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Entrada de blog por Sara del Río - 13-02-2018


Así contribuye España a una de las mayores crisis humanitarias causada por el ser humano

Acaban de pasar diez años desde que el Gobierno español aprobara la ley sobre el control del comercio de armas. En este tiempo los propósitos de la ley han ido, año a año, cediendo terreno a la realidad que, dicho sea de paso, ha quedado muy lejos de alcanzar esos objetivos de transparencia que pretendía o, incluso, de asegurar el respeto del derecho internacional.

La ley de control de comercio de armas, el Tratado Internacional y la normativa de la UE en la materia son un entramado normativo complejo y sus cruces con otras leyes como la de Secretos Oficiales permiten muchos vericuetos por los que escapar de su cumplimiento. Por ejemplo, la ley de control de comercio de armas pide denegar las exportaciones “cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional”. Sin embargo, desde que comenzó la guerra de Yemen España ha exportado 995 millones de armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y ha reconocido que no puede certificar el uso final de estas armas. Estos dos países han perpetrado ataques sobre población civil yemení, sumiendo al país en la devastación. Según los datos más recientes, 22,2 millones de personas, más del 75% de su población, necesitan de ayuda humanitaria. Hay tres millones de personas desplazadas. 9.245 civiles han muerto a causa del conflicto. Hay 52.807 personas heridas.

Tampoco tiene fácil explicación cómo, desde la pretensión de la ley de “garantizar la transparencia en la información oficial” sobre exportación de armas, el Gobierno ha llegado a escudarse en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para mantener “clasificada” una información que no interesa sacar a la luz. O cómo, de esta forma, es imposible conocer en qué se basa el Gobierno para dar el visto bueno o no a la venta de armamento a otro país, lo que imposibilita exigirle responsabilidades si incumple la ley, lo que, por otro lado, trae grandes beneficios a las empresas del sector. De la mano de Ciudadanos, el Partido Popular ha bloqueado la reforma de la Ley de Secretos Oficiales durante más de un año.

Para entender estas cuestiones, con la ayuda de equipo de periodismo de análisis de datos Datadista hemos realizado el informe multimedia Armas Marca España, el oscuro negocio de la guerra, que cuestiona irremediablemente el papel del Gobierno español, que parece más interesado en fomentar el negocio de las empresas de armas que en cumplir la ley y asegurar el respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Explora la investigación aquí:

Sara del Río - autor del blog.
Sara del Río
Licenciada en Ciencias Químicas. Coordinadora del Programa de Democracia y Contrapoder en Greenpeace España. Anteriormente en las campañas contra las sustancias químicas peligrosas y la contaminación. Twitter: @saradrio
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