Propuestas de Greenpeace
El análisis de los Presupuestos realizado por Greenpeace muestra que los esfuerzos para frenar el cambio climático y acabar con las desigualdades sociales no son prioritarios para el Gobierno
La transición ecológica de la economía española debe situar el trabajo para frenar el Cambio Climático como la palanca de cambio y como el eje en el que se articulen las políticas y partidas presupuestarias, por lo que debe haber un replanteamiento sustancial de la Ley de Presupuestos y sus contenidos.
Para ello, Greenpeace realiza las siguientes propuestas:
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Potenciar una fiscalidad ambiental con una recaudación como mínimo del nivel de la media europea (2,5% del PIB) y que priorice el principio de “quien contamina paga”. Sus fondos deberían destinarse a la mejora del medioambiente, al trabajo contra el cambio climático, al impulso de la transición energética y la movilidad sostenible, y a acabar con la pobreza energética.
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Reformar la fiscalidad energética-medioambiental y de los peajes de la factura energética para que se graven las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones contaminantes (SO2, NOx, partículas), las emisiones de radiactividad, se eleve la fiscalidad del diésel, se eliminen los beneficios fiscales a los combustibles fósiles, se impute el riesgo nuclear a quien lo genera y se penalice el derroche de energía en todos los sectores.
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Auditar todos los costes de los sistemas energéticos (incluido eléctrico y gasista) para identificar qué costes están realmente justificados y cuáles no, y determinar a quién corresponde sufragarlos en cada caso (si vía impuestos a través de los PGE o mediante el consumo a través de los peajes en las facturas eléctricas y gasistas).
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Abordar la transición justa del carbón de manera efectiva, aumentando la transparencia y el control administrativo de los fondos destinados a la transición de las cuencas mineras y creando un equipo experto e independiente que se centre en garantizar una transición justa y sostenible (no solo del carbón) para las personas trabajadoras y las comunidades afectadas.
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Aumentar la inversión en innovación tecnológica para favorecer el desarrollo de las energías renovables, el almacenamiento de energía, la electrificación, la inteligencia y la eficiencia. Así como eliminar las trabas burocráticas que impiden en ocasiones el gasto de este presupuesto.
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Fomentar la electrificación del transporte y el uso público y compartido de vehículos eléctricos aprobando fondos para impulsar la electrificación de los sistemas de transporte público colectivos, y promover la movilidad sostenible a todos los niveles territoriales.
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Recuperar la inversión previa a la crisis en las actuaciones ambientales priorizando el presupuesto en una gestión forestal adecuada para la prevención de los incendios, la protección de los sistemas litorales, la custodia del territorio y la restauración ambiental, las políticas de “residuo cero” y de apoyo a la economía circular y la calidad del agua, frente a la inversión en grandes infraestructuras.
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Destinar una partida presupuestaria específica para apoyar la transición del sector agrícola convencional hacia la producción ecológica, también en el ámbito de la ganadería y asignar una partida presupuestaria clara a la Estrategia de producción ecológica 2018-2020, que permita garantizar un correcto desarrollo de la misma.
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Frenar el incremento presupuestario destinado a Defensa y establecer mecanismos de transparencia vinculados a la inversión en este sector y evitar el aumento de los presupuestos a lo largo del año mediante la aprobación, fuera del Congreso, de Planes Especiales de Armamento.
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Ampliar las partidas presupuestarias destinadas a políticas públicas que aseguren el acceso a los servicios básicos, tales como sanidad y educación de calidad, volviendo -como mínimo- a los niveles de gasto previos al inicio de la crisis. Incluir un programa específico que contemple partidas presupuestarias destinadas a acabar con la pobreza energética y asegurar los suministros básicos a todos los hogares.
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Garantizar la accesibilidad y transparencia de los Presupuestos mediante su publicación en formatos abiertos y estructurados. Agrupar de una manera inconfundible las partidas presupuestarias de una misma materia para que se pueda tener una información más precisa del presupuesto y pueda ser comparable su evolución de un año a otro.
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Incorporar la perspectiva de género en todos los programas de los Ministerios, analizando el impacto diferenciado sobre mujeres y hombres e incorporando indicadores específicos en la Memoria de Género. Cumplimiento por parte del Gobierno del compromiso adquirido con el Pacto de Estado de Violencia de Género, de destinar 200 millones de euros a la lucha contra la violencia de género.