Nunca choveu que non escampara. La frase la dicen a diario muchísimos gallegos y, para el lector del otro lado de O Cebreiro no cuesta entender su sentido figurado. Todo lo malo, por muy grave que sea, pasará tarde o temprano. La retranca no deja de ser un escudo. Sonreír, una forma de resistir. 

El sábado 22 de marzo no dejó de llover sobre la costa norte de la ría de Arousa y a nadie le importó. Los barcos (en medio de la flota, la lancha colorada de Greenpeace y un velero amarillo de nuestro voluntariado) zarparon en comandita, como si se tratara de una Virgen del Carmen adelantada al principio de la primavera. Una procesión de decenas de miles de paraguas acudió a recibirlos, arremolinándose en los muelles de A Pobra do Caramiñal. Hubo discursos, cánticos, banderas, viejas pegatinas de cuando se hundió el Prestige y Galicia dijo Nunca Máis, y muchísimas pancartas. En este pueblo coruñés, miles de personas, desde la tierra y sobre el agua, unieron sus gargantas para entonar un grito: ¡Altri non! 

La Xunta de Galicia acaba de conceder a la megafábrica de celulosa una declaración favorable de impacto ambiental (DIA). Su implantación en la comarca de A Ulloa avanza. Los plazos corren y el proceso, que arrancó en 2022, está entrando en un momento clave. Greenpeace no se ha quedado de brazos cruzados: el 14 de marzo, un grupo de activistas, en compañía de varios miembros de Ecologistas en Acción, mostraron su rechazo a la DIA en la sede que la Xunta tiene en Vigo, la ciudad más poblada de Galicia. “La DIA no es el final del proceso”, advierte Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia. Y añade: “La Xunta nos verá en la calle, en los procesos administrativos y también en los juzgados hasta que este proyecto sea desechado. Además, sin fondos públicos Altri nunca será una realidad. Esperemos que el Gobierno central tenga más sensibilidad que la Xunta con el medioambiente y con la sociedad gallega, que se ha movilizado como nunca —se han presentado 27.000 alegaciones, se han recogido más de 600.000 firmas— y tiene derecho a escoger qué modelo de desarrollo quiere para su país”.

Esa voluntad colectiva explica el éxito de la concentración del sábado. Una movilización que el gobierno autonómico ha tratado de desprestigiar calificando a los ciudadanos que protestaron, como “manipulados, manipuladores y desinformados”. “Quieren que los gallegos tengan menos industria y sean más pobres”, ha dicho María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía. 

No se eligió por capricho A Pobra do Caramiñal para protestar en voz alta. En las aguas de la ría de Arousa confluirán los efectos que provocará un macroproyecto impulsado por una multinacional con sede en Oporto, y que sería irrealizable si no se regara con los 250 millones de euros de ayudas públicas, incluidos fondos procedentes de Bruselas, que aspira a conseguir. Para entender el volumen de negocio de la pastera hay que fijarse en los dos sectores a los que alimentará su producción: el papel y, sobre todo, la fast fashion, la ropa que se compra, se usa y se tira. Dos paradigmas del consumo insaciable que morderán el corazón de Galicia. 

Si Altri se convierte en una realidad, la consecuencia más evidente será la sustitución de los bosques autóctonos que aún resisten en A Ulloa por el eucalipto, más rentable al crecer mucho más rápido que castaños o robles. También preocupa muchísimo la sed que se le presupone a la pastera: 46 millones de litros de agua dulce al día. Otros 30 millones de litros se devolverán al río Ulla; aún calientes por haberse utilizado en las calderas de una planta que ocupará una superficie equivalente a casi cuatrocientos campos de fútbol. 

Ese trasiego afectará, además de a flora y fauna, a espacios protegidos y a la actividad de las fincas que beben del río junto a la que se desarrollará un proyecto que, aunque vendido como “un ejemplo de economía verde y circular”, emitirá una gran cantidad de gases contaminantes. Cauce abajo, la polución terminará en la ría. Luego alcanzará el océano. El equilibrio de una cuenca fluvial, la del Ulla, que recoge las aguas de una zona de casi tres mil kilómetros cuadrados, está en serio riesgo.

Sobraban razones para que, a tiro de piedra de la desembocadura del Ulla, se reuniera el sábado gran parte de esas industrias, gallegas y sostenibles, a las que parece no mirar ni escuchar la Xunta. Gentes del interior y del litoral. Principalmente, quienes ponen los alimentos de esta despensa, verde y atlántica, en las cámaras frigoríficas y los estantes de comercios y supermercados. Ganaderos, agricultores, pescadores, mariscadores, bateeiros, conserveros, pero también empresarios y trabajadores del turismo y otros servicios (la economía local es una cadena que conecta frágiles eslabones), además de muchísimos ciudadanos anónimos con conciencia ecologista. A ella se agarran para evitar el desastre como se agarraban miles de manos a sus paraguas el sábado para soportar la lluvia mientras pedían vivir en una tierra libre de iniciativas públicas y privadas que envenenen el medio ambiente.