Esta semana el aire del polo norte nos está visitando en toda España desplomando los termómetros, en algunas zonas, muy por debajo de los cero grados. Más allá de las bucólicas estampas nevadas quedan las personas que no pueden pagar la calefacción, el agua caliente o la luz y que, muchas veces, viven en edificios muy mal aislados hijos de una especulación inmobiliaria ciega a las necesidades de las personas.

Y nos son pocas: más de 5 millones de personas en España no pueden calentar sus hogares en invierno a una temperatura adecuada, muy por encima de la media europea. Es demasiado como para que no tomemos cartas en el asunto.

La pobreza energética es una de las muchas caras de la pobreza y está claro que las soluciones tienen que ser compartidas con las que vayan a erradicar esta lacra. Pero también es un síntoma de las disfunciones de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como el bien de primera necesidad que es. En este sistema las personas somos consumidoras pasivas aplastadas por el peso de una burocracia que premia los ingresos las corporaciones frente al derecho ciudadano a la salud y el acceso a la energía limpia y asequible.

Hay decisiones de calado a nivel europeo en las que está participando el Gobierno español y que supuestamente están orientadas a poner a la ciudadanía en el centro del sistema energético europeo facilitando la participación en el autoconsumo, la rehabilitación de los edificios para que sean más eficientes y sea más barato tener una temperatura de confort en ellas así como que en la tarifa que pagamos de gas y luz no nos cuelen miles de millones de subvenciones encubiertas para mantener vivas instalaciones obsoletas y sucias como las centrales de carbón o nucleares.

Adivina… el Gobierno español sigue presionando para que todo lo anterior se vacíe de contenido y cambie todo para que no cambie nada.

Aunque, si tuviera que apuntar a una luz inspiradora podríamos mirar a Grecia. Ahí el Gobierno ha promulgado una Ley de Autoconsumo Virtual que permite a los Ayuntamientos instalar energías renovables en los tejados de sus edificios (incluidos los de viviendas de protección oficial) e intercambiar la electricidad limpia producida entre todos estos edificios para que se abastezcan. Desde Greenpeace les propusimos que esa electricidad de la ciudadanía también se pudiera utilizar para abastecer a los hogares en pobreza energética. De este modo se hace política social con la energía limpia devolviendo así a este bien de primera necesidad su dimensión social y ecológica.

Iniciativas como esta podrían multiplicarse por todo Europa si conseguimos que gobiernos como el español no consigan boicotear la políticas energéticas que se están negociando ahora en Bruselas.

¿Qué puedes hacer tú?
Firma nuestra petición para que el Gobierno español legisle contra el cambio climático y para poner a las personas en el centro de la política energética.

– Si estás en Madrid nos puedes acompañar el próximo sábado 17 de febrero a las 19h en la concentración contra la pobreza energética que convocamos numerosas organizaciones porque la energía limpia y asequible es un derecho y ha de ser reconocido como tal.