6º aniversario de la 'Ley Mordaza': coalición de organizaciones exige su derogación y la reforma del Código Penal

Con ocasión del sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ‘Ley mordaza’, la coalición de organizaciones integrada por Amnistía Internacional, ARTICLE 19, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Defender a Quien Defiende, Greenpeace, No Somos Delito y la Plataforma por la defensa de la Libertad de Expresión expresan su preocupación por la vigencia de la misma, a pesar de las repetidas promesas de derogación, y exigen la adecuación de ambas leyes a los estándares internacionales en materia de libertades democráticas. Para ello han suscrito un comunicado conjunto en el que se detallan las propuestas de modificación. 

Según las organizaciones, los seis años de vigencia de la Ley Mordaza la han consolidado como una amenaza grave a la libertad de expresión, reunión y manifestación en España. La Ley de Seguridad Ciudadana lleva todo este tiempo utilizándose contra activistas, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. Además, las limitaciones a la distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad han dificultado el ejercicio del derecho a la información. Por si fuera poco, es la Ley que se ha utilizado en esta pandemia, durante los sucesivos estados de alarma, como base legal para la mayor parte de las miles de propuesta de sanciones acumuladas contra miles de ciudadanos y ciudadanas.

Un aspecto clave es el aumento del poder discrecional que esta Ley ha otorgado a los miembros de los cuerpos policiales para valorar qué conductas deben ser consideradas como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad, sin establecer adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas. Esta situación facilita comportamientos abusivos y arbitrarios que pueden salir reforzados ante la prevalencia de la posición de la administración frente a la ciudadanía en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores.

Desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza en julio de 2015 y hasta diciembre de 2019, se han impuesto 197.288 sanciones en materia de seguridad ciudadana, alcanzando un importe superior a los 73 millones de Euros en multas. Las organizaciones han manifestado su especial preocupación por el impacto en el ejercicio de derechos humanos como consecuencia de la aplicación de los artículos 36.6 (resistencia, desobediencia o negativa a identificarse), 37.4 (faltas de respeto a la autoridad) y 36.23 (difusión no autorizada de imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad). Las sanciones impuestas por los dos primeros supone más del 70% del total

La Ley Mordaza nació en el contexto socioeconómico  que  se  vivió  en  España  a  partir  de  2008,  y  especialmente  entre  2011  y  2014, cuando la aplicación de medidas de austeridad llevó a numerosos colectivos a protestar en la calle, obteniendo una respuesta  represiva  por  parte de las autoridades a través del uso excesivo de la fuerza. En aquel momento, las organizaciones protestaron porque el gobierno, en vez de corregir las deficiencias y apuntalar el derecho de reunión pacífica, presentó propuestas legislativas en la dirección contraria. Esta amenaza a la libertad de expresión se ha materializado desde entonces.

A pesar de que recientemente el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Propuesta de Ley para la tramitación de la reforma del Código Penal en materia de libertad de expresión, desde noviembre de 2020 se encuentra bloqueado el trámite parlamentario en el Congreso español de la Proposición de Ley de reforma de La Ley de Seguridad Ciudadana.