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Entrada de blog por Cecilia Carballo - 06-11-2017


El plan que asesinó a Berta Cáceres

“Hagamos uso de todas nuestras influencias fiscales y penales para enjuiciar estas acciones delincuenciales y bandalicas (sic) de personas específicas y de la organización”. Mensaje textual del jefe de Seguridad de DESA, la empresa tras el proyecto al que se oponía Berta Cáceres, en un chat en el que participaban varios directivos y empleados de la empresa, el 21 de febrero de 2016.

Este mensaje es parte de la información que se ha manejado en la investigación realizada por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre el asesinato de la galardonada con el Premio Goldman Berta Cáceres. Han pasado más de 20 meses desde que Berta Cáceres fuera asesinada un su propia casa y un año desde que este grupo de investigación se pusiera en marcha, dada la inacción de las autoridades hondureñas por descubrir quién se encontraba detrás del crimen.

De las 8 personas imputadas en el asesinato de Berta Cáceres, ninguno es su autor intelectual. El grupo asesor ha analizado mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas, lo que les ha permitido concluir que la planificación, la ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres se inició en el mes de noviembre de 2015.

Y más importante, concluye que tanto DESA, como las autoridades hondureñas o las entidades financiadoras jugaron un papel en la trama que acabó con la muerte de Berta Cáceres.

La empresa
“E (sic) gastado mucho dinero y capital político para que salgan estas 3 órdenes de captura”. Mensaje textual de chat de un directivo de DESA en 2013 en referencia a la criminalización que sufrió Berta Cáceres y otros dos activistas indígenas.

El Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, aprobado en 2013, promueve la construcción de una presa que pone en riesgo la supervivencia de la comunidad indígena lenca hondureña, en el corazón del río Gualcarque. Berta y su organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fueron sus primeros opositores.

La investigación revela que DESA utilizó sus influencias y conexiones políticas durante años, contrató empresas de seguridad privada y sicarios, influyó sobre operadores de justicia y fuerzas de seguridad, para neutralizar cualquier oposición al proyecto Agua Zarca.

El Gobierno
“He solicitado el apoyo al Comisionado […] y me trasmite su apoyo. El (sic) me va informar de los detalles del asesinato, también me recomendó pronunciar comunicado para desvincularse de este suceso”. Mensaje textual enviado en un chat entre directivos y empleados de DESA, 14 horas después del asesinato de Berta Cáceres.

El informe también documenta la existencia de reuniones frecuentes de socios y directivos de DESA con ministros de Estado, diputados y jefes de las fuerzas de  seguridad desde el año 2012, lo que permitió a sus empleados llegar a dirigir operativamente a policías y miembros del Ejército en acciones de represión en contra de quienes se oponían al proyecto.

La Secretaría de Seguridad Nacional de Honduras participó en este plan con un doble rol: Destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca y sus directivos y negó protección a Berta Cáceres, pese al inminente riesgo sobre su vida.

Los bancos
DESA no contaba con el capital suficiente para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y los fondos provenientes del sistema financiero, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund, fueron indispensables para desarrollar su estrategia de represión sobre Berta y otros activistas.

Es probable que las instituciones financieras tengan información valiosa para la investigación del asesinato de Berta que aún no han puesto a disposición de los investigadores.

Amenazas a defensores del medio ambiente en aumento
Pero de todas, la conclusión más dolorosa de la investigación es que el asesinato de Berta Cáceres no es un caso aislado, sino que como la propia investigación concluye responde a “una política sistemática de ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos, dentro de un contexto de violencia generalizada que afecta a todas las personas radicadas en Honduras”.

Según el último informe de Global Witness, en 2016 fueron asesinados 200 activistas medioambientales en 24 países. El 40% de las personas asesinadas eran miembros de pueblos indígenas, como Berta Cáceres. El país que lidera estos asesinatos es Brasil, mientras que Honduras ocupa el quinto lugar.

Cáceres decía que las luchas “se desprecian e invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta”

Sus palabras y su vida, junto con la de muchas personas activistas y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a aquellos poderes que tratan de imponer sus proyectos a costa de los recursos de los pueblos.

Este informe, va más allá de su contenido. Tiene otro valor, el valor de la lucha contra la impunidad y a favor de la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

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