluye datos desagregados por sexo e indicadores de productividad y de presencia equilibrada.
Analizada la Memoria de impacto de género 2018, se constata que únicamente 109 programas (sobre un total de 218) gestionados por los distintos departamentos ministeriales tienen impacto de género. Solo cinco de ellos coinciden con los que han sido analizados para esta valoración: cuatro son de investigación, desarrollo e innovación (Investigación Sanitaria; Oceanográfica y pesquera; Geológico-minera y medioambiental; y Energética, medioambiental y tecnológica) y el otro es el programa Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Ninguno de ellos incluye en su descripción del programa de 2018 indicadores de seguimiento desglosados por sexo, ni indicadores que incorporen la perspectiva de género.
En relación con el programa analizado vinculado al carbón, desde el año 2006 –vigente el Plan del Carbón 2006-2012– se incluyen medidas de discriminación positiva para incentivar la creación de empleo femenino. Posteriormente, se aprobaron dos órdenes de bases para el desarrollo de proyectos empresariales que recogen el apoyo a la generación de empleo femenino, en la concesión de las ayudas con el vigente Plan de cierre de la minería de carbón en España para el período 2013-2018. En la Memoria de impacto de género 2018 en el apartado del programa se identifican dos medidas dirigidas a incentivar el empleo femenino y a apoyar a las mujeres emprendedoras, aunque los datos sobre empleo femenino que aparecen corresponden al año 2011.
En este sentido, los distintos testimonios de mujeres de las cuencas mineras –que han colaborado con Greenpeace en diversos encuentros y ponencias– señalan que llevan años expuestas a la realidad de que la minería del carbón se caracteriza por un alto nivel de masculinización y que esto –junto con el reducido número de alternativas económicas que se encuentran en las comarcas mineras– conlleva que las mujeres tengan muy pocas opciones laborales y se enfrenten desde situaciones muy desiguales a la hora de abordar la transición.
Por último, señalar que el Congreso de los Diputados aprobó en el año 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y el Gobierno se comprometió a destinar al mismo 200 millones de euros durante el año 2018. Sin embargo, ha recibido duras críticas por incluir solamente 80 millones de euros en los PGE 2018 presentados recientemente. Además, en el análisis de los programas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2018, solo aparecen claramente especificados 39 millones de euros que es el total del presupuesto del programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, ya existente años anteriores.