Un informe de Greenpeace acredita la necesidad de recortar regadíos y destaca Andalucía como la comunidad con más regadíos en zonas tensionadas

Tenemos agua escasa, contaminada y mal gestionada, algo que no nos podemos permitir y cada vez menos. Por eso, dentro de su campaña “Salvar el Agua”, Greenpeace ha presentado hoy el informe “La burbuja del regadío en España” con datos que alertan sobre la insostenibilidad del regadío en el país. En poco más de una década, las reservas de agua superficiales han bajado unos 10 puntos porcentuales de media y seguirá disminuyendo, según apunta la ciencia, por los efectos del cambio climático. La fuente alternativa no pueden ser solo las aguas subterráneas, puesto que el 44 % ya están en mal estado y, las que quedan servibles, deben ser reservas de agua extremadamente bien gestionadas y controladas para el futuro. Por lo tanto, solo queda reducir el consumo. Teniendo en cuenta que casi el 80 % del consumo va a regadío, parece evidente que es el primer sector con un recorte necesario.

El caso de Andalucía

Es la comunidad autónoma de España con mayor extensión de zonas tensionadas para el regadío en términos absolutos, casi 140.000 hectáreas. En términos relativos esto significa casi un 17,8% de todos sus regadíos. Las zonas tensionadas para el regadío, por el mal estado de las aguas subterráneas y por situarse sobre zona vulnerable a nitratos, se localizan especialmente en la cuenca del Guadalquivir, sobre todo aguas arriba de la ciudad de Sevilla y, dentro de las cuencas mediterráneas andaluzas, en Almería y Granada. Además, el conjunto del Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural del Entorno de Doñana son unos de los puntos más afectados por la presión del regadío de la península. La competición por los escasos recursos hídricos en este caso se extiende por lo que se denomina la corona norte de Doñana donde una proposición de ley del PP y Vox en el Parlamento Andaluz pretende legalizar una década de regadíos ilegales, que se dieron entre 2004 y 2014.

En España en general, desde 2004 a 202  los regadíos -y solo los “legales” de los que hay datos- han aumentado al menos en una extensión de 536.295 hectáreas, o sea un 16 %. Y, aunque esto ya parece insostenible, la planificación hidrológica Estatal, aprobada hasta 2027, sigue incrementando superficies de regadío en grandes cuencas como la del Ebro, Duero, Guadiana o Segura, ya afectadas por la falta de agua. 

¿Por dónde habría que empezar a recortar?* Por donde la industria agropecuaria ya ha sometido al territorio a tal presión que hace injustificable el mantenimiento actual de algunos regadíos:

1. Zonas sobre acuíferos con un “mal estado cuantitativo” del agua: 32,88 % del regadío
2. Zonas sobre acuíferos con un “mal estado químico” del agua: 45,52 % del regadío
3. Zonas con elevados niveles de nitratos: 56,69 % del regadío
4. Zonas en las que ya se ha producido una evolución climática: 15,83 %

Si superponemos datos, vemos que un 16,23 % de los regadíos en España están en áreas tensionadas (puntos 1, 2 y 3), las que Greenpeace considera preferentes de reducción, empezando por los regadíos ilegales y haciendo un análisis socioeconómico de las explotaciones, con las personas afectadas del sector. Por cuencas, destaca el Guadiana, con un 38,06 %, Segura (27,44 %), Cuencas de Baleares (26,88 %), Júcar (25,78 %), Mediterráneas Andaluzas (25,44 %), Internas Catalanas (24,91 %) y Guadalquivir (19,34 %). Por comunidades autónomas, la peor situación se da en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En estas tres comunidades, alrededor de una tercera parte de los regadíos se sitúan en zonas tensionadas.

Si a los tres primeros criterios (1, 2 y 3), superponemos zonas donde ya ha cambiado el clima (4), vemos que el 3,67 % de los regadíos españoles se encuentran en áreas críticas, es decir las prioritarias que se deben recortar, destacando, por cuencas, la del Guadiana (22,62 %) y, por CCAA, Castilla la Mancha. 

Además, un 13,8% de los regadíos están sobre zonas que afectan a espacios naturales protegidos y de gran interés ecológico, algo crítico ya en áreas como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel y Doñana.

“Las señales de alarma son evidentes”, ha apuntado Julio Barea, responsable de Agua en Greenpeace. “España, segundo país con más estrés hídrico de Europa, tiene el 75 % de su territorio en riesgo de desertificación y no podemos permitirnos regar como si nada. Además el regadío cada vez se concentra en menos manos, lo que quiere decir que no ayuda al fortalecimiento rural sino al enriquecimiento de, cada vez, menos personas a costa de la futura escasez de la mayoría. Si seguimos con este modelo y crecimiento desmedido está en peligro de desaparecer nuestra agricultura tradicional”. 

Las administraciones se escudan en la modernización del regadío para seguir ampliándolo pero es una trampa: la percepción de que más agua por ‘eficiencia’, incentiva aumentar más superficie de regadío, genera cambios hacia cultivos más demandantes de agua y estimula las dobles o triples cosechas anuales. Otro problema es que merman el retorno de agua a ríos, humedales o acuíferos, estimulan mayor evapotranspiración de las plantas y, además, dejan mayor concentración de fertilizantes y plaguicidas. 

Y, por si nos sobrara el agua, además:

• la exportamos: en forma de frutas y verduras -agua virtual-. España es el principal exportador mundial de estos productos (9,4% de la exportación a nivel global), y nos permitimos exportar hasta productos propios de climas tropicales como el aguacate 
• la tiramos: En España desperdiciamos más de 1 millón de toneladas de alimentos al año, el equivalente, según un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, a 131 litros de agua perdida por persona y día, solo en alimentos desechados

Con todo este panorama, es urgente y vital que el próximo gobierno, y para ello los programas electorales de todos los partidos, aborden este problema. Asimismo todas las comunidades autónomas también lo deben priorizar de manera urgente en los gobiernos que se están conformando en estos días. Este problema no es algo puntual en tiempos de titulares de sequía, requiere una gran responsabilidad abordarlo como uno de los problemas prioritarios que afrontará este país: el de la falta de agua. Por ello, Greenpeace demanda:

• Una hoja de ruta para acoplar el regadío a la disponibilidad hídrica para garantizar el abastecimiento de las poblaciones, los caudales ecológicos y otros usos prioritarios. 
• Una transición hidrológica justa, con reparto equitativo de los recursos en cantidad y calidad suficiente, lo que implica tomar medidas drásticas para lograrlo y evitar futuros conflictos y enfrentamientos entre territorios y actividades. 
• Una PAC socialmente justa y ambientalmente resiliente 
• Medidas para la administración pública (Estado y CCAA): como, entre otras, prohibir nuevos regadíos industriales en zonas tensionadas, contar con un registro público de hectáreas de regadío o potenciar la agricultura ecológica (**)
• Medidas para las grandes y medianas empresas: como, entre otras, paralizar inversiones que aumenten regadíos industriales, con impactos sobre la biodiversidad o los acuíferos, y obligarlas a informar públicamente sobre la compra de amplias zonas de regadío con efectos sobre un recurso escaso como el agua.

La campaña electoral previa al 23-J es una buena oportunidad para que los partidos definan su postura ante este problema, y así el electorado sepa cuáles son las propuestas que protegen el agua, a las personas y los ecosistemas. La emergencia climática nos exige una gran responsabilidad para salvar nuestro presente y proteger nuestro futuro y, por eso, Greenpeace anima a la ciudadanía a exigir un compromiso medioambiental inequívoco a sus dirigentes.