A pesar del potencial de impacto positivo de la implantación de las energías renovables, tanto en tejado como en suelo, cada vez hay más casos en los que este despliegue se está llevando a cabo bajo el mismo esquema de los fósiles: de forma desordenada, a menudo en manos de pocas empresas que ponen trabas al empoderamiento de la ciudadanía, sin tener en cuenta las necesidades del territorio y considerando las garantías ambientales como obstáculos o meros trámites que cumplir lo más rápido posible.
Desde Greenpeace denunciamos que hay empresas que están poniendo sus beneficios por encima de las personas y el planeta. Y, para colmo, en muchos casos, la ley se lo permite.
Hemos analizado algunas de las malas prácticas más extendidas con ejemplos concretos de cada una de ellas que puedes ver en el siguiente mapa.
Tipos de malas prácticas
A continuación explicamos cuáles son las malas prácticas más habituales de manera transversal en todo el territorio. Estas malas prácticas deberían ser prohibidas y erradicadas.
#1 Fragmentación de proyectos
La fragmentación de proyectos de energía renovable consiste en que la empresa promotora trocea un determinado proyecto en multitud de proyectos de menor tamaño con el fin, a menudo, de minimizar y no evidenciar, durante el proceso de tramitación, los impactos acumulativos y sinérgicos que tendría tanto a nivel ambiental como social si fuera un solo proyecto de gran tamaño. O, en otros casos, conseguir que la tramitación sea competencia de la comunidad autónoma (proyectos de menos de 50 MW) y no estatal (> 50 MW).
#2 Afección a Red Natura 2000
Greenpeace considera que es innecesaria la implantación de energías renovables de gran escala en suelo en zonas protegidas por valores ambientales o de alta sensibilidad ambiental dado que hay suficiente potencial renovable en las zonas no protegidas en España. Sin embargo, a nivel estatal y en muchas comunidades autónomas aún no está prohibido presentar proyectos en zonas de la Red Natura 2000. Además, el impacto de estas instalaciones sobre zonas de alta sensibilidad ambiental no protegida no siempre se evalúa de forma correcta, dejando la posibilidad de que los promotores elijan emplazamientos no adecuados. Afortunadamente, la mayoría de las veces, la Administración pública detecta los impactos desfavorables y cancela el proyecto otorgando evaluación de impacto ambiental negativa. En este último caso Greenpeace también denuncia el retraso de la transición energética y el gasto público que genera tramitar proyectos que, por su impacto ambiental, están destinados a no prosperar.
#3 Impacto cultural y arqueológico
Esta mala práctica consiste en la afección directa del proyecto de energía renovable a un bien de interés cultural o arqueológico de un municipio, suponiendo su reemplazo, desplazamiento o destrucción durante la construcción del parque.
#4 Expropiación forzosa y falta de diálogo con las comunidades
La expropiación forzosa de los terrenos a sus propietarios legítimos, con una compensación por debajo del precio del mercado del terreno, busca aprovechar la declaración del proyecto como bien de utilidad pública, en lugar de pactar unos precios de arrendamiento de mutuo acuerdo con los propietarios.
Por otro lado, la falta de diálogo con las comunidades locales se debe a la no información adecuada y temprana sobre el proyecto a las personas que viven en el área de desarrollo del proyecto pero también a la falta de información sobre la fotografía completa de todos los proyectos que hay en despliegue en España en este momento, su estado de tramitación, etc.
#5 Impago de impuestos
Las empresas que presentan los proyectos de energía renovable incumplen la obligación del pago de impuestos (estatales o locales) a los que están sujetos por generar electricidad, lo que implica no repartir de forma justa los beneficios de la actividad con las comunidades locales.