No queremos secretos. No queremos armas que se utilizan para matar civiles y violar los derechos humanos. Tampoco queremos un Gobierno que se esconde en lo primero, los secretos, para permitir lo segundo. Y esto podría solucionarse en el próximo Consejo de Ministros y Ministras. Me explico…

Este mes hará cinco años que comenzó el conflicto de Yemen. Cinco años que han tenido que pasar muy lentamente para las personas que viven en este país y que son atacadas de forma continuada por todos los bandos del conflicto. La guerra ya se ha cobrado más de 7.200 muertes y ha provocado la mayor crisis alimentaria mundial, con el 80% de la población necesitada de ayuda humanitaria urgente para sobrevivir. Además, esta crisis se agrava cada día por el bloqueo que la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos mantiene sobre Yemen. Según Naciones Unidas, este conflicto está provocando graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Ante esta catástrofe y para no perpetuar el sufrimiento de la población, Naciones Unidas recomienda a los estados “abstenerse de proporcionar armas que podrían emplearse en el conflicto”. ¿Y lo hacen? ¡No! Y España no es una excepción. Nuestro país sigue exportando armas y el Gobierno sigue autorizando nuevos envíos a países de la coalición saudí, a pesar de esta recomendación y de la prohibición expresa de exportar armas que puedan utilizarse en violaciones del derecho internacional, como recoge nuestra Ley de Control de Comercio de Armas.

El comercio de armas, de manera generalizada, está sumido históricamente en una atmósfera de secretismo al amparo de una ley franquista, la de Secretos Oficiales. Esta opacidad alcanza a las razones y garantías con las que se conceden las licencias de exportación, y si estas se realizan acorde con lo que establece la ley, lo que genera una impunidad de facto sobre el Gobierno.

Esta impunidad es inaceptable en una democracia sana. El Gobierno tiene aquí una asignatura pendiente y lo sabe. Pero aun así se lo recordamos. Desde Greenpeace, como parte de la coalición de Armas Bajo Control, hemos enviado una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente, Pablo Iglesias, donde pedimos que se acabe con el secretismo que envuelve al comercio de armas.

El Gobierno debería empezar por derogar el acuerdo del Consejo de Ministros que, en 1987, clasificó como secretas las licencias de exportación. Esto tiene que dejar de ser así de manera inmediata, lo que podría hacerse en el próximo Consejo de Ministros y Ministras si hay suficiente compromiso político.

Porque no queremos secretos, ni violaciones de derechos humanos, ni un Gobierno que se ampara en una ley franquista para seguir permitiendo la exportación de armas que matan civiles.