Greenpeace recibe el Premio Regional de Medio Ambiente 2019 de Castilla-La Mancha por su trabajo de oposición al cementerio nuclear en Cuenca

05-06-2019

  • Este reconocimiento ha de ser compartido con la Plataforma contra el Cementerio Nuclear y con Ecologistas en Acción por el trabajo conjunto realizado durante años
  • Greenpeace considera que el cierre nuclear es una oportunidad para el empleo y la economía, al tiempo que puede y debe favorecer el empleo sostenible y justo y la economía local
  • Greenpeace pide que el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos exija a las eléctricas la total financiación de la gestión de sus residuos

Greenpeace ha recibido el Premio Regional de Medio Ambiente 2019 de Castilla-La Mancha por su trabajo relativo al proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) en Villar de Cañas, Cuenca.

El trabajo realizado por Greenpeace, desde que el 30 de diciembre de 2011 el Gobierno de España decidiera que la ubicación del Cementerio Nuclear sería en Villar de Cañas, ha sido llevado a cabo con los esfuerzos conjuntos de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear y Ecologistas en Acción, y no se puede entender ningún reconocimiento que no incluya a estas partes, o de otros colectivos y personas que han sumado sus esfuerzos en esta tarea.

El premio entregado por el Presidente, D. Emiliano García-Page, en el Gran Teatro de Manzanares (Ciudad Real), es un reconocimiento público y social, de carácter honorífico, sin dotación presupuestaria específica, no existiendo por lo tanto una compensación económica.

Lucha histórica contra el cementerio nuclear

Greenpeace rechazó públicamente desde el primer momento el proyecto debido al derroche y al riesgo innecesario. En mayo de 2012 activistas de Greenpeace desplegaron una pancarta en el puente de las casas colgadas de Cuenca, y en octubre de 2012, junto con Ecologistas en Acción y Ayuntamientos conquenses recurrimos ante el Tribunal Supremo contra la designación de Villar de Cañas por no existir evaluación de impacto ambiental ni una valoración técnica real para elegir esta localidad conquense, asunto que a día de hoy sigue sin existir.

En abril de 2013 denunciamos a Enresa por ignorar las nuevas recomendaciones de seguridad nuclear en el diseño del ATC, riesgos del impacto de avión, inundaciones (tales como las que se produjeron tras las intensas lluvias y el desbordamiento del cauce del río Zanacara a su paso por Villar de Cañas), así como los sucesos producidos por el hombre en sus inmediaciones. A ello se sumaba el riesgo geomorfológico, reconocido por ENRESA en el pliego de condiciones para la licitación de las obras del ATC no era el único, el 24 de febrero de 2015 un terremoto de Ossa de Montiel, dió la razón a Greenpeace al denunciar que el Estudio de Impacto Ambiental del cementerio nuclear, en Cuenca, no prevé un estudio sismológico.

En julio de 2015 comenzaba una campaña sobre los peligros que conllevarían los transportes nucleares al ATC y el alcance del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales iniciado por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Denunciamos que 217 municipios estarían amenazados por los transportes radiactivos al cementerio nuclear, y Greenpeace presentaba su informe “El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios”, el 18 de septiembre de 2015 activistas de Greenpeace llevaban bidones “radiactivos” a la Puerta del Sol para advertir sobre los riesgos de transportar residuos nucleares. Con esta acción en el kilómetro cero, Greenpeace quería presentar el peligro que supone la ruta nuclear.

El 12 de noviembre de 2015 celebramos la anulación del Plan de Ordenación del municipio en el que se ubicaría el ATC. La decisión del Gobierno de Castilla La Mancha imposibilitaba la realización del cementerio nuclear. Los informes que el CSN se había visto obligado a publicar, forzado por Transparencia Internacional y el Consejo de Transparencia, revelaban problemas sobre los terrenos del emplazamiento.

En octubre de 2016 Greenpeace presentaba el informe “El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social“, donde se pone de manifiesto que el impacto económico de las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes supondrá la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 empleos a la instalación de nueva potencia renovable. Además, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros. Greenpeace alertaba que las eléctricas apenas han cubierto el 30% del fondo para la gestión de los residuos nucleares nucleares.

La posición de Greenpeace frente a la energía nuclear

Greenpeace considera que el cierre nuclear es una oportunidad para el empleo y la economía, al tiempo que puede y debe favorecer el empleo sostenible y justo y la economía local. El desarrollo de planes de inversión local, la transición energética prioritaria en estas comarcas, junto con el cierre nuclear, son una oportunidad única, y Castilla La Mancha no debe perder esta oportunidad.

La organización ecologista exige que los costes de los residuos radiactivos, y de los riesgos de accidente, los deben pagar las empresas, no la sociedad. El nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos debe asegurar este precepto de justicia intergeneracional.

El problema de los residuos radiactivos no termina por no construir un cementerio nuclear en Cuenca, mientras en centrales nucleares como la de Trillo en Guadalajara, o las del resto del Estado español sigan operativas, el problema no tendrá fin.

Greenpeace propone un análisis técnico que contemple todas las alternativas relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos atendiendo a los principios básicos de máxima seguridad con las mejores tecnologías disponibles. Que minimicen el riesgo de accidentes, que se mantenga control sobre los depósitos de los residuos y que sean recuperables. Un análisis económico y financiero que asegure el respeto del principio de justicia intergeneracional, según el cual las generaciones que utilizan la energía nuclear tienen la obligación de preservar los recursos científicos, técnicos y financieros necesarios para que las futuras generaciones puedan llevar a cabo la fase decisiva de desmantelamiento de las instalaciones nucleares, recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Y tras todo ello, que se contemple la participación pública una vez informada de manera transparente y con toda la información disponible en materia de seguridad y económica, como un elemento imprescindible de cara a que las alternativas sean seguras, viables y socialmente apoyadas.


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