Los nuevos objetivos de protección mundial deben desplazar el poder de las industrias contaminantes hacia los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Las señales de crisis no pueden ser más claras: incendios, inundaciones, sequías, pandemias, extinción de especies… La Tierra grita con todas sus fuerzas. Tenemos que escuchar y actuar.

Debemos defender el soporte vital del planeta contra la implacable codicia de las grandes corporaciones y redescubrir al ser humano como parte de la naturaleza, para las generaciones actuales y futuras. Restaurar el equilibrio requiere que los gobiernos presten atención al conocimiento de los pueblos que han escuchado y trabajado con la madre naturaleza durante generaciones, y que reconozcan y respeten los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Líder de la comunidad Bagyeli, en Camerún, en lucha contra la expansión de Sopacalm (Sociedad Camerunesa de Palmerales. © Micha Patault / Greenpeace

El problema es que, como siempre, la política está respaldada por la industria más contaminante. Los mismos sistemas destructivos que están despojando de vida a nuestros bosques y océanos están matando a los defensores del medio ambiente y poniendo a la gente en peligro. Para restablecer nuestra relación con la naturaleza, necesitamos un cambio sistémico en la forma en que producimos y consumimos alimentos, energía y recursos naturales.

En todos los niveles de gobernanza, desde una comunidad local hasta la cumbre de biodiversidad de la ONU, las decisiones pueden ayudar a una recuperación ecológica y justa de las crisis, generar resiliencia contra futuras epidemias y permitir que las personas y el planeta prosperen. A medida que los gobiernos acuerdan colectivamente los próximos pasos para la protección global de la naturaleza, está claro que necesitamos un plan mejor.

Proteger al menos el 30% de la tierra y los océanos para 2030 puede ser un componente importante en la recuperación planetaria. Es un objetivo ambicioso y medible. Es esencial una red de seguridad global que evite una mayor degradación de las eco-regiones críticas y podría reducir a la mitad el riesgo de extinción de las especies. Pero solo funcionaría si se descartan los modelos de conservación que ya han fallado a favor de reconocer la tierra consuetudinaria (los derechos tradicionales sobre la tierra de las comunidades indígenas) y reforzar los derechos de las personas. Esto es clave para que los países protejan la biodiversidad, luchen contra la desigualdad y alcancen sus objetivos climáticos.

Si bien muchos de los santuarios marinos más efectivos y altamente protegidos han sido defendidos y promovidos por las comunidades costeras locales, el objetivo de proteger el 30% de la tierra para 2030 produce una gran preocupación a grupos y activistas ambientales y de derechos humanos. Si se diseña sin la consulta adecuada y no se ejecuta correctamente, las áreas protegidas no brindan protección y además empeoran la situación para las personas, las especies en peligro de extinción y el planeta. El borrador post 2020 del Marco Global de Biodiversidad (GBF) carece de garantías creíbles para que esto no ocurra. El éxito dependerá de enfoques que promuevan la justicia y protejan la biodiversidad. El GBF debe reflejar eso.

Hemos visto cómo el poder de las personas puede hacer retroceder eficazmente a las empresas más codiciosas. En Cabo Pulmo, México, las comunidades locales aseguraron protección legal de su tierra y están recuperando la vida marina y los medios de vida. Con normativa e instrumentos, los pueblos indígenas han defendido sus territorios de la usurpación, invasión y explotación. Los estudios en Brasil muestran que esta es la forma más efectiva de salvaguardar los bosques y la biodiversidad en la Amazonía. Existe un gran potencial para proporcionar a las personas los medios para resistir la expansión industrial que está contribuyendo a la pérdida de especies, el colapso climático y el incremento de las desigualdades. Por ejemplo, los tediosos procesos burocráticos deben simplificarse en Indonesia y los pueblos indígenas que luchan por la gestión forestal comunitaria en la República Democrática del Congo deben recibir el apoyo suficiente como parte de nuevos y más ambiciosos objetivos de protección mundial.

Sin embargo, hay un lado muy oscuro de la conservación que comete violaciones de derechos humanos y claras atrocidades en su nombre. Es necesario ajustar cuentas mientras los gobiernos establecen sus metas para las áreas protegidas.

La llamada «conservación en fortificaciones», que desaloja a las personas de tierras que han sido el hogar de pueblos indígenas y comunidades locales durante generaciones, es éticamente problemática y ha tenido terribles consecuencias sobre el terreno. En la cuenca del Congo y en otros lugares, los eco-guardias armados financiados por donantes y organizaciones internacionales han acosado, abusado, violado y asesinado a la población local. Estas atrocidades no son incidentes independientes, son el resultado de un modelo de conservación fallido basado en el colonialismo que trata a las comunidades marginadas y dependientes de los bosques como una amenaza para la vida silvestre.

Este enfoque de conservación obsoleto debe descartarse por completo. No es una solución a la crisis planetaria a la que nos enfrentamos y debe descartarse antes de que los gobiernos busquen «formas fáciles» de cumplir los objetivos  30 × 30. Tiene que suceder rápidamente o existe un riesgo muy real de que veamos un auge en la conservación al estilo colonial que empuje a millones de personas a abandonar sus tierras.

Uno de los peores resultados de los objetivos de protección de la tierra sería una avalancha de proyectos de compensación o greenwashing -lavado verde- que permita a los estados y corporaciones con gran huella ecológica e importantes emisiones de gases de efecto invernadero retener su modelo de negocio insostenible mediante la inversión en áreas protegidas que se gestionan de forma vertical. Esto agravaría aún más la injusticia social, violaría los derechos y socavaría la dignidad y las vías de prosperidad para las comunidades locales e indígenas que son guardianes de la biodiversidad.

No viviremos en “armonía con la naturaleza”, como establece la visión del Convenio sobre la Diversidad Biológica, si echamos a la gente de su tierra y la hacemos inaccesible para el uso tradicional. No podemos remediar la inmensa destrucción de la explotación capitalista industrializada de la naturaleza colocando la carga de la reparación en quienes son menos responsables.

Para cambiar el rumbo de la destrucción de la naturaleza, los responsables de la toma de decisiones deben escuchar, apoyar y respetar a quienes han vivido cerca y durante mucho tiempo de ecosistemas saludables. Los gobiernos deben garantizar los derechos locales e indígenas de la tierra y el liderazgo en la planificación y gestión de las áreas protegidas. Y proporcionar instrumentos legales sólidos para defender estos derechos.

Las decisiones sobre la biodiversidad global nos afectan a todos y todas. Quienes las toman deben reconocer que las crisis del clima, de la biodiversidad y de las desigualdades sociales están interconectadas y deben promover un cambio de poder que permita a los guardianes de la biodiversidad ayudar a protegernos a todos.

Irene Wabiwa Betoko, responsable del Proyecto Internacional para la selva de la cuenca del Congo, Greenpeace Africa

Savio Carvalho, responsable de la Campaña Internacional de Alimentación, Bosques y Biodiversidad, Greenpeace Internacional

Editorial originalmente publicada en Al Jazeera, traducida por Pilar Marcos