Si no cambiamos nuestras economías en los próximos diez años, el mundo caminará hacia el descontrol debido al aumento de 1,5 grados de la temperatura global. Es lo que ha dicho la directora ejecutiva de Greenpeace, Jennifer Morgan, en el Foro Económico Mundial en Davos, la cita anual de las élites económicas y políticas del mundo, que comenzó ayer.

Aunque estos días se reúnan para hablar y escuchar, las élites económicas siguen a lo suyo, calentando el planeta. Tienen la sartén por el mango y han construido una arquitectura jurídica internacional que permite tres cosas: primero, su impunidad ante los daños que provocan contra el medio ambiente y la violación de los derechos humanos; segundo, un régimen de comercio internacional pensado para maximizar el crecimiento económico y garantizar sus beneficios frente a los intereses de la mayoría, los límites biofísicos del planeta o la defensa de los bienes públicos; y, tercero, cuentan con unos tribunales exclusivos que permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos por decisiones soberanas pero que pueden perjudicar sus intereses.

Las élites económicas han construido una arquitectura jurídica internacional que les permite tener más poder que los gobiernos.

Para romper con esta situación de desequilibrio entre el poder corporativo y el de la ciudadanía, el mundo empresarial necesita reglas y obligaciones. No valen los acuerdos voluntarios ni la Responsabilidad Social Corporativa.

De manera especial urge acabar con la capacidad que tienen las grandes empresas de litigar contras los gobiernos, de llevarlas a juicio a través de una justicia paralela. Es necesario que los tribunales conocidos como ISDS (Investor-State Dispute Settlement) o  “Sistema de arbitraje de inversores contra estados” desaparezcan de los tratados de comercio bilaterales que se están firmando. Este sistema de justicia “privada” para las multinacionales es opaco y sólo accesible a los más enriquecidos.

En las últimas décadas, las empresas transnacionales han utilizado este sistema para amenazar con demandas de miles de millones de euros a los gobiernos que se atreven a hacerles frente. Entre las políticas gubernamentales que han sido cuestionadas utilizando ISDS se incluyen:

• Regulación de los niveles de contaminación en centrales térmicas de carbón.
• Introducción de advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco.
• Establecer moratorias sobre el fracking.
• Detener una mina que habría destruido comunidades enteras.
• Elevar el salario mínimo
• Congelar las tarifas del agua para ayudar a las personas con menos recursos.
• Evitar que las aseguradoras de salud obtengan grandes ganancias

Por este motivo, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales  y sindicatos de más de 18 países de la UE han lanzado la campaña “Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS”. Pedimos la eliminación de todos los tratados que incluyen este sistema de dirimir las controversias entre inversores y estados. En su lugar, la campaña exige un tratado internacional vinculante acompañado de una ley estatal, que permita juzgar a las transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde mantengan sus actividades.

Greenpeace forma parte de esta coalición y exige también más derechos para las personas y más obligaciones para las grandes empresas. Por eso te pedimos que te sumes, entres en la web y firmes la petición.