Global Witness acaba de presentar su informe anual «¿A qué precio?». Según el mismo, al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en el 2017.

Otro año más, peor que el anterior. Durante el año pasado aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la agricultura y el acaparamiento de tierras para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de productos de consumo y uso diario. Además, según la organización la cifra real de asesinatos es seguramente mayor.
El informe señala a Brasil como el país más peligroso para los activistas, sólo en 2017 hubo 57 homicidios. Le siguen otros países como Filipinas, con 48. Destacan los casos México y Perú donde en 2017 aumentaron significativamente los asesinatos, al pasar de tres a quince y de dos a ocho, respectivamente.

Entre los principales ámbitos de las agresiones, el sector agrario adelanta por primera vez al minero y se convierte en el más sangriento, con, al menos, 46 asesinatos relacionados con esta actividad. La resistencia ante la caza ilegal también aumentó su peligrosidad en 2017, con una cifra récord de 23 asesinatos, la mayoría de ellos de guardabosques en el continente africano. A través de este informe, Global Witness denuncia que parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas, así como de las medidas de protección para personas defensoras.

Entre las víctimas figuran líderes y lideresas indígenas, dirigentes comunitarios y defensores del medioambiente. Estas personas fueron asesinadas o sometidas a amenazas de muerte, muchas sufrieron arrestos, ciberataques, agresiones sexuales y demandas judiciales. Por ejemplo, Hernán Bedoya que fue asesinado en Colombia, recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra las plantaciones de aceite de palma y de banano en tierras robadas a su comunidad. En Filipinas, ocho personas que se oponían a una plantación de café en sus tierras fueron asesinadas por militares y en Brasil, en uno de los mayores ataques de 2017, indígenas Gamela fueron violentamente agredidos por agricultores que usando machetes y rifles, dejaron 22 heridos de gravedad, algunos con las manos cortadas.
Latinoamérica y el peligro del activismo. El informe destaca que tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas. El 60 % del total de muertes durante el pasado año ocurrió en Latinoamérica.

¿Quién tiene responsabilidad en la protección de los y las defensoras? Los gobiernos, las empresas y los inversores tienen la obligación de dar apoyo y de asegurar la protección de los y las activistas que se encuentran en situación de riesgo. Las autoridades deben esforzarse por llevar ante la Justicia a los responsables de los ataques. Y para que todo esto sea posible, es imprescindible escuchar a las comunidades locales, respetar sus derechos y asegurar que las empresas operan de manera responsable.

Sin embargo, numerosas personas son asesinadas al tiempo que los gobiernos y las empresas dan prioridad a la obtención rápida de beneficios aún a costa de la vida humana. Como indican desde la propia organización, “muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados”. Sí, en esos estantes de los supermercados que nos son tan cotidianos.

A pesar de la dureza a la que se enfrentan, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la Tierra no va a desaparecer, solo se está fortaleciendo frente a las crecientes amenazas a su territorio y a su forma de vida. Quienes lo vemos en la distancia tenemos mucho que decir y hacer para proteger a las personas defensoras. Seamos conscientes de “a qué precio” están los productos que consumimos y tomemos decisiones coherentes. Así, nuestra presión puede cambiar las cosas y, sobre todo, salvar las vidas de quienes la arriesgan cada día para salvar nuestro medio ambiente.