Sin transición energética a la vista

España sigue anclada en el pasado y apuesta por subvencionar los combustibles fósiles y perder el tren del progreso que ofrecen las renovables

Las políticas energéticas del Gobierno a favor de  las energías más sucias y peligrosas tienen su reflejo también en los Presupuestos Generales del Estado, más centrados en mantener el modelo energético actual y en continuar subvencionando a los combustibles fósiles que en favorecer la transición hacia un modelo energético 100% renovable, inteligente, eficiente y en manos de la ciudadanía.

Los costes del sistema eléctrico

La política de gastos de Industria y Energía de los PGE es un reflejo del objetivo de la Ley del Sector Eléctrico -cuya prioridad es cubrir los costes (sin cuestionarlos) de un sistema eléctrico que no internaliza los costes ambientales y sociales- dejando a un lado las políticas para acompañar y guiar la transición energética.

Así Industria y Energía cuenta en 2018 con un presupuesto de 5.768 millones de euros (un aumento del 6,2 % respecto al año pasado) del que el 65% (3.750 millones ) se destina a financiar parcialmente los costes del sistema eléctrico. Para financiarlos se utilizan los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (369 millones) y los ingresos tributarios derivados de las medidas fiscales para la sostenibilidad energética (2.654 millones), donde la mayoría se recauda a través de la factura eléctrica. De esta suma también se destinan 687 millones para compensar el sobrecoste en la generación eléctrica en los territorios extra peninsulares, que en la actualidad representa una subvención a las ineficientes centrales térmicas de estos territorios.  

Este año se consigna una nueva partida dentro de los costes del sistema de 40 millones de euros para compensar la reducción de ingresos en el sistema eléctrico debido a  la eliminación del peaje 6.1.b a las industrias, principalmente de la cornisa Cantábrica y País Vasco. La eliminación de este peaje hace que se reduzca el coste de su factura eléctrica y este dinero que se deja de percibir para cubrir los costes del sistema tiene que ser compensando por el Estado. La eliminación de este peaje representa una subvención encubierta a estas industrias y en la actualidad está investigada por Bruselas.

Presupuesto para políticas de gasto de Industria y Energía 2018

Fuente: PGE 2018 y elaboración propia. • Licencia: Creative Commons  • Descarga hoja de cálculo

El resto del presupuesto de Industria y Energía se reparte de la siguiente forma: un 15% al programa de reconversión e industrialización (871,45 millones de euros), un 0,8% a seguridad nuclear y protección radiológica (46,88 millones de euros) y un 5,7% (327,89 millones de euros) explotación minera y transición del carbón.

El presupuesto para impulsar la transición energética representa tan solo un 6 % del total:  300 millones de euros para fomentar la eficiencia energética y las energías renovables –esta partida que se ha incorporado a los presupuestos este año procede de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)– 66,6 millones de euros para promover la movilidad sostenible con diversos planes que también esconden ayudas a combustibles fósiles como el gas natural.

Subvenciones a las industrias para seguir contaminando

El dinero dedicado a las políticas de gasto en Industria y Energía no va orientado a que la industria aumente su competitividad al reducir su consumo energético y cubrir su demanda con energías renovables y autoconsumo, sino que sigue el camino contrario: evitar que este sector asuma tanto el coste del CO2 que se emite como el incentivo a las renovables para generar la electricidad que consumen.

Así dentro del programa de desarrollo industrial (54 millones) -que ha incrementado su presupuesto en 114,3% este año- El Gobierno destina seis millones de euros a compensar a determinadas industrias (metalúrgicas, papeleras, de fertilizantes, del plástico, del cuero, etc.) por los costes indirectos de CO2: una subvención para reducir sus gastos y evitar que asuman el coste de las emisiones de CO2 que genera su consumo de electricidad.

Hay más ejemplos, como los 150 millones de euros que percibirá la industria que más electricidad consume para su producción (electrointensiva) como “compensación por determinados costes adicionales derivados del uso de la energía eléctrica”.

Falta de planificación de una transición justa del carbón

A pesar de los diversos planes y ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón para garantizar una transición justa para las comarcas mineras, España es, hoy en día, el único país de Europa occidental que aún no tiene planes para el abandono progresivo del carbón.

El último plan vigente (Plan de Cierre de la minería de carbón 2013-2021) aprobado por Europa especifica  una cuantía de ayudas anuales estatales para España cuyo importe total asciende a 2.128,5 millones de euros y que para 2018 fija en 125,4 millones.

Si se analizan los PGE, el dinero dedicado a la transición del carbón excede la cifra aprobada por Europa en 2018. Así el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras cuenta con unos recursos de 282 millones de euros -incluidos dentro del programa de Explotación Minera- para ayudas laborales (bajas indemnizadas de carácter voluntario y prejubilaciones) y ayudas a los costes de explotación de empresas en proceso de cierre. Además, los presupuestos destinan 32,2 millones de ayudas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras y 40 millones para creación de infraestructuras en las comarcas mineras, aunque esta inversión no ofrezca garantías para una transición justa del carbón.

A esto se une una partida de 21,3 millones (Disposición Adicional Nonagésimo Octava del Proyecto Ley PGE 2018 ) para actuaciones adicionales de proyectos de los sucesivos planes sectoriales del carbón que se encuentren pendientes de liquidación.

Es necesario aumentar la transparencia y el control administrativo de los Fondos destinados a la transición de las cuencas mineras y sobre todo garantizar que los programas sean efectivos. A pesar de las grandes sumas destinadas las comarcas aún no disponen de empleo alternativo frente al inevitable cierre del carbón.

Sin embargo, en el Gobierno no existe ninguna actitud determinante para crear alternativas y abordar el abandono progresivo y justo del carbón. Por el contrario, las políticas que está llevando a cabo el Ministerio de Energía van en la dirección contraria, y trata de buscar soluciones legislativas que impidan su cierre. Además, el proyecto de  los PGE continúa promoviendo mecanismos de apoyo al carbón como los diez millones de euros que destina para la reducción de emisiones medioambientales en las centrales térmicas. Europa tiene actualmente abierta una investigación por las ayudas dadas en el pasado a 14 térmicas de carbón para el cumplimiento de las emisiones de óxido de azufre, ya que atentan contra el principio de «quien contamina, paga» y  confieren a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal.

Sin voluntad de invertir en investigación tecnológica

Para avanzar en el camino de la transición energética hacia un modelo eficiente, inteligente y 100% renovable es necesario invertir en innovación tecnológica para favorecer el desarrollo de las energías renovables, el almacenamiento de energía, la electrificación y la inteligencia y eficiencia.

Sin embargo el programa I+D+i en materia medioambiental, energética y tecnológica, gestionado por la Secretaría de Estado de I+D+i, ha sufrido en estos diez años un recorte de un 19% (tomando 2008 como referencia). Para este año se ha producido una mínima subida de un 7,8% si se toma 2012 como referencia, año en el que empezaron los grandes recortes.

En 2018 el presupuesto total de I+D+i ha experimentado un aumento del 8,3%. La mayor subida ha sido para los programas de investigación tecnológica industrial (91,9%) y defensa (54,7%). El programa destinado a la investigación energética y medioambiental, que representa solo el 1,3% del total de la inversión, ha subido un 3,1% si se compara con 2017.

Esto unido a que el presupuesto que se aprueba en I+D+i siempre es menor que el que finalmente se ejecuta, refleja una falta de voluntad política para apostar por esta trascendental cuestión. Hay casos incluso donde la burocracia ha hecho que se tenga prescindir de dinero europeo para investigación y desarrollo como la Plataforma Solar de Almería (PSA).

Nota: La valoración de este capítulo se ha elaborado con la información de los programas 421N, 421M, 423M, 423N, 424M, 425A, 457M del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, los programas 422B, 422M, 421O, 425A, 467H del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el programa 422A del Ministerio de Hacienda y la Disposición Adicional Nonagésima Octava del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018