Para las personas que no estén familiarizadas con esta expresión andaluza, mucho lirili y poco lerele indica que hay que dejar de hablar y ponerse a actuar. Pues bien, eso es lo que necesitamos en Andalucía con respecto a las políticas sociales y ambientales. Porque, en los últimos años, estamos asistiendo a un doble proceso. Por un lado, todos los partidos han incorporado en sus discursos la cuestión ambiental, lo cual podría considerarse como algo positivo y una victoria por parte del ecologismo. Por otro lado, el incremento del discurso “verde” supuestamente en favor del medio ambiente y de los sectores económicos asociados, no se está traduciendo en medidas, normativas y políticas que realmente vayan destinadas a que el modelo social y económico andaluz se acople con las necesidades de nuestros ecosistemas. Es más, en ocasiones, se vienen aprobando normas y políticas que son nocivas para el medio ambiente. 

El ‘discurso verde’ de algunos políticos no se traduce en medidas reales

Así pues, el próximo 19 de junio, hemos sido llamados a votar en Andalucía para elegir al equipo de personas que gestionarán nuestro día a día los próximos cuatro años. Todo ello en un contexto social muy complejo. Los ecos de una pandemia que ha golpeado duramente a sectores económicos clave en la economía andaluza y de una nueva crisis geopolítica y humana provocada por la guerra, se suman a la crisis climática y de pérdida de biodiversidad que ya afronta Andalucía. Por tanto, el gobierno que emane de estas elecciones tiene el deber de abordar con mucha más decisión y de manera transversal tanto la crisis ecológica como la creciente desigualdad social. Llegó, pues, la hora de votar por nuestra salud y la del planeta.

Llegó la hora de votar por nuestra salud y la del planeta

Por todas estas razones, en Greenpeace consideramos fundamental tener interlocución con los agentes sociales y políticos de Andalucía. Para ello, hemos elaborado un documento  de propuestas para las próximas elecciones. Estructurado en seis grandes ejes, esta batería de propuestas llama la atención sobre la necesidad de reducir emisiones y transformar el sistema energético andaluz, sobre la urgencia de transformar el transporte, sobre la necesidad de conservar la biodiversidad, sobre el necesario cambio de modelo agroalimentario andaluz, sobre cómo deben ser gestionados los fondos de recuperación económica y sobre fiscalidad verde.

Renovables en Andalucía: hagámoslo bien porque no hay tiempo que perder.

Andalucía es la comunidad autónoma que más Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitió del estado español. Y aunque tiene un altísimo potencial de producción de energías renovables, alberga aún hoy numerosas infraestructuras de combustibles fósiles. Por eso, necesitamos una normativa que facilite la implantación de las energías renovables que no vaya en detrimento de la protección del medio ambiente y de los pueblos en los que se van a instalar. Para eso es fundamental poner a la sociedad andaluza en el centro de la política energética, con medidas para la participación ciudadana en la toma de decisiones, la financiación y el reparto de beneficios y costes de la necesaria transición energética.

Transformar el transporte para descarbonizar la movilidad

Un dato demoledor. El 99% del transporte de mercancías de Andalucía (toda la fruta, verdura y otros productos que esta tierra exporta) se realiza por carretera. Andalucía arrastra una situación desigual histórica en lo que a infraestructuras ferroviarias se refiere que ha condenado a la desconexión de gran parte de su territorio y a que se produzca esa situación para el transporte de mercancías. A eso se le suma el reto de convertir sus ciudades en espacios libres de humo. Pero el problema real viene en el cambio de hábitos. Necesitamos movernos menos, de forma diferente al coche privado y de manera más eficiente. Y para ello, el reforzamiento de los sistemas públicos de transporte son fundamentales.

Biodiversidad y ecosistemas, piedras angulares del desarrollo de nuestra sociedad.

Aunque Andalucía tiene una amplia red de espacios protegidos, no significa que no estén amenazados. Andalucía ha realizado una serie de reformas que, bajo el pretexto de la simplificación administrativa, han sido un retroceso en lo que a protección ambiental se refiere.  Ni siquiera espacios como Doñana, que goza de todas las figuras de protección que se puedan tener, se libra de ello. Durante la legislatura pasada se presentó una Proposición de Ley para amnistiar a los agricultores ilegales que ocupan una superficie equivalente a 1.460 campos de fútbol de cultivos de fresas bajo plástico en el entorno de Doñana.

26/11/2021. El Rocio, Huelva, Andalucía, España.
La mala gestión del agua podría hacer escasear este recurso en las próximas décadas, siendo fundamental para nuestra supervivencia.
©Greenpeace/Pedro Armestre

Cambiar el modelo agroalimentario: Agroecología y soberanía alimentaria.

No se puede frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la sequía ni la despoblación y el abandono rural si no actuamos sobre el modelo agroalimentario. Debido a la importancia del sector agrícola en Andalucía, uno de sus principales retos está en la gestión del agua. Andalucía tiene que repensar cuánto, cómo y para qué riega.  Por otra parte, tiene otra asignatura pendiente con la ganadería industrial. Con una cada vez mayor cabaña ganadera que, asociada al uso masivo de fertilizantes sintéticos, nos están dejando un agua de mierda.

Fondos de recuperación económica, una oportunidad única para el cambio

Ninguna reforma, medida o proyecto financiado con fondos europeos para la recuperación debería ejercer presión sobre los ecosistemas, producir mayores emisiones contaminantes, prolongar la vida de combustibles fósiles como el gas, ni generar desigualdades sociales o territoriales. Sin embargo, a lo largo de la última legislatura en Andalucía, tres decretos de simplificación administrativa han menoscabado la capacidad de protección ambiental bajo la excusa de la facilitación de la inversión.

Fiscalidad verde

El principio de “quien contamina paga” es una de las estrategias fundamentales para la política ambiental y en Andalucía tenemos claros ejemplos de que no se ha aplicado. Desde el Algarrobico a los Fosfoyesos, desde Almería hasta Huelva, encontramos casos de empresas y corporaciones que se han “ido de rositas” tras contaminar nuestros suelos o degradar nuestros ecosistemas. La fiscalidad verde no debe tener como objetivo un incremento global de la recaudación, sino favorecer una economía más sostenible y actuar de garante de protección.

En más de una ocasión hemos dicho que nos gustaría que los colores de la bandera de Andalucía realmente representaran el verde y el blanco que las políticas que nuestra sociedad y nuestros ecosistemas necesitan. Por desgracia, por ahora tenemos mucho lirili y poco lerele. Sin embargo, está en nuestras manos que esto cambie.  Por eso te pedimos que el próximo 19 de junio votes pensando en el planeta, en la tierra, en la salud. Por una Andalucía verde y blanca; por una Andalucía ecológica y socialmente justa.