Gracias a la labor de todas las personas de los servicios esenciales y al compromiso ciudadano durante el confinamiento estamos avanzando en el camino de la recuperación de la COVID-19. Esta crisis sanitaria además de mucho sufrimiento por la pérdida de vidas, tendrá también grandes repercusiones económicas y sociales. Estamos ante un momento crucial para impulsar un cambio muy necesario y los gobiernos se deben plantear a qué van a destinar el dinero público: si a salvar las cuentas de resultados de las grandes empresas contaminantes o a velar por el bienestar social y medioambiental.

El dinero público tiene que favorecer el desarrollo económico sostenible y local

No podemos seguir repitiendo errores. Las inversiones públicas deben promover la transición ecológica para evitar crisis futuras y por ello es preciso no retomar la financiación pública de aquellas actividades que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y destruyen los recursos naturales, en especial los sectores de los combustibles fósiles, la energía nuclear, la agricultura y ganadería industrial, y los sectores del ladrillo y del hormigón. Es importante que el dinero público se destine a fines comunes que fortalezcan el tejido económico sostenible y local.

En estos días vemos con preocupación las demandas que suenan con fuerza desde diferentes sectores como el de la aviación o el del automóvil. El rescate de 14 grupos de aerolíneas europeas suma ya veintiséis mil millones de euros, y se calcula que ascenderá hasta ciento trece mil. Mientras, el rescate al sector del automóvil se prevé que utilizará un 10% del fondo de recuperación del que debe dotarse la UE.

En nuestro país tenemos encima de la mesa el préstamo a AENA y el aval del ICO a Iberia, que en su conjunto suman más de dos mil millones de euros sin que haya mediado ninguna de las condiciones que, deberían recoger estas ayudas en materia laboral, social y ambiental. Es imprescindible que cualquier intervención estatal sobre una compañía vaya acompañada de un plan de negocio que asegure su neutralidad climática y su desarrollo dentro de los límites de los recursos del planeta. Las empresas que no han hecho los deberes a tiempo no pueden utilizar la crisis de la COVID-19 como pretexto para infringir las ‘normas del juego’ que ya eran conocidas y aprobadas mediante mecanismos democráticos. La ambición climática debe aumentar y las normativas ambientales deben respetarse y endurecerse para hacer frente a la crisis ambiental.

Las empresas rescatadas no deberían tener beneficios

Vivimos una época muy complicada donde la sociedad debe asumir un importante esfuerzo para seguir adelante, por eso hay más condicionantes que se deberían cumplir. En este contexto, las empresas rescatadas no deberían poder emitir dividendos, aprobar bonos variables ni declarar beneficios en su cuenta de resultados. Lamentablemente esto está empezando a ocurrir y estamos viendo como empresas eléctricas y gasistas están repartiendo beneficios durante la crisis mientras que con dinero público tendremos que compensar el déficit de tarifa (lo que han dejado de ingresar las empresas por la bajada de la demanda de energía) que se estima que será de unos 1.000 millones de euros para 2020. No podemos repetir la vergonzosa imagen de directivos de empresas rescatadas cobrando bonos millonarios mientras la población más desfavorecida asumía la peor parte de la crisis. Del mismo modo, cualquier empresa o filial beneficiada por los planes de rescate no podrá operar en paraísos fiscales y deberá estar sujeta a estrictas regulaciones públicas, las cuales deberían permanecer más allá del periodo de rescate. Sólo mediante un sistema transparente podemos verificar que el dinero público cumple su función de beneficiar a la sociedad en su conjunto y no solo a las grandes empresas rescatadas.

El valor de lo público y lo común

Y por último, si algo nos ha enseñado esta crisis es que cualquier intervención estatal debe servir para: garantizar los derechos fundamentales, como son la sanidad, educación, vivienda, alimentación y los suministros básicos (electricidad, comunicaciones, agua adecuada para el consumo…) en especial para los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. La crisis de la COVID-19 ha constatado el fracaso de las políticas de austeridad que trajeron recortes sobre los servicios públicos. Ahora más que nunca se necesita invertir en sectores útiles para el cuidado de la vida y de las comunidades. Para ello hay que cuidar los activos públicos existentes, orientar las inversiones en el procomún y atraer la financiación mediante una fiscalidad verde que aplique el principio de ‘quien contamina paga’ destinado a incentivar los comportamientos más sostenibles. Las grandes fortunas y los grandes contaminadores son los que más tienen que contribuir.

Además, la salvaguarda de la población trabajadora es uno de las principales metas de los rescates públicos, por lo que garantizar sus condiciones de empleabilidad y salario es requisito imprescindible. La reconstrucción económica es una oportunidad para crear empleos dignos y sostenibles.

En definitiva no se trata de elegir entre salud o economía. La disyuntiva es elegir entre una economía centrada en la dignidad para todas las personas y en el medioambiente, o una economía especulativa con beneficios para una exigua minoría.

Notas