Cinco años después de su anuncio, hoy 13 mayo se ha aprobado finalmente en el Pleno del Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una Ley necesaria y largamente esperada que sin embargo ha perdido una oportunidad clave para abordar con ambición la emergencia climática.

El proceso ha sido largo y ha supuesto un gran esfuerzo, no solo para el Gobierno y el Parlamento, también para la sociedad civil que, como en el caso de Greenpeace, junto con el conjunto de organizaciones ecologistas hemos tratado de influir en todo el proceso y presentado numerosas enmiendas para reforzar el texto de la Ley. No siempre con el mismo éxito.

A continuación valoramos en 10 puntos una Ley que definimos como descafeinada y que con sus luces y sus sombras será el punto de partida para afrontar la crisis climática en uno de los países de Europa más vulnerable al cambio climático.

1) Escasa ambición para afrontar la emergencia climática.

Uno de los aspectos más importantes de una Ley de Cambio Climático es determinar unos objetivos climáticos ambiciosos. En este sentido la Ley nos ha fallado. El objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (que la ley marca en un 23% para 2030 respecto a 1990), es un objetivo insuficiente para luchar de forma decidida contra la emergencia climática. Para garantizar que España cumple lo que le corresponde para contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5 ºC el objetivo debería haberse elevado hasta al menos un 55%. Eso sí, la Ley indica que la cifra se revisará al alza en 2023.

2) Puerta abierta a los combustibles fósiles.

Otro de los aspectos más controvertidos de La Ley es que da rienda suelta a la posibilidad del uso indiscriminado de “combustibles alternativos” en todo el sector transporte y permite la promoción del gas fósil para el transporte por carretera. Este punto, que inicialmente pretendía dar una solución transitoria solo al sector aéreo, extiende el uso de determinados combustibles también a la automoción, demorando la necesaria electrificación del automóvil y reduciendo la disponibilidad de dichos combustibles alternativos.

3) La eficiencia energética y rehabilitación de edificios para potenciar la descarbonización.

La Ley ha ido reforzando este punto dando más peso a la rehabilitación energética incluyendo en su texto la eficiencia, la gestión de la demanda, la promoción del autoconsumo y su orientación a fijar las medidas para la población más vulnerable, vital para el empleo y clave en la recuperación verde. La ley especifica que el gobierno tendrá que elaborar un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana. Desde Greenpeace pedimos que sea ambicioso en los objetivos de ahorro energético, y tenga un objetivo adicional en el que al menos el 30% de las viviendas rehabilitadas sean de población vulnerable.

4) Prohibición de las prospecciones y minería de uranio.

La ley acaba con las actividades de exploración o explotación de yacimientos de combustibles fósiles, lo que determina una señal clara respecto al uso de estos combustibles, la otra cara de la moneda es que podrán explotarse los existentes hasta 2042. En su paso por el Parlamento la Ley mejoró con la ampliación del artículo 8, que incluye la prohibición de las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio y que acaba con la minería de uranio en Extremadura.

5) Movilidad sostenible todavía por concretar.

La entrada en vigor de la Ley tendrá ya medidas que se podrán ver de forma directa en aquellas poblaciones con más de 50.000 habitantes que deberán contar con Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023, siguiendo el ejemplo de Madrid Central o la ZBE de Barcelona. Esta figura, presente en más de 250 ciudades europeas, puede ser eficaz para reducir la presencia de automóviles siempre que se fijen unos criterios ambiciosos, que aún están por definir. El texto también anuncia el fin de los vehículos con motor de combustión, una buena noticia que se ve empañada por el retraso en su implementación. El horizonte 2040 resulta obsoleto cuando Europa ya apunta hacia 2035, y aún está muy lejos de la necesaria fecha del 2028. La ley detalla algunos elementos más sobre transporte y movilidad que tendrán que desarrollarse y concretarse en la futura Ley de Movilidad.

6) Ecosistemas resilientes para el reto demográfico.

La Ley resalta las externalidades positivas que proporcionan los sumideros de carbono terrestres y marinos (carbono azul), y especialmente los servicios ecosistémicos que proporcionan los sectores agrario y forestal, por lo que es un avance en una buena dirección que necesita concreción. Además, la planificación y gestión del medio marino se orientarán al incremento de su resiliencia a los efectos del cambio climático, especialmente importante en la gestión de la costa que deberán adecuarse a las directrices y medidas contempladas en la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático. La Ley también avanza concretando un mecanismo para que el necesario desarrollo de las energías renovables no tenga impactos negativos en la biodiversidad a través de un mapa de zonas de exclusión.

7) Contratación pública y dieta alimentaria para luchar contra el cambio climático.

La ley contempla medidas de contratación pública, entre las que incluye prescripciones técnicas de criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono en los pliegos de contratación. Además señala la dieta alimentaria como un elemento para la lucha contra el cambio climático, un buen avance al que le falta concreción y una apuesta de verdad por la alimentación sana y sostenible, ya que, la referencia a elementos “frescos o de temporada” no evita que estos alimentos pueden venir de la destructiva agroindustria.

8) Avances en el sistema financiero.

El texto incluye algunos avances en aspectos relacionados con las finanzas climáticas, como la obligación de que el sector financiero y las empresas presenten un informe anual en el que se haga una evaluación de los riesgos asociados al cambio climático, o que las entidades de crédito tengan que publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París. Aunque el mayor avance de la Ley en este sentido es la obligatoriedad del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de elaborar un informe sobre el grado de alineamiento con el Acuerdo de París y de la normativa de la Unión Europea basado en escenarios futuros que tendrán que presentar al Parlamento cada dos años.

9) Necesidad de una reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde.

La fiscalidad es un pilar básico para la recuperación verde y justa que se ha incluido en la ley en el último momento y se ha visto escasamente reflejada en el texto condicionada a la recuperación económica: La única concreción ha sido la creación de una Comisión de expertos para comenzar con el diagnóstico. Necesitamos una profunda reforma fiscal en que redistribuya la riqueza y sea progresiva y el desarrollo de una fiscalidad verde que aplique el principio de ‘quien contamina paga’ e incentive los comportamientos más sostenibles

10) Compromiso presupuestario.

La ley establece que al menos un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, (equivalente al acordado en el marco Financiero Plurianual de la Unión Europea) deberán tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. Este porcentaje que en un principio se fija en un 30% se debería aumentar un mínimo de un 40%. También indica que el Gobierno lo revisará al alza, antes del año 2025. Estaremos vigilantes del compromiso en los próximos presupuestos. Sin embargo , en cuestión de financiación la ley sigue dando una de cal y otra de arena, permitiendo que se utilice hasta un 25% de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión para compensar a las industrias para que sigan contaminando.

06/12/2019. Puerta de Alcalá, Madrid, Comunidad de Madrid, España. Coincidiendo con la cumbre climática de la ONU en Madrid (COP25) ha tenido lugar una manifestación a favor del clima en Madrid desde Atocha hasta Nuevos Ministerios.  ©Greenpeace/Pedro Armestre

Han quedado fuera muchos aspectos que habrían reforzado el texto de la Ley, empezando por la ambición en objetivos, la inclusión de otros sectores como agricultura, objetivos vinculantes para comunidades energéticas o la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura industrial. La prohibición de la publicidad de combustibles fósiles o incluso la prohibición de vuelos que puedan ser sustituidos por viajes en tren de menos de 2 horas y media, como ya contemplan otras leyes que se están elaborando desde Europa.

Estamos en un momento crucial para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con el 1,5º. La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es un punto de partida mucho menos ambicioso del que necesitamos y tenemos que seguir trabajando para que la concreción de la Ley nos permita abandonar de una vez los combustibles fósiles y avanzar con urgencia en la transición ecológica y en una recuperación justa y verde.