Covid-19. Decálogo para un rescate público
Cómo salir de la crisis sanitaria con una sociedad más fortalecida y un sector económico más sostenible y resiliente.
- Anteponer la protección de las personas y el medio ambiente al beneficio económico de las grandes corporaciones
Tradicionalmente, los rescates han servido para salvar las cuentas de resultados de las grandes empresas antes que velar por el bienestar social y medioambiental. Una característica que ya se observó en la crisis económica de 2008 y que no debe repetirse. El dinero público se tiene que destinar a fines que fortalezcan el tejido económico sostenible y local, y no las cuentas bancarias de los accionistas de las grandes corporaciones. - El dinero público no puede dedicarse a quienes han provocado la crisis ambiental
Antes y ahora, las inversiones públicas debían promover la transición ecológica necesaria para luchar contra la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Para evitar riesgos futuros y crisis de magnitud aún mayor, es preciso no retomar la financiación pública de aquellas actividades que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y destruyen los recursos naturales, en especial los sectores de los combustibles fósiles, la energía nuclear, la agricultura y ganadería industrial, y los sectores del ladrillo y del hormigón. - Los rescates públicos deben reforzar nuestra inmunidad ante futuras crisis
Cualquier gasto estatal debe garantizar los derechos fundamentales, como son la sanidad, educación, vivienda, alimentación y los suministros básicos (electricidad, comunicaciones, agua adecuada para el consumo…) especialmente para las personas más vulnerables. Las medidas para superar esta crisis deberán tener en cuenta el valor de lo público y de lo común. Ganar inmunidad supone encarar al menos tres crisis convergentes: la sanitaria derivada de la COVID-19, la desigualdad económica resultante y la emergencia climática y ecológica. - Tenemos derecho a saber a quién se dedica el dinero público y en qué condiciones
La falta de transparencia ha sido uno de los principales fracasos en los rescates de crisis anteriores, siendo el rescate a la banca en 2012 el mayor ejemplo de opacidad. Actualmente disponemos de herramientas para someter los planes de rescate a procesos formales de información pública y garantizar así su escrutinio y poder valorar sus impactos sociales, laborales y ambientales. Solo mediante un sistema transparente podemos verificar que se beneficia a la sociedad en su conjunto y no solo a las grandes empresas rescatadas. - Los rescates con dinero público no pueden traducirse en beneficios particulares
Vivimos una época muy complicada donde la sociedad debe asumir un importante esfuerzo para seguir adelante. En este contexto, las empresas rescatadas no deberían poder emitir dividendos, aprobar bonos variables ni declarar beneficios en su cuenta de resultados. No podemos repetir la vergonzosa imagen de directivos de empresas rescatadas cobrando bonos millonarios mientras la población más desfavorecida asumía la peor parte de la crisis. Del mismo modo, cualquier empresa o filial beneficiada por los planes de rescate no podrá operar en paraísos fiscales y deberá estar sujeta a estrictas regulaciones públicas, las cuales deberían permanecer más allá del periodo de rescate. - La protección del clima y de nuestra biodiversidad pueden y deben ser un motor e incentivo económico para la recuperación
Ningún gobierno debe rebajar o posponer las normativas ambientales (relativas a emisiones de contaminantes, usos del suelo o descarbonización) ni la ambición climática con la excusa de la recuperación económica. Las empresas que no han hecho los deberes a tiempo no pueden utilizar la crisis de la COVID-19 como pretexto para infringir las ‘normas del juego’ que ya eran conocidas y aprobadas mediante mecanismos democráticos. La ambición climática debe aumentar y las normativas ambientales deben respetarse y endurecerse para disminuir la probabilidad de que otras crisis, como la que estamos viviendo, sean más frecuentes. - Las actividades económicas rescatadas deben alinearse con el objetivo de 1,5 ºC
Los objetivos fijados en el Acuerdo de París para frenar la crisis climática son vinculantes y comprometen a los estados firmantes a realizar todos los esfuerzos que estén en sus manos para que la temperatura global no supere los 1,5 ºC. Por tanto, cualquier intervención estatal sobre una compañía debería ir acompañada de un plan de negocio que asegure su neutralidad climática y su desarrollo dentro de los límites de los recursos del planeta. - Las empresas rescatadas deben priorizar la creación de empleo de calidad
La salvaguarda de la población trabajadora es uno de las principales metas de los rescates públicos, por lo que garantizar sus condiciones de empleabilidad y salario es requisito imprescindible a cumplir por las empresas que reciban estas ayudas. Unas condiciones que deben extenderse también a las personas trabajadoras de aquellos sectores que deban reconvertirse hacia nuevas actividades productivas sostenibles, para garantizar así una transición justa donde nadie se quede atrás. La reconstrucción económica es una oportunidad para crear empleos dignos y sostenibles. - Inversiones estratégicas para proteger a la población más vulnerable
Las peticiones de rescate responden en ocasiones a la intención continuista de “dejar todo como estaba” y perpetuar así un esquema económico asimétrico y generador de desigualdades. En su lugar, los gobiernos deben establecer un paquete de inversiones estratégicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de la población más vulnerable. Esto es importante para las personas con bajos ingresos o que han sufrido el impacto de la crisis sanitaria y económica, la contaminación y los impactos derivados de la crisis climática. - Apoyo y revisión de la propiedad pública e incentivos para el procomún
La crisis de la COVID-19 ha constatado el fracaso de las políticas de austeridad que trajeron recortes sobre los servicios públicos. Ahora más que nunca se necesita invertir en sectores útiles para el cuidado de la vida y de las comunidades. Para ello hay que cuidar los activos públicos existentes (sistema sanitario, educativo…), orientar las inversiones en pro de lo común y atraer la financiación mediante una fiscalidad verde que aplique el principio de ‘quien contamina paga’ destinado a incentivar los comportamientos más sostenibles. Las grandes fortunas y los grandes contaminadores son los que más tienen que contribuir en pro de lo común.
