Entrevista a Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España

Durante décadas, la alta mar ha sido tierra de nadie: un espacio inmenso, clave para el clima y la vida en el planeta, pero gobernado casi exclusivamente por la lógica de la explotación. La entrada en vigor del Tratado Global de los Océanos cambia por primera vez ese paradigma. El nuevo marco legal permitirá crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales y regular las actividades humanas que se desarrollan en ellas.

El objetivo es claro: para que los océanos sigan siendo resilientes, al menos el 30 % de su superficie debe estar protegida en 2030. Hoy, en alta mar, no llegamos ni al 1 %. Hablamos con Ana Pascual, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace España, para que nos explique por qué este tratado es un hito histórico, cuáles son los riesgos de que se quede en papel mojado, qué amenazas siguen sobre la mesa y qué papel juegan Gobiernos y ciudadanía en una carrera contrarreloj para proteger algo tan básico como nuestra propia supervivencia.

¿Cuál va a ser el primero o el cambio más palpable para los océanos del planeta a partir de la entrada en vigor de este tratado?

El cambio más palpable que vamos a ver tras la entrada en vigor del Tratado Global de los Océanos (o Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés) es que, por primera vez en la historia, vamos a contar con un marco legalmente vinculante que permitirá proteger las aguas internacionales mediante la designación de áreas marinas protegidas, además de regular todas las actividades humanas que ocurren en alta mar. A día de hoy, menos del 1 % de las aguas internacionales están protegidas.

Dotar a los océanos de un marco legal de este tipo, ¿resultaba la medida más crucial para su supervivencia?

Las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional enfrentan muchas y diversas presiones de origen antropogénico, es decir, causadas por el ser humano, como son las prácticas pesqueras destructivas, la contaminación y el cambio climático, que, de forma acumulativa, ponen en peligro la salud y la resiliencia del océano. 

Aunque ya existían órganos reguladores, tanto regionales como sectoriales, para ciertas actividades en alta mar —como son las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA)—, ninguno de ellos estaba orientado a la conservación de la diversidad marina, sino a la explotación de los recursos, y no han logrado proteger eficazmente los océanos.

La ciencia nos dice que necesitamos proteger al menos el 30 % de los océanos mundiales para 2030 para que sigan siendo resilientes y asegurar su salud a largo plazo. Crear santuarios en alta mar ayudará a detener el colapso de la biodiversidad marina y salvaguardar la seguridad alimentaria de los miles de millones de personas que dependemos del océano.

El tratado abre la puerta a proteger al menos el 30 % de los océanos para 2030, ¿es una meta realista?

Para poder llegar a esta cifra, necesitamos que los Estados parte del acuerdo trabajen de manera urgente en 2026 en la implementación del tratado, así como en la creación de la primera red de santuarios oceánicos en alta mar.

Aunque sabemos que se trata de un reto importante, los Gobiernos cuentan con mecanismos para acelerar los procesos y conseguir hitos que a priori pueden resultar difíciles o incluso imposibles, como hemos visto, por ejemplo, en determinadas crisis. En este caso, resulta esencial que así sea, pues estamos hablando de proteger algo tan fundamental para nuestra supervivencia y bienestar como son los océanos. 

Desde Greenpeace se habla de este momento como un hito histórico, pero también como un punto de partida. ¿Cuál es el principal riesgo ahora?, ¿que el tratado se quede en papel mojado?

Ahora mismo, tenemos una situación geopolítica complicada. Sin embargo, el tratado se aplicará a todas las actividades en alta mar, independientemente de que los Estados lo hayan ratificado o no. Además, el tratado sobrevive a las Administraciones actuales, lo que nos da esperanzas de que, en algunos casos, los países que no lo han hecho ya, ratifiquen el tratado en el futuro. Por otro lado, tras la entrada en vigor del tratado, debe celebrarse la primera Conferencia de las Partes (COP) de océanos, en el plazo máximo de un año, donde se examinará y evaluará la implementación del acuerdo. 

«Aún queda mucho por hacer y muchas decisiones por tomar, por lo que no nos podemos perder en un sinfín de negociaciones infructíferas. Debemos ser resolutivos y acelerar al máximo la declaración de los primeros santuarios marinos».

En su primera celebración, las partes tienen la tarea de aprobar el reglamento del acuerdo y de las instituciones que establece, así como las disposiciones necesarias para el funcionamiento de la secretaría, incluyendo la decisión sobre dónde establecer su sede. Ahora bien, debemos recordar que aún queda mucho por hacer y muchas decisiones por tomar, por lo que no nos podemos perder en un sinfín de negociaciones infructíferas. Debemos ser resolutivas y acelerar al máximo la declaración de los primeros santuarios marinos.

Uno de los grandes debates pendientes es la minería en aguas profundas. ¿Qué papel juega este tratado frente a esa amenaza y qué va a exigir Greenpeace a los Gobiernos?

Al igual que ocurre con las pesquerías de altamar y las OROP, el Tratado Global de los Océanos no regula la explotación minera submarina ya que es competencia de la ISA. No obstante, el tratado sí aborda la conservación de la biodiversidad de los fondos marinos de las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Por tanto, los países que sean parte tanto del Tratado Global de los Océanos como de la ISA tendrán ciertas obligaciones que deberán cumplir ahora que el tratado ha entrado en vigor, entre ellas la de promover los objetivos del tratado con la ISA. Respecto a la minería submarina, las partes deben garantizar que la ISA siga los procedimientos de la evaluación del impacto ambiental establecidos en el tratado.

Desde Greenpeace, exigimos a los Gobiernos una moratoria de la minería submarina para que esta destructiva actividad no suceda ni dentro ni fuera de los santuarios oceánicos que se declaren y prevenir así los daños inevitables e irreversibles que causaría.

¿Hay ya zonas concretas de alta mar que Greenpeace considera prioritarias para convertirse en santuarios marinos?

Hemos identificado cuatro áreas que consideramos prioritario proteger en 2026, que son:

• Zona de convergencia de las Corrientes de Canarias y de Guinea, en el Atlántico Norte;
• Mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte;
• Sur del Mar de Tasmania y Colina Lord Howe, en el Pacifico Sur;
• Cordilleras submarinas de Salas y Gómez y de Nazca, en el Pacífico Sur.

España ha ratificado el tratado. ¿Qué esperáis ahora del Gobierno español, tanto a nivel internacional como en casa?

Hasta ahora, el Gobierno español ha mostrado su compromiso con la protección de los océanos, siendo el primer estado europeo en depositar su ratificación ante la sede de Naciones Unidas, en febrero de 2025. Ahora necesitamos que siga siendo igual de ambicioso, y adopte, de manera ágil y efectiva, las medidas necesarias para asegurar la implementación del tratado en nuestro país, a la vez que lidera o apoya propuestas para la designación de las primeras áreas marinas protegidas en alta mar. 

Por otro lado, es fundamental que el Gobierno emplee todos los recursos a su alcance, como la diplomacia climática, para conseguir que más países ratifiquen el acuerdo, y contar así con el mayor consenso posible a nivel mundial, que resulta fundamental para su éxito. Además, le pedimos que defienda los objetivos del tratado cuando participe en los foros del resto de órganos reguladores, abogando por la adopción de medidas de conservación y de otro tipo que apoyen la creación de áreas protegidas. 

Cabe recordar que en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2025, 16 países, entre ellos España, apoyaron el lanzamiento de la Coalición Pioneros por los Océanos, un grupo de países que se comprometen a una firme protección de los mares mediante la implementación rápida y eficaz del tratado, la defensa de una pausa precautoria sobre la minería submarina en alta mar y el objetivo de proteger al menos el 30 % del océano para 2030.

En el estudio Del Tratado Global de los Océanos a la protección en alta mar se insiste en que proteger el océano es también proteger el clima y nuestra salud. ¿Cuál es la conexión que todavía nos cuesta más entender como sociedad?

Efectivamente, proteger los océanos es, en definitiva, protegernos a nosotras mismas. Los mares y océanos hacen —sin que seamos conscientes, en muchas ocasiones— grandes cosas por nosotras. Regulan el clima mediante el secuestro de carbono y la distribución del calor a través de corrientes oceánicas. También el ciclo del agua, a través de la evaporación, la precipitación y el almacenamiento de agua. Y, a la vez, generan oxígeno (al menos la mitad del oxígeno mundial se genera en el océano gracias al fitoplancton). Además, nos proveen de alimento, recursos genéticos y materias primas (sal, arena, minerales, agua…). 

«Crear santuarios en alta mar ayudará a detener el colapso de la biodiversidad marina y salvaguardar la seguridad alimentaria de los miles de millones de personas que dependemos del océano».

También hacen una incalculable labor actuando como barreras naturales frente a tormentas, tsunamis, erosión costera, entre otros fenómenos naturales. Sin olvidar los beneficios para la salud (bienestar psicológico) e incluso espirituales que nos ofrecen, además de ocio y cultura. Por tanto, para seguir viviendo como hasta ahora, necesitamos contar con océanos sanos y resilientes.

Para quienes leen este artículo y se preguntan qué pueden hacer, ¿cuál es ahora el papel de la ciudadanía en esta nueva fase?

Sabemos que la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales tenemos un inmenso poder cuando nos movilizamos por el bien común. Prueba de ello es la entrada en vigor de este tratado. Ahora, podemos exigir al Gobierno español que cumpla con todo lo que hemos visto más arriba que debe hacer. 

Aparte, si queremos dar un paso más allá, hay muchas decisiones que podemos tomar como consumidoras, aunque dejando bien claro que la responsabilidad de revertir la situación que enfrentamos no recae en nosotras de manera individual, sino en las grandes empresas y Gobiernos que se han beneficiado de ello y nos han traído hasta aquí. 

Si dentro de cinco años miramos atrás, ¿qué tendría que haber pasado para que podamos decir que este tratado ha sido un éxito real?

Pues que, como hemos dicho, hayamos hecho los deberes y hayamos trabajado de manera coordinada, colaborativa y eficaz para la implementación de una red de santuarios marinos, al ritmo que necesitamos.