Cuando por fin tenemos claro lo que es el greenwashing o lavado verde, nos topamos con otro término, el greenhushing o ecosilencio, que está muy relacionado con el anterior. Tanto que para Miguel Ángel Soto, biólogo y responsable de las campañas de Bosques y Empresas y Derechos humanos en Greenpeace, forma parte del mismo problema.

Llamamos ecosilencio a la táctica de ciertas empresas de ocultar o no dar toda la información sobre los esfuerzos que hacen en materia de sostenibilidad y librarse de la presión de tener que hacerlo de manera rápida y efectiva. Esta práctica es legal, no está prohibida, pero lejos de posicionar a una empresa como alejada del postureo medioambiental, lo que genera, en realidad, es desconfianza en el consumidor.

Para Soto, el greenhushing es una variante más de las posibles sobre el comportamiento empresarial y lo que comunica a la sociedad. En el fondo, el mensaje que trasmiten con esta práctica de ocultar total o parcialmente esa información es restar importancia o disimular parte de sus compromisos medioambientales, pero también sociales y de género. Un no presumir, no vaya a ser que alguien nos pille que esconde, en realidad, un miedo a ser acusados, no solo por las ONG, sino también por algún organismo regulador. En resumen, un miedo al coste reputacional que implicaría sufrir un castigo o multa por las infracciones que pudieran estar haciendo en esa materia.

En el fondo, aclara Miguel Ángel Soto, el ecosilencio es una práctica que va en contra de los derechos de los consumidores. “Si yo quiero elegir un producto en función de su etiqueta, no solo por sus valores nutricionales, sino también si es ecológico, no hay maltrato animal, etc., esa información no puede estar secuestrada”, opina el experto. Y no basta con decir que cumple todos esos requisitos, es que, además, tienen que demostrarlo. Pero el mayor daño se produce en otros aspectos: se retrasa la transición ecológica, la economía circular y cualquier otro cambio transformador en el mundo del consumo o de la prestación de servicios.

“O sea, si no comunicas, estás diciendo que no es importante, no estás dando valor a lo que tu empresa está ofreciendo a la sociedad. Esa información tiene que estar disponible para el consumidor y también para apoyar esta función social de las empresas. Y tienen este doble daño, no estamos avanzando en los cambios necesarios, transformadores, a los que las empresas están obligadas por ley. Y los consumidores tienen derechos que deben ser preservados, hace falta informar de esos servicios. No está bien que les engañes y les digas que volar en avión no contamina, pero tampoco está bien que no les digas nada sobre el impacto ambiental de tu vuelo”, concluye el experto de Greenpeace.

Dos tipos de comportamiento

Greenpeace tiene su propio observatorio de estas prácticas que giran en torno al greenwashing. Según Soto, han percibido dos tipos de comportamiento con respecto al ecosilencio.

El término procede de Estados Unidos, donde comenzó está práctica de ocultar información medioambiental y de sostenibilidad. Y tiene que ver con las presiones del partido Republicano y de una parte de la extrema derecha, con posiciones muy negacionistas sobre el cambio climático, que señalan a las empresas que defienden posturas de sostenibilidad como progresistas. De ahí que muchas de ellas, especialmente los fondos de inversión que se denominan verdes, prefieran callar su posición.

“Ese silencio es un silencio también cómplice, un silencio peligroso, porque estás jugando con la idea de que el multilateralismo o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, todo lo que es avanzar en algunas metas globales que hemos acordado entre todas las naciones, es algo progresista. O sea, combatir la pobreza es progresista, dar acceso al agua potable es progresista, promover la educación o proteger los derechos de las mujeres es progresista… Y claro, tenemos ese problema, que cuando gobiernan los otros todo eso se elimina”.

Esa polarización aún no ha llegado a España, según el experto de Greenpeace, o al menos esta organización no la ha percibido. Pero hay otro comportamiento que sí han observado y está, por ejemplo, en el sector de la moda. Las directivas europeas, y una parte de los consumidores, ya no solo les exigen reciclar o producir con materiales más sostenibles, sino que también les piden producir menos ropa y que esta dure más. “Ese silencio, a veces, es decir ‘contamos lo que queremos, o no lo contamos tanto porque estamos —y aquí sí— bajo la mirada atenta de las organizaciones de comercio justo, de derechos sociales’, por todo el tema de la explotación infantil. De qué sirve decir que utilizas algodón orgánico si hay unos chavales en Bangladesh trabajando 14 horas al día. Por eso son muy recelosos en este sentido y hay una comunicación muy sesgada”.

La cuestión es compleja y Soto no se atreve a definir esto como ecosilencio, pero sí es el reflejo de su miedo a dejar ver que no están transformando realmente una parte importante de su negocio, que gira en torno a la producción. “Estoy pensando ahora mismo en Inditex, en las grandes, que sí te venden lo del algodón orgánico, el poliéster fabricado con fibras de botellas recicladas, procesos de reducción de consumo de agua…, pero realmente el meollo de su negocio es la producción de 20 colecciones de ropa al año, cuando tenemos los armarios llenos y en las tiendas de ropa de segunda mano ya no cabe una camiseta más”.Él cree que se trata más bien de una información sesgada, en la que sólo comunican lo que les interesa destacar porque forma parte de su plan de marketing. Ocurre también en otros sectores como el agroalimentario, el tecnológico o el automovilístico. “Insisto, es más información parcial, sesgada, interesada, y no sé si el concepto de ecosilencio se puede atribuir a esto”.

Qué está haciendo Greenpeace para vigilar estas prácticas

Greenpeace lleva años trabajando el concepto de greenwashing con todas sus variantes. Una de las herramientas en la que colabora es un perfil en Linkedin llamado Alerta Greenwashing, del que forman parte junto con publicistas y consultores ambientales. Y hace un año, explica Miguel Ángel Soto, también participaron en un libro con el mismo título. Lo que intentan con todo ello es hacer un seguimiento global a todo comportamiento empresarial.

Esta vigilancia ,  está permitiendo la difusión y conocimiento del problema a nivel global y la acción de los organismos reguladores contra grandes corporaciones en países como Australia, Corea, Estados Unidos, Reino Unido y Austria. Aquí, en España, Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción y CECU, interpuso una demanda contra Repsol por publicidad engañosa ante la Dirección General de Consumo y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). En esa demanda ponían de manifiesto que la comunicación de Repsol sobre sus biocombustibles está plagada de información parcial y engañosa.

Además, están esperando el borrador de la nueva Ley de Consumo Sostenible que el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 quiere poner en marcha para trasponer la directiva europea sobre este tipo de prácticas. “Ahí es donde, desde un enfoque de defensa de los derechos de los consumidores, ese consumo sostenible tiene que velar por que las empresas digan cuáles son los atributos ambientales de sus productos y servicios y sean veraces —explica Miguel Ángel Soto—. Que el consumidor pueda acceder a una información, a una etiqueta o a un código QR o una página web donde diga qué atributos tiene ese producto y pueda verificarlo”.

La idea, explica Soto, es tener herramientas jurídicas, “porque más allá de decir ‘no me creo lo que me dices’, necesitamos, desde este enfoque de defensa de derechos, poder llevar a las empresas ante un expediente sancionador, o si cabe, sanciones de tipo penal. Que las podamos llevar ante el organismo regulador”.

Esos organismos reguladores ya existen y son la CNMC y la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Ambas deberían velar por la transparencia y la legalidad en el mercado, y precisamente la libre competencia y esta se basa en la veracidad de la información que las empresas aportan. De ahí que el acceso a la información tenga que ser claro. “Aquí lo importante es que el regulador, que existe ya y ya tiene herramientas, actúe y lo haga en base a la necesidad de que la libre competencia se haga desde una comunicación veraz y demostrable”.

El ambiente es propicio. Soto, con más de 20 años de trayectoria en Greenpeace, ha observado un cambio positivo de las empresas hacia cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. “Hemos pasado de tener a las empresas que te percibían como un enemigo y como un mensaje que les era ajeno, a llamar a nuestra puerta diciéndonos que, por supuesto, están de nuestro lado, y que esto hay que hacerlo y que es importantísimo luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Ya no necesitamos convencerlos porque ya están convencidos. Ahora lo que necesitamos es que haya unos indicadores fiables, comparables, que nos permitan saber si estás reduciendo emisiones, en especial las de alcance 3, tu cadena de valor, tus producciones en Asia, en Latinoamérica, en África… Ahora la complejidad es leerse documentos donde la información es, muchas veces, complicada de entender y farragosa. Y hay que dedicarle mucho tiempo a saber si realmente el comportamiento ambiental de las empresas es el que dicen”.