Hacía dos años que la Secretaria de Estado de Comercio no comparecía en el Congreso para explicar los datos relativos a la exportación de armas españolas. Lo hará este lunes. 

La última vez que lo hizo fue en septiembre de 2018. Entonces, Pedro Sánchez llevaba casi tres meses en la Moncloa y estaba muy reciente el escándalo de las 400 bombas de precisión que el Gobierno no iba a enviar a Arabia Saudí pero, al final, sí que envió. De hecho, este no pero al final sí parece haber sido la consigna del Gobierno en lo referente a la venta de armas a terceros países. En concreto, a países que, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Israel, cometen graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en conflictos, como en Yemen o en los Territorios Palestinos.

Acción de Greenpeace para pedir el fin de la exportación de armas a países que pueden utilizarlas para matar civiles. Diciembre de 2018 ©Greenpeace/Pablo Blázquez

Ahora se presentan las estadísticas de exportación de armas en 2018 y 2019, que las organizaciones que formamos parte de la campaña Armas Bajo Control hemos analizado en este informe. Con estos datos podemos vislumbrar las políticas en materia de exportación de armas que han seguido los diferentes Gobiernos. Hasta junio de 2018, gobernó el Partido Popular y, desde entonces hasta hoy, el PSOE. Sin dejar de valorar algunos gestos significativos, hay que concluir que los diferentes Gobiernos de Pedro Sánchez, tanto en solitario, como en coalición con Unidas Podemos, han elegido el no pero al final sí como política de comercio de armas.

No más armas para matar civiles

Hay un hecho significativo y que puede dar lugar a equívocos. El segundo semestre de 2018 no se aprobaron autorizaciones de exportación a Arabia Saudí lo que resultó en una caída sustancial de la exportación de armas a este país en 2019. Este hecho no es más que un espejismo ya que, a lo largo de 2019, las autorizaciones del Gobierno aumentaron en más de 30 veces, lo que augura un nuevo repunte de las exportaciones a este país en 2020. No es casualidad que desde diciembre de 2019 seis buques de naviera saudí Bahri hayan visitado puertos españoles. Todo ello a pesar de que, en septiembre de 2019, la ONU instó a los Estados a “abstenerse de suministrar armas que puedan utilizarse en el conflicto” de Yemen, que ya dura más de 5 años y en el que se cometen graves violaciones del derecho internacional.

Un Gobierno que prima los derechos humanos tiene que garantizar el respeto al principio legalmente establecido de NO autorizar la venta de armas para cometer atrocidades, que deriva del Tratado sobre el Comercio de Armas y de la ley de control de comercio de armas. Para ese Gobierno, un NO no puede ser al final un SÍ. 

Falta transparencia y control al Gobierno

En este contexto de vacilación, la transparencia y el control al Gobierno se hacen imprescindibles. Ante las graves consecuencias que implica exportar armas a países que las están utilizando en violaciones de derechos humanos, un no tiene que seguir siendo no. Lamentablemente, estos dos años no han sido testigo de avances en materia de transparencia ni de control al Gobierno. 

Este Gobierno se sigue escudando en la ley franquista de Secretos Oficiales y un acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 para ocultar información clave que podría certificar el cumplimiento o no de la ley de control de comercio de armas. La ley de Secretos Oficiales tiene que ser reformulada. Pero mientras esto ocurre, el Gobierno tiene que empezar a rendir cuentas y derogar ese acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 1987 que establece la condición de “reservadas” para las actas del organismo que autoriza las exportaciones y que otorga al Gobierno una impunidad tan cómoda como antidemocrática.

Medida florero

Solo si existe transparencia será posible celebrar la aprobación de nuevas medidas de control al comercio de armas. Por ejemplo, la última reforma que incluye la posibilidad de verificar sobre el terreno el uso final de las armas españolas vendidas a otros países, así como su aplicación, quedan sumidos en el mismo oscurantismo que el resto del comercio de armas. De esta forma, lo que se percibe como un avance podría resultar una “medida florero”. 

En el compromiso con el respeto al derecho internacional, con la democracia, con la paz… no vale titubear o ponerse de perfil. La política de control del comercio de armas de este Gobierno debe estar guiada por el rechazo frontal a las violaciones de los derechos humanos allá donde estos se produzcan. Un no rotundo. En el nuevo contexto de recesión económica esta contundencia es más necesaria que nunca. Ser contundente marcará la diferencia. Una diferencia que para muchas personas puede resultar ser entre la vida y la muerte.