La mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad. Mientras la Administración responsable de su control no ofrece datos públicos, no es transparente con este asunto, ni tampoco utiliza los mecanismos para atajar el problema desde la raíz.

Sólo conocemos un dato de 2006 y otro del 2017 de manera no oficial, pero el número de pozos ilegales podría ascender a más de un millón. Por ese motivo, hemos realizado una investigación para sacar esto datos de captaciones ilegales a la luz, realizando peticiones de información en portales de transparencia a la Administración e incluso ayuda ciudadana. Nuestro objetivo es saber exactamente el número de pozos ilegales y poner sobre la mesa cómo el robo del agua provoca que mientras uno se quedan sin agua, otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la Ley.

España ha mantenido una política hídrica basada en satisfacer cualquier demanda de agua, por insostenible que esta sea, a base de infraestructura hidráulicas (embalses, trasvases…). El país cuenta con más de 1.200 embalses, que segmentan la práctica totalidad de los cauces con la graves consecuencias ecológicas. Esto nos sitúa como el quinto país del mundo con mayor número de grandes presas y el primero en número de embalses por habitante y kilómetro cuadrado, con una capacidad de almacenar 55.981 hm3.

Sin embargo, esta ingente capacidad de guardar agua “en superficie” está actualmente en jaque debido al crecimiento desorbitado de la demanda. Es responsable de ello un sistema de regadío sobredimensionado, pero también los usos urbanos e industriales que aumentan año tras año. Se plantea actualmente una crisis en el sistema, que se agravará debido a la disminución de las precipitaciones y la elevación de las temperaturas como pronostica la ciencia a consecuencia del cambio climático. Por el momento dicha situación está impidiendo dar un uso sostenible del agua y mantener nuestros ecosistemas acuáticos en buen estado ecológico. A pesar de las lluvias de las dos últimas semanas que pudiera parecer que el problema está resuelto, sin embargo, la sequía sigue siendo la más severa del siglo.

La semana pasada la Fundación Fomento y Gestión del Agua (FFGA) constituida por expertos hidrogeólogos anunciaba que el volumen total de agua contenido en los acuíferos en España podría ascender a 400.000 hectómetros cúbicos. Unas 7 veces más capacidad que la de los embalses. Pero de la que solo se podría usar de forma sostenible unos 35.000 hm3 el recurso renovable. Aún así no es lícito plantearse el uso de las aguas subterráneas sin saber cuánto se está robando, pues no hay datos reales del número de pozos ilegales en nuestro territorio.

Desgraciadamente la actual situación de desgobierno y falta de control en la extracción de agua subterránea pone en serio peligro auténticas reservas estratégicas de agua. Los únicos datos oficiales que se manejan sobre el tema, datan de 2006. Estos inventarían al menos 510.000 pozos ilegales que extraerían más de 3.570 hm3/año, el consumo equivalente a una población de 58 millones de personas. El propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 2017 de forma no oficial, elevaba esta cifra a más de 1.000.000 de pozos ilegales, que podrían estar extrayendo al menos 7.000 hm3/año.

Según datos oficiales del Instituto Geológico y Minero de España, actualmente el 44% de las masas de aguas subterráneas está en mal estado cuantitativo y/o químico (sobreexplotados y/o contaminados). Una cifra que, de no controlarse seguirá aumentando y pondrá en serio peligro el abastecimiento humano, y la supervivencia de todos los ecosistemas peninsulares.

Por ello, es imprescindible frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles. Luchar contra el deterioro de las masas de agua (subterráneas y superficiales), y combatir con todas las armas legales la apropiación y sobreexplotación de acuíferos y cauces. Cabe recordar que la extracción ilegal es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión.

Fuente: IGME (Instituto Geológico y Minero de España) / elaboración propia