En las últimas dos décadas, el modelo de ciudad por el que ha apostado Madrid ha catapultado a la urbe en el ranking europeo de desigualdad: hace ya años que Madrid es la capital más segregada de Europa (con grandes diferencias entre los barrios más ricos y los más pobres) y la segunda más desigual (donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres, más pobres). La consecuencia de esta situación se resume en un dato espeluznante: la esperanza de vida de la población del barrio más vulnerable de la capital es hasta diez años menor que la del barrio con más recursos. 

En el ámbito de la atención primaria existe una sólida conciencia de que el código postal tiene más relación con la salud que el propio código genético. La pobreza y la desigualdad son factores que inciden de manera determinante en la buena o mala salud de las personas, condicionando su tiempo y calidad de vida. Características como el nivel de hacinamiento residencial o el nivel de paro, la disposición de zonas verdes cercanas o el funcionamiento de servicios públicos básicos, son indicadores clave de análisis para generar políticas eficaces de prevención sanitaria. Así pues, si los condicionantes sociales tienen una relación tan directa con la salud pública, ¿no deberían tener las medidas sociales un mayor protagonismo para tratar de reducir el actual incremento de contagios?

La propagación de la COVID-19 tiene mucho que ver con la forma de habitar nuestras ciudades. Por ejemplo, la movilidad de personas y virus es muy diferente dependiendo del lugar en el que se viva. En los barrios y municipios del sur hay una gran cantidad de personas con empleos presenciales, como la hostelería o la construcción que no permiten teletrabajar, y que tienen que desplazarse a zonas del norte donde se concentra buena parte de la riqueza económica. Además, en los barrios del sur hay menos espacios públicos de calidad: pocas zonas verdes o aceras estrechas que dificultan mantener la distancia de seguridad.  

Esta creciente segregación por barrios no solo es injusta, sino que hace que la sociedad sea menos resiliente a los grandes impactos que tienen las epidemias o ciertas consecuencias del cambio climático, como las sequías o las inundaciones. Para revertir esta tendencia, no se necesitan medidas que profundicen en esta brecha, sino que la subsanen. 

Parece lógico pensar que, en lugar de confinar a la población de los barrios más vulnerables, se deberían enfocar los esfuerzos precisamente en dotarlos de más recursos para hacer frente a la propagación del virus. En este sentido, tal como ha comunicado la Asociación Madrileña de Salud Pública, las medidas excepcionales que hoy entran en vigor en algunas zonas de la Comunidad de Madrid son insuficientes y, en algunos casos, resultan contraproducentes, desenfocadas, estigmatizantes y de dudosa efectividad. 

Los casos de COVID-19 están aumentando de forma preocupante en todas las ciudades del país, no es algo exclusivo de ciertos barrios. Por ello, se necesitan ciudades seguras e inclusivas, que no dejen a nadie atrás independientemente de su origen, del sitio donde viva o el tipo de trabajo o nivel económico que tenga. Solo se podrá aplanar la curva de contagios reduciendo las injusticias sociales, porque son las sociedades más equitativas y cohesionadas las que han demostrado estar más preparadas para afrontar los grandes retos, tanto los presentes como los que vendrán.