Medidas como elevar el impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina que ha presentado el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado suponen un avance pero no es suficiente. España sigue a la cola en el uso de medidas fiscales verdes, ocupando el puesto 25 en cuanto a menor fiscalidad ambiental de la UE-28.

Es necesaria la puesta en marcha de una reforma fiscal que integre la fiscalidad verde, cuyo fin no sea recaudatorio, sea justa con los más desfavorecidos, integre el principio de quien contamina paga y sobre todo incentive los cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de visto ambiental.

En esta línea, las principales organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) presentan hoy el informe “Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible” con 30 propuestas de fiscalidad ecológica que introducen criterios ambientales a impuestos ya existentes: como el IVA , el IRPF o la tasa sobre hidrocarburos, describen nuevas medidas que gravan actuaciones perjudiciales para el medio ambiente e introducen una reforma ecológica en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.

En un contexto de creciente desigualdad, tanto en el reparto de la riqueza como en la responsabilidad hacia los principales problemas ambientales, esta fiscalidad debe ser parte de una política ambiental, económica y social más amplia que sirva para reducir esta brecha. Por eso las propuestas fiscales ecologistas hacen especial hincapié en que se centren esfuerzos en la adaptación de las familias más vulnerables para forjar el camino hacia un modelo basado en la justicia social y ambiental que garantice que los agentes económicos con mayor impacto en el medio ambiente sean los principales contribuyentes a las arcas de los impuestos verdes.

Del mismo modo resulta imprescindible que la recaudación obtenida de esta política fiscal se destine íntegramente a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

Dada la situación de urgencia ambiental en la que nos encontramos necesitamos una fiscalidad ecológica para luchar contra el cambio climático y la contaminación, para acelerar la transición hacia un modelo 100% renovable, para lograr una movilidad sostenible y para preservar la biodiversidad. En definitiva para dar el salto a un modelo más sano y sostenible que contribuya a la protección del medio ambiente y a la mejora de la justicia social.