Todos los días, en cada rincón del planeta, personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente se enfrentan a la vigilancia, criminalización, amenazas, hostigamiento, arrestos arbitrarios y la violencia por parte de gobiernos y empresas. Las organizaciones civiles a las que pertenecen son acusadas de terroristas y de formar parte de mafias organizadas. Las empresas denuncian a los activistas y sus organizaciones con demandas multimillonarias para obligarles a entablar largos y costosos procesos judiciales en su defensa. El activismo social y ambiental se persigue, y en algunas partes del mundo de manera feroz.

Estas personas defensoras de la vida y del planeta son también asesinadas. Por defender sus derechos y defender nuestro planeta. La organización Global Witness ha puesto el dedo en la llaga en su último informe ¿A qué precio?, que recoge el asesinato durante el pasado año 2017 de, al menos, 207 personas en todo el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente. 207 son los casos conocidos que han podido documentarse, pero esta ONG considera que la cifra real de asesinatos es seguramente mayor.

En este contexto, el juicio por la muerte de Berta Cáceres que comienza en Tegucigalpa (Honduras) el próximo 17 de septiembre es mucho más que el juicio a un caso aislado. Es un juicio que trasciende a la situación en Honduras y que apunta de lleno a otros muchos conflictos de intereses entre gobiernos y empresas, a impunidad de las grandes empresas que hacen y deshacen incumpliendo la ley, a la corrupción en el sistema judicial, a las entidades financieras internacionales que las financian y a los gobiernos que se inhiben y miran para otro lado.

En la noche del 2 de marzo de 2016 varios sicarios entraron en la casa de Berta Cáceres Zúñiga, asesinando a la líder indígena e hiriendo de gravedad al activista ambiental mexicano Gustavo Castro Soto. Transcurridos más de dos años, el próximo lunes 17 de septiembre comienza el juicio contra 8 personas acusadas de ejecutar y planificar el crimen. Los actores intelectuales, de momento, no serán juzgados.

Berta Cáceres era una mujer defensora de los derechos del pueblo Lenca y encabezaba la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, proyecto aprobado en 2013 y que pone en riesgo la supervivencia de estas comunidades Lenca. Berta y su organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) eran los principales opositores a esta infraestructura. Por eso antes habían matado a otros compañeros, por eso mataron a Berta Cáceres, por eso continúa todavía hoy la criminalización y el hostigamiento a los miembros de COPINH.

Los sicarios contratados para matar a Berta y de intentar matar a Gustavo fueron detenidos a los pocos meses. Posteriormente han sido detenidos algunos responsables de la planificación del crimen. Pero ante la falta de avances en el proceso judicial, en noviembre de 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) hizo público un informe donde relataba los resultados del análisis de los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los teléfonos de las personas imputadas. El informe concluía que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres había comenzado ya en noviembre de 2015. Además, el análisis de GAIPE concluye que tanto la empresa encargada de la seguridad del proyecto, contratada por la empresa constructora del proyecto hidroelectrico (DESA, Desarrollos Energéticos S.A.), como las autoridades hondureñas y las entidades financiadoras jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.

El juicio de Berta podría ser un punto de inflexión. Su juicio puede visibilizar al resto de mujeres y hombres que están viviendo una situación parecida a la que vivió Berta antes de que la mataran. Durante este mismo año de 2018, Greenpeace ha denunciado el encarcelamiento de Bernardo Caal Xol, activista del pueblo Q’eqchi’ que se ha destacado por liderar el movimiento de rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos en varios ríos guatemaltecos, entre ellos al que afecta al río Cahabón, afectado por el complejo RENACE. En este proyecto participa en calidad de subcontratista la empresa española Grupo Cobra, del Grupo ACS, la empresa de Florentino Pérez.

La causa de Berta es ya la causa de los que sufren el problema de la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas, así como de las medidas de protección para las personas defensoras del medioambiente.

Por eso reclamar Justicia para Berta Cáceres, es reclamar un marco internacional que impida que las defensoras del medio ambiente tengan que pagar con su vida. Este y otros crímenes no pueden quedar impunes. En este sentido, urge la aprobación por parte de Naciones Unidas de un marco jurídico vinculante sobre empresas y derechos humanos que evite situaciones como las que se están viviendo en numerosos países donde las empresas constructoras actúan con total impunidad.

Tras la adopción en 2011 de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Comisión Europea solicitó a todos los estados miembros la introducción de medidas que implementasen a nivel nacional estos principios. En este contexto, hace ahora un año, un grupo de organizaciones entre las que estaba Greenpeace demandaron al gobierno español la elaboración de un proyecto de ley con obligaciones detalladas en materia de respeto de derechos humanos que ostentan las empresas domiciliadas en territorio español, en el marco de sus operaciones en España y en terceros países. Es decir, una ley de Diligencia Debida Empresarial siguiendo el modelo aprobado en el parlamento francés.

Desde la alegría y felicidad con que luchó Berta, hoy nos toca a nosotros seguir diciendo que Berta vive y que no vamos a cesar en poner en primer plano la defensa del planeta y las personas, por delante de los intereses económicos de las empresas. Queremos Justicia para Berta, porque es pedir justicia para el planeta.