Las plantas de energías renovables ubicadas en suelo pueden despertar dudas en la población cercana, ya que modifican el paisaje y hacen visible nuestro consumo energético, que ahora mismo está externalizado a otros países.
Por eso es esencial que los proyectos renovables no sólo obtengan el visto bueno ambiental (Declaración de Impacto Ambiental positiva) y paguen sus impuestos, como es obligatorio, sino que además establezcan una buena y duradera relación con las comunidades y la biodiversidad que los acogen. Para ello existen dos opciones principales: que las plantas sean promovidas por la misma ciudadanía (comunidades energéticas) o que las empresas aseguren la participación ciudadana activa en los proyectos para que sean respetuosos con las personas y la biodiversidad.
Hay buenas prácticas que se están extendiendo con este objetivo y que, desde Greenpeace, creemos que deberían pasar a ser obligatorias para todos los proyectos. En este mapa puedes ver siete casos concretos* que hemos analizado en detalle en nuestro último informe:
En general, las buenas prácticas empresariales suelen incluir al menos uno de estos elementos:
#1 Una participación temprana de las comunidades locales con capacidad para influir directamente en los proyectos (ubicación de la planta, de las líneas de evacuación, precauciones ambientales…).
#2 Uso compartido del suelo de la planta renovable con otros usos previos (agricultura, pastoreo, apicultura…) o con otras fuentes de energía (hibridación con baterías y otras tecnologías renovables).
#3 Fomento de empleo local en las plantas o en instalaciones industriales asociadas (ensamblaje o reciclado de componentes).
#4 Reducción de los gastos energéticos de empresas locales o personas vulnerables a través de la instalación de autoconsumo en el municipio por parte de la empresa promotora.
#5 Apertura a la participación ciudadana en la inversión de la planta.
#6 Evitar la implantación de la planta en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental ahí donde no está ya prohibido (a excepción del autoconsumo para los consumos locales).
#7 Evitar la implantación de grandes plantas en zonas agrarias consideradas de interés y especial relevancia (excluyendo el autoconsumo ligado a los consumos locales).
#8 Evitar la expropiación forzosa.
Además, algunos de los casos de buenas prácticas también tienen que ver con la actuación de las Administraciones locales. Por ejemplo, algunas veces facilitan procesos de diálogo y concertación entre los promotores y la población local; otras aprovechan los ingresos adicionales derivados de la carga fiscal sobre las plantas renovables para financiar políticas sociales, contra las desigualdades y para mejorar la vida de las personas a nivel local.
*En ningún momento las buenas prácticas expuestas representan un respaldo incondicional de Greenpeace al proyecto en su conjunto, que se usa simplemente para dar visibilidad a la práctica concreta que debería ser la norma en todos los proyectos renovables.