Hace tres años que comenzó la guerra de Yemen. Desde entonces, Yemen está repleto de dolor, de hambre, de enfermedad y de sistemáticas y gravísimas violaciones del derecho humanitario internacional. Además, se trata de una guerra que está llena de secretos.

Respecto a Yemen y las consecuencias de la guerra sabemos muchas cosas: que es un país con poco más de 29 millones de personas, de las que 22,2 millones necesitan asistencia humanitaria, que 3 millones de ellas se han visto desplazadas de sus hogares y que, al acabar 2017, se habían contabilizado 9.245 muertes de civiles y 52.807 heridos. También sabemos que en estos años se han sucedido ataques y bombardeos sobre población civil por parte de ambas partes del conflicto y un bloqueo de puertos y aeropuertos que ha agravado la situación, todo ello graves violaciones del derecho internacional. En resumen, que 3 años después, el conflicto en Yemen ha provocado la peor crisis humanitaria causada por la acción humana que existe en la actualidad, según Naciones Unidas.

Sin embargo, sabemos muy poco de otras cosas. Hay secretos que no están al alcance de la ciudadanía y, ni siquiera, al alcance de los Diputados y Diputadas del Congreso porque son secretos oficiales. Desde 2015, con los datos actuales se ha podido saber que entre 2015 y junio de 2017 España autorizó 202 licencias de exportación de armas a países miembros de la coalición saudí que bombardea Yemen desde marzo de 2015. El importe de las exportaciones realizadas ha sido de 1.229 millones de euros

Estas exportaciones preocupan especialmente por el riesgo de que estas armas contribuyan a cometer o facilitar las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. De hecho, serían ilícitas según la legislación en materia de control de comercio de armas. ¿Están las empresas españolas haciendo negocios multimillonarios vendiendo armas para matar civiles en Yemen con la autorización del Gobierno? Esta es la parte de los secretos. La Ley de Secretos Oficiales vigente, que data de 1968, se ha utilizado institucionalmente para que no podamos obtener respuesta a esta pregunta, mientras mantiene un lucrativo y oscuro negocio para el sector y el Gobierno escapa de rendir cuentas.

Por eso, es una buena noticia que se haya desbloqueado la reforma de la Ley de Secretos Oficiales en el Congreso esta semana. Medio siglo después de su aprobación ha llegado el momento de adecuarla a los estándares democráticos de transparencia e internacionales de derechos humanos.

No debe ser sólo maquillaje. Más allá de plazos sobre cuándo debe desclasificarse la información confidencial, la nueva Ley de Secretos Oficiales tiene que asegurar que cualquier clasificación está justificada, porque se motiva previamente; y justa, no limita el acceso a información para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos como los que están sucediendo el Yemen. La clasificación de información debe ser la excepción evitando las clasificaciones genéricas como sucede actualmente. ¿Secretos? ¡Solo los justos!