Ayer 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, la Plataforma para la Justicia Fiscal, formada por sindicatos y organizaciones sociales del Estado, junto con otras organizaciones como Greenpeace, presentamos un manifiesto sobre los impuestos justos de cara a las próximas elecciones.

Nos encontramos en una situación en la que gran parte de la población española no ha percibido que la crisis haya remitido y no ha recuperado niveles básicos de bienestar alcanzados antes de su comienzo. La población en riesgo de exclusión social alcanza cifras que nos sitúan entre las naciones europeas con índices más preocupantes, especialmente entre menores y jóvenes, un tercio de los cuales están en situación de exclusión social.

Es evidente que las políticas sociales son manifiestamente insuficientes y necesitan más recursos para, al menos, recuperar los niveles perdidos tras años de recortes. Por ello, las promesas de reducción de impuestos, especialmente a las rentas más altas, han de entenderse como un doble atentado: contra las exigencias de la más elemental justicia y contra la garantía de derechos básicos de la ciudadanía.

Necesitamos impuestos y un compromiso claro de la clase política en favor de la adecuada dotación y ejecución total de ellos para las políticas sociales, la igualdad, la lucha contra la pobreza, la defensa del medio ambiente y la educación y la sanidad públicas.

El manifiesto se posiciona en contra de la reducción de impuestos y en favor de la eliminación de beneficios y desgravaciones injustificados que favorecen fundamentalmente a los más potentados.

En el caso de la fiscalidad verde, la desigualdad se hace también patente por la distinta responsabilidad de los principales problemas ambientales que se generan. Por eso, las propuestas fiscales ecologistas hacen especial hincapié en que se apoye a la población más vulnerable para forjar el camino hacia un modelo basado en la justicia social y ambiental que garantice que los agentes económicos con mayor impacto en el medio ambiente sean los principales contribuyentes a las arcas de los impuestos verdes.

Existe cierto rechazo general ante los impuestos. Por eso, la educación cívico-tributaria es fundamental para transmitir valores en línea con la responsabilidad fiscal, mostrando las consecuencias que el fraude tiene para los derechos de la ciudadanía. Por ello, la plataforma exige que el sistema educativo en todos sus niveles contribuya a la concienciación de la ciudadanía en esta materia.