La reciente Conferencia de Niza deja avances para el Tratado Global de los Océanos, pero no logra frenar la amenaza de la minería submarina.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC), celebrada del 9 al 13 de junio en Niza, concluyó con un mensaje claro pero incompleto: la urgencia por proteger los ecosistemas marinos ha sido escuchada, pero aún queda mucho por hacer para frenar la amenaza que representa la minería submarina. La cita internacional, coorganizada por Francia y Costa Rica, ha acercado el objetivo de ratificación del Tratado Global de los Océanos, respaldado por 50 estados de los 60 necesarios, y ha abierto una nueva ventana de oportunidad para declarar zonas protegidas en aguas internacionales.

El océano, que cubre más del 70% de la superficie terrestre, es el mayor regulador climático del planeta y refugio de una biodiversidad crítica para el equilibrio de la vida en la Tierra. La promesa de proteger el 30% de sus aguas para 2030 está recogida en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, pero sin un tratado que permita crear santuarios marinos más allá de las fronteras nacionales, ese objetivo seguirá siendo papel mojado. El Tratado Global de los Océanos es la herramienta jurídica que puede hacerlo posible. En Niza, ese tratado estuvo más cerca de ver la luz, pero la urgencia del contexto exige más que buenas intenciones.

El freno que no llega: minería en aguas profundas

Uno de los temas más candentes en la agenda de la conferencia fue la minería submarina, una industria que amenaza con abrir una nueva frontera de devastación en zonas aún apenas exploradas de los fondos oceánicos. A pesar del consenso científico sobre los riesgos irreversibles que conlleva esta actividad —como la alteración de hábitats milenarios y la liberación de carbono almacenado en los sedimentos—, la comunidad internacional sigue dividida.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, fue contundente al advertir que “las profundidades marinas no deben convertirse en el salvaje oeste”. También el presidente francés Emmanuel Macron elevó el tono al afirmar que una moratoria sobre la minería de aguas profundas es “una necesidad internacional”. En esa línea, cuatro países más se sumaron en Niza a la petición de moratoria, lo que eleva el total a 37.

Pero ese respaldo político no se ha traducido en decisiones concretas. Marta Martín-Borregón, responsable de Océanos de Greenpeace, alertó tras el cierre de la conferencia de que “la ratificación del Tratado Global de los Océanos está al alcance de la mano, pero los avances logrados en Niza parecen vacíos, ya que concluye sin compromisos claros para detener la minería submarina. Los países deben ser valientes y situarse en el lado correcto de la historia”.

El foco se traslada ahora a la reunión de julio de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), el organismo de Naciones Unidas que regula las actividades en el lecho marino más allá de las jurisdicciones nacionales. En ella, los gobiernos tendrán la oportunidad de adoptar una moratoria vinculante. De no hacerlo, podrían abrir la puerta a proyectos como los impulsados por The Metals Company, una corporación con vínculos con el expresidente Donald Trump que busca explotar recursos minerales en zonas internacionales.

España, más cerca del 30%

En este contexto, el papel del Estado español ha adquirido un peso significativo. Durante la conferencia, el Gobierno anunció que declarará seis nuevos espacios protegidos, cinco de ellos bajo la figura de la Red Natura 2000 y un Área Marina Protegida (AMP) en el norte de Menorca. Esta última incluye la única zona de cría conocida del cachalote en el Mediterráneo occidental, una especie emblemática y amenazada.

Con esta ampliación, España se compromete a proteger el 25,7% de su superficie marina antes de que acabe 2025, un hito que, si se gestiona correctamente, consolidaría su posición entre los países líderes en conservación marina en Europa. Sin embargo, como ha recordado Greenpeace, no basta con acumular cifras.

“Desde Greenpeace reiteramos la necesidad no solo de seguir declarando espacios marinos protegidos para alcanzar unos porcentajes, sino de velar por que estos espacios cuenten, de una vez por todas, con planes de gestión eficaces”, subrayó Martín-Borregón. La falta de vigilancia, recursos o regulación clara convierte muchos de estos espacios en figuras meramente nominales, incapaces de revertir el deterioro de los ecosistemas marinos.

Un modelo alimentario que piensa en el mar

Más allá de las decisiones diplomáticas y los mapas de protección, Greenpeace ha aprovechado el contexto de la conferencia para presentar su Modelo de Alimentación Sostenible (MAS), un plan integral que conecta el estado de los océanos con nuestras prácticas de producción y consumo. En él se aborda el grave problema de la sobreexplotación pesquera: el 37% de los recursos pesqueros globales están sobreexplotados, según datos de la FAO, y más de dos tercios del pescado consumido en España proviene ya del exterior.

El informe propone una transición hacia sistemas alimentarios que reduzcan la presión sobre los océanos y fomenten la pesca artesanal sostenible. Uno de los pilares es la necesidad de garantizar un 30% de superficie marina protegida, bien gestionada, junto a un 10% con protección estricta. De cumplirse estas medidas, el caladero nacional podría incrementar su potencial de capturas en un 22% gracias al efecto reserva de las zonas protegidas. Lejos de ser una traba, la conservación es una herramienta para la resiliencia del sector pesquero.

En este modelo, el vínculo entre salud del océano, justicia alimentaria y sostenibilidad global se hace evidente. Reducir la pesca industrial es una necesidad ambiental, pero también una apuesta estratégica por la soberanía alimentaria y la protección del empleo vinculado a la pesca artesanal y local.

Falta voluntad política real

El Plan de Acción de Niza, presentado en el tramo final de la conferencia, reúne una declaración política general y una serie de compromisos voluntarios. Pero ninguno es jurídicamente vinculante. Se trata de un recordatorio de que, sin mecanismos legales y voluntad política real, los avances se diluyen con facilidad. La presión social, por tanto, sigue siendo imprescindible.

Julio será un mes clave. En la próxima reunión de la ISA se sabrá si las palabras de Guterres y Macron se traducen en una moratoria real sobre la minería submarina. Al mismo tiempo, las negociaciones del Tratado Global de Plásticos, también con impacto directo sobre los mares, continuarán su curso.

La ratificación del Tratado Global de los Océanos está cerca. Faltan solo 10 adhesiones para que entre en vigor. Una vez implementado, será el primer marco jurídico internacional capaz de crear Áreas Marinas Protegidas en aguas internacionales, donde hoy no existe ningún instrumento legal para frenar la destrucción.

El reto no es solo político, sino también de coherencia ética. Si se ha comprendido que los océanos son la piedra angular del equilibrio climático y de la biodiversidad, no se puede seguir permitiendo su expolio por intereses corporativos o estrategias extractivistas. Como advirtió Greenpeace tras la conferencia, “las buenas palabras deben traducirse en hechos”.

Protección, restauración, cooperación

La defensa de los océanos se ha convertido en uno de los frentes más complejos y urgentes del ambientalismo global. Frente a intereses industriales y dinámicas de consumo insostenibles, la ciencia, la ciudadanía y buena parte de la comunidad internacional están empujando en una dirección distinta: la de la protección, la restauración y la cooperación internacional.

El Tratado Global de los Océanos es una pieza fundamental en esa transformación. Pero su eficacia dependerá de su entrada en vigor, cuando sea ratificado por 60 países – previsiblemente, antes de finalizar el año-, y del compromiso firme de los Estados para aplicar sus herramientas, reforzar las moratorias necesarias y abordar de raíz las causas de la degradación marina.

Niza ha dejado claras las líneas rojas. La historia se escribirá en las decisiones que se tomen en los próximos meses. Frente a los que quieren convertir el fondo del mar en un nuevo campo de extracción y lucro, el mundo tiene la oportunidad de elegir otra vía: proteger lo que aún nos queda antes de que sea demasiado tarde.