Agua: una gestión del siglo XX para retos del siglo XXI 

El presupuesto se dedica principalmente a infraestructuras y se abandona la gestión sostenible del agua

En una situación de escasez de agua y frecuentes sequías en buena parte del territorio es necesario gestionar el agua desde la máxima eficiencia para que las necesidades de abastecimiento de la población sean compatibles con la protección de la biodiversidad y un mejor estado de conservación de los ecosistemas acuáticos. Estos ecosistemas son los más afectados por los impactos de la sequía, que producen un cambio en la calidad y cantidad del agua.

La política estatal de gestión del agua se ha basado en la oferta ilimitada y en la construcción de embalses, trasvases, canalizaciones y grandes obras hidráulicas. El problema principal es que a pesar de tener un gran número de infraestructuras hidráulicas, España no ha logrado solucionar el tema del abastecimiento en los periodos de sequía. Es vital cambiar la visión errónea de que el agua es un recurso limitado y las políticas públicas deben ir dirigidas al ahorro, la prevención de la contaminación y la mejora de los sistemas de depuración de los cauces de los ríos.

Los tres programas presentes en los PGE vinculados al agua –todos ellos supervisados por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente– se centran en la gestión e infraestructuras;  la calidad, y la normativa y los recursos hídricos.

La mayor partida se dirige a la Gestión e Infraestructuras del Agua, destinada a garantizar el abastecimiento y la regulación de los caudales en el marco de los planes hidrológicos de cuenca, aprobados pese al retraso existente en la pasada legislatura, que es el que cuenta con mayor presupuesto (1.199,21 millones de euros para 2018). En segundo lugar se encuentra el programa de Calidad del Agua (para mejorar la depuración y la calidad de las masas de agua) con 182,12 millones de euros. Al tercer programa, el relativo a la Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos, se destinan 69,61 millones de euros que van a la Sociedades Estatales del Agua.

Un análisis comparativo de la evolución de los presupuestos pone de relieve que el mayor recorte se ha realizado en el programa de Calidad del Agua, que en la última década ha visto reducido su presupuesto en un 67,2%. Solamente entre 2017 y 2018 el recorte ha sido del 3,2%. En cuanto al programa de Gestión e Infraestructuras del Agua, la reducción ha sido “solo” de un 45% desde el 2008 hasta la actualidad, y del año pasado al presente año el presupuesto del programa se ha incrementado en un 2,5%, principalmente por el aumento en los Gastos de Personal, y también en las Transferencias de Capital a Comunidades Autónomas, por ejemplo el presupuesto del Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para el desarrollo de actuaciones en materia de agua se ha triplicado, y actualmente es de 40 millones, frente a los 13 del año pasado. Por este motivo, el total de la Dirección General del Agua suma 335 millones en 2018, frente a los 323 millones de 2017. Asimismo, el total de la mancomunidad de los Canales del Taibilla ha aumentado a 207 millones este año, frente a los 190 millones del 2017.

Durante el año 2017 se han llevado a cabo planes como: el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas, el Plan Nacional de Reutilización de Aguas y los Planes Hidrológicos de Demarcación. Estos últimos suponen un auténtico desastre pues en conjunto incluyen demandas para la ampliación en más de 700.000 hectáreas de regadío (ya sobredimensionado); la construcción de nuevos embalses; una deficiente política contra la contaminación y la falta de mantenimiento de caudales ecológicos.

En la propuesta de PGE 2018, para Gestión e Infraestructuras del Agua, hay previsto presupuesto para Actuaciones de infraestructura Hidráulica en las cuencas del Guadiana, del Ebro, del Duero y en la del Segura (entre otras) hasta el año 2021. En lo que respecta a Calidad del Agua, hay inversiones previstas para el Plan Nacional de Calidad de Aguas (hasta el 2021) y para temas de saneamiento y depuración vinculados al Plan CRECE.

Es fundamental que los programas destinados al agua dispongan de un presupuesto que vaya en aumento y no en retroceso, incluyan políticas integrales, y contemplen planes específicos, por ejemplo el Plan de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND, vigente hasta el 2020) que estén dotados de medidas y partidas presupuestarias concretas (en el Anexo de inversiones reales y programación plurianual de la Dirección General del Agua de los PGE 2018 no aparece especificada asignación presupuestaria al PAND), así como que garanticen el correcto desarrollo del Pacto Nacional del Agua, que persigue garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad suficiente, y asegurar la protección del medio ambiente, con menos inversiones en infraestructuras innecesarias.