Cuando vives en una gran ciudad, se puede tener la impresión de que todo lo que viene de Europa con respecto al sector agrario nos queda lejos. Sin embargo, las decisiones que se toman en la Unión Europea en ese sentido acaban afectándonos a nosotros también en lo que más nos duele: el bolsillo y la variedad de alimentos que encontramos en el súper.

La UE destina gran parte de su presupuesto a una de las políticas comunitarias más importantes, la Política Agraria Común (PAC). En teoría, ese dinero debería ir destinado a estabili­zar los ingresos agrarios, apoyar a las comunidades rurales y garantizar el suministro de alimentos sostenibles y saludables en Europa; y en buena medida, así es. Sin embargo, esta política agraria tiene actualmente «un diseño profundamente defectuoso», comenta Helena Moreno, coordinadora de campaña de sistemas alimentarios sostenibles en Greenpeace España.

En el informe ¿Quién se lleva el dinero de la PAC? elaborado por la organización, se pone en evidencia que el 10 % de los beneficiarios se quedan con el 62 % del dinero público. La mayor parte de esas ayudas públicas van a parar a grandes terratenientes o grandes corporaciones del agribusiness, reforzando privilegios heredados y nuevas formas de especulación agrícola. De esta manera, se pervierte el espíritu de la PAC, unos recursos públicos que deberían orientarse a generar bienes también públicos: garantizar alimentos saludables, sostenibles y con justicia social. 

Aunque no se trata de demonizar a las grandes explotaciones, sí es algo que debe ser remarcado. «Es una distribución tan perversa que está socavando la legitimidad social que tiene esta política y está alimentando desigualdades rurales y contribuyendo a una industrialización del sector agrario. Esta industrialización genera destrucción del empleo, de la naturaleza y del clima, lo que dificulta la viabilidad a largo plazo de la propia producción alimentaria, porque no hay producción agraria sin naturaleza», aclara Moreno. 

«Esta política debe priorizar sobre todo el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones de agricultura familiar, personas y familias vinculadas al territorio que viven en las zonas rurales y que producen de una manera menos intensiva —aclara la coordinadora de campaña de sistemas alimentarios sostenibles—. Son ellas las que vertebran el territorio, dan trabajo y producen de manera más armónica con la naturaleza. Una PAC bien dirigida debería apoyar la transición agroecológica y el acompañamiento de estas explotaciones hacía modelos más sostenibles, a la vez que apoyen su renta».

La transición agroecológica significa la implantación de prácticas que sean buenas para su producción y que mejoren el medio ambiente. Por ejemplo, aquellas que permiten la fijación de carbono orgánico, cuya consecuencia es una mejora en la fertilidad del suelo y el incremento de la biodiversidad, así como la mitigación del cambio climático. O la implementación de cubiertas vegetales en cultivos como el olivar, lo que permite retener más agua y reducir la erosión del suelo.

¿Cómo nos afecta cuando vamos al súper?

La respuesta es clara: en los precios y en la variedad y calidad de alimentos que podemos encontrar allí.

Helena Moreno aclara que, si esas ayudas que van a parar mayoritariamente a grandes terratenientes y grandes empresas del llamado agribusiness no se reparten de manera más justa y equitativa, lo que ocurre es que se produce una mayor concentración y jerarquía de poderes en determinados eslabones de la cadena de producción. «¿Eso qué hace? Que ellos, esos pocos eslabones que están controlando diferentes partes de la cadena, vinculados a la producción, distribución, venta en el supermercado…, al final tienen un mayor control de precios sobre estos productos. Y puede haber una distorsión de estos precios».

En su opinión, esas ayudas públicas no están yendo a quienes realmente las necesitan, que son los pequeños y medianos agricultores. «Por eso decimos que desde la PAC se sigue fomentando esta concentración de poder con ayudas públicas; y eso lo que está haciendo es afectar directamente a los precios. Esas grandes empresas van aumentando sus cuentas y su poder de mercado con apoyo de políticas públicas, y a su vez, los pequeños productores se ven cada vez más asfixiados» y los alimentos llegan a los comercios con precios más elevados o impuestos directamente por esas grandes corporaciones. «Es decir, si la PAC fomenta la construcción de oligopolios también en la alimentación, lo que va a generar es que estemos atados de pies y manos a la hora de comprar alimentos», concluye Helena Moreno.

Además, la calidad de los alimentos también se ve afectada, ya que estos grandes grupos y terratenientes apuestan por producciones superintensivas vinculadas a monocultivos. Eso genera una uniformidad y falta de diversidad agraria y, finalmente, alimentaria. «Al consumidor le interesa más la calidad de los alimentos que la producción; que cuando comes un tomate sepa a tomate. Pero fomentar estas producciones superintensivas —que ahí lo único que se mira es la producción, producir más en menos tiempo, y sin tener en cuenta aspectos sociales o ambientales— genera que al final haya una pérdida de variedades con un altísimo valor cultural y gastronómico».

Moreno pone un ejemplo claro: el cultivo del olivo en esas grandes extensiones de terreno que están comprando grandes corporaciones en Andalucía y otros puntos de España apuesta por una o dos variedades de olivar en seto y con una intensificación en la fertilización y el uso de plaguicidas. El resultado es un aceite de oliva de menor calidad y una pérdida de valor gastronómico y cultural. «Es decir, al final nos van a llegar alimentos iguales, que se han producido rápido y mal, pero sin ningún valor cultural ni gastronómico. No con variedades locales adaptadas a las condiciones ambientales y seleccionadas por  los agricultores y agricultoras según sus gustos y su adaptación al medio. Lo que vamos a generar con esta concentración de poder es que haya una menor diversidad de variedades de productos en el supermercado, y finalmente, en nuestro plato».

Lo cierto es que realmente hoy no necesitamos producir más y más, sino que se repartan bien los alimentos existentes, así como que haya políticas públicas que permitan una alimentación sana, sostenible y asequible para toda la población. «Debemos fomentar una producción sostenible, adaptada al cambio climático (que será más intenso), que respete los recursos que tenemos y se reducirán a futuro (como el agua), que dé empleo y fomente la diversidad de productos y la biodiversidad en los ecosistemas (como aves, polinizadores, microorganismos en el suelo…)», advierte la coordinadora de campaña de sistemas alimentarios sostenibles en Greenpeace.

Los cambios que la política agraria común necesita

Helena Moreno lo tiene claro: «Necesitamos que la PAC garantice que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan: las y los agricultores en situación más desfavorecida, los que cultivan en armonía con la naturaleza y los que estén dispuestos a cambiar a prácticas más sostenibles».

Y para concretar aún más, lo que reclamamos desde Greenpeace es que la nueva PAC debería:

• Eliminar gradualmente el modelo actual de pagos directos vinculados a la superficie, en el plazo de los dos próximos períodos de programación de la PAC, concediendo así a las y los agricultores el tiempo necesario para que puedan planificar la transición de sus explotaciones.
• Vincular los pagos a las necesidades y estructuras agrarias reales, priorizando ayudas a los ingresos de las explotaciones con mayor valor medioambiental y social.
• Establecer un sistema de pagos decrecientes —con subvenciones que disminuyan cuanto mayor sea el tamaño de las tierras agrícolas del beneficiario— y de límites máximos a las subvenciones agrarias que puede obtener un particular o una empresa, en consonancia con los ingresos medios o el tamaño medio de las explotaciones agrarias en cada Estado miembro. 
• Destinar una parte sustancial del presupuesto de la PAC a apoyar actuaciones medioambientales y climáticas, y que se reserve al menos el 50 % del presupuesto de la Política Agraria Común para acción climática y ambiental antes de que finalice el actual periodo de programación.

«Se trata de fomentar un modelo u otro. Un modelo más de pequeña y mediana escala, con eslabones más cortos, con producciones más sostenibles, con más diversidad de variedades, sabores y colores, con mayor respeto a quien produce; o un modelo que prioriza la producción industrializada (con el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas), que no da empleo en las zonas rurales, que acapara tierras, agua y ayudas de la PAC y que no da riqueza a las zonas donde se asientan», concluye Moreno.