• Decenas de miles de millones de euros destinados a defender la agricultura europea acaban enriqueciendo a los peces gordos del agribusiness: una élite del 10% acapara el 60% de las ayudas.

El pasado julio la Comisión Europea presentó la propuesta de los nuevos presupuestos europeos, así como la propuesta de la futura Política Agraria Común. En un contexto de agravamiento de la crisis climática y de biodiversidad, aumento de las desigualdades y encarecimiento de los alimentos, nos hemos preguntado si esa gran cantidad de dinero público destinado a la producción de alimentos en Europa está bien repartida. 

Más de 47.700 millones para el campo (de unos pocos)

El presupuesto de la PAC para España en el periodo 2021-2027 se corresponde con 47.724 millones, una cifra que debería servir para apoyar a los agricultores de nuestros campos. Sin embargo, la mayor parte del pastel se la tragan un puñado de grandes terratenientes y gigantes del agribusiness, no agricultoras y agricultores: más del 60% de las ayudas de la PAC acaban en un 10% de los bolsillos. Una élite se está forrando mientras las pequeñas explotaciones familiares, vitales para nuestro campo, se tienen que conformar con las migajas de la PAC.

La PAC o Política Agraria Común es una de las políticas públicas que más dinero distribuye. En el periodo 2021-2027 ha supuesto más de 381.000 millones de euros, es decir, el 25% del presupuesto total europeo para este periodo. Son recursos públicos que deberían orientarse a generar bienes públicos: garantizar alimentos saludables, sostenibles y con justicia social. Pero hoy, ese dinero refuerza privilegios heredados y nuevas formas de especulación agrícola.

¿Qué es la PAC?

Cuando se creó la Política Agraria Común, tras la Segunda Guerra Mundial, el hambre azotaba el continente europeo. Europa tenía hambre. La prioridad era clara: producir comida, mantener al campo vivo y garantizar ingresos dignos a quienes lo hacían posible. Este fue el inicio de esta política histórica, que reforma tras reforma, se ha llevado gran parte del presupuesto total europeo. Hoy representa aproximadamente un tercio del presupuesto de la Unión.  

Si bien la PAC ha contribuido a reforzar los ingresos de agricultoras y agricultores, hoy su reparto resulta profundamente injusto. Las ayudas directas, que se llevan dos tercios del presupuesto, benefician sobre todo a quienes más tierra poseen. Así, se consolidan dos tipos de privilegios: el histórico, familias con enormes superficies de terreno; y el modelo actual especulativo, vinculado a grandes empresas del agribusiness, tanto fondos de inversión como corporaciones, que adquieren grandes superficies de los terrenos más fértiles y productivos. Y ambos tienen algo en común: no necesitan apoyo económico, y sin embargo, son quienes se llevan la mayor parte del pastel.

Tanto tienes, tanto cobras

El meollo del problema es el diseño profundamente defectuoso de la PAC, distribuyendo así el dinero público en función de la cantidad de tierra que se posee, en lugar de hacerlo en función de la fijación de población o de la mejora de los ecosistemas que brinda su producción. Una distribución tan perversa está socavando la legitimidad social de esta política. Además, está alimentando las desigualdades sociales en las zonas rurales, contribuyendo a la industrialización del sector agrícola y a la destrucción de empleo, naturaleza y clima, lo que dificulta la viabilidad a largo plazo de la propia producción alimentaria.

«El meollo del problema es el diseño profundamente defectuoso de la PAC, distribuyendo así el dinero público en función de la cantidad de tierra que se posee, en lugar de hacerlo en función de la fijación de población o de la mejora de los ecosistemas que brinda su producción»

Cuanta más tierra posee un beneficiario, mayor es la cantidad de dinero que recibe. Además, estos pagos conllevan condiciones sociales y medioambientales mínimas, especialmente tras las recientes reformas de “simplificación” de la PAC en 2024 y 2025, que han empeorado aún más la situación al debilitar o eliminar requisitos medioambientales clave y afianzar un modelo de subvenciones injusto basado en hectáreas. Bienes públicos como ecosistemas saludables, aire y agua limpios, la protección del suelo y el bienestar animal, así como medios de vida justos y comunidades rurales dinámicas, son en gran medida ignorados.

¿Cómo está repartida la PAC en España?

Imagina a 10 personas sentadas en la mesa y una sola se come más de la mitad del pastel.  En España, si hablamos del dinero total de la PAC, el 1 % de los beneficiarios recibe el 28 % del dinero; el 10 % recibe el 62 %; y el 20 % acapara el 79 % del total. Es decir, la PAC mantiene una distribución muy desigual de las ayudas en España, en la que pocas empresas o perceptores reciben una parte desproporcionadamente grande de dinero.

«En España, si hablamos del dinero total de la PAC, el 1 % de los beneficiarios recibe el 28 % del dinero; el 10 % recibe el 62 %; y el 20 % acapara el 79 % del total»

Si hablamos de los pagos directos, aquellos que se dan directamente a los agricultores para preservar su renta y vinculados a la superficie de su explotación, vemos que en España el 20 % de los mayores beneficiarios se lleva el 74 % del dinero. Y el 20 % de las fincas más grandes posee el 75 % del área agrícola en España. Las pequeñas producciones se ven obligadas a crecer, o a cerrar. Entre 2007 y 2021, cerca del 36 % de las pequeñas explotaciones comerciales desaparecieron, aun siendo estas pequeñas producciones la columna vertebral de la agricultura española, representando más del 60% de las explotaciones en España.

¿Qué pide Greenpeace?

Actualmente, está sobre la mesa el debate sobre el Marco Financiero Plurianual, es decir, los presupuestos europeos, y la futura PAC. Si presionamos, podremos hacerla más justa y coherente con las crisis rural, climática y de biodiversidad que vivimos en la actualidad. Necesitamos que la PAC garantice que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan: las y los agricultores en situación más desfavorecida, los que cultivan en armonía con la naturaleza y los que estén dispuestos a cambiar a prácticas más sostenibles.

Más concretamente, la nueva PAC debería:

• Ir eliminando gradualmente los pagos directos no específicos basados en hectáreas, en el plazo de los dos próximos períodos de programación de la PAC, concediendo así a las y los agricultores el tiempo necesario para que puedan planificar la transición de sus explotaciones.
• Vincular los pagos a las necesidades y estructuras agrarias reales, priorizando ayudas a los ingresos de las explotaciones con mayor valor medioambiental y social.
• Establecer un sistema de pagos decrecientes —con subvenciones que disminuyan cuanto mayor sea el tamaño de las tierras agrícolas del beneficiario— y de límites máximos a las subvenciones agrarias que puede obtener un particular o empresa, en consonancia con los ingresos medios o el tamaño medio de las explotaciones agrarias en cada Estado miembro. 
• Destinar una parte sustancial del presupuesto de la PAC a apoyar actuaciones medioambientales y climáticas, y que se reserve al menos el 50% del presupuesto de la PAC para acción climática y ambiental antes de que finalice el actual periodo de programación.