9 de cada 10 personas en España apoyan que las empresas de combustibles fósiles paguen impuestos por los impactos climáticos que provocan

El 89 % de la población en España está de acuerdo con que los Gobiernos aprueben impuestos para que las empresas de gas, petróleo y carbón paguen nuevos impuestos por las pérdidas y daños derivados del cambio climático que provocan. Asimismo, una gran mayoría cree que los Gobiernos no hacen lo suficiente para contrarrestar la influencia política de las empresas que más contaminan y de los grandes multimillonarios. Estas son las principales conclusiones de la encuesta global publicada hoy por Greenpeace y Oxfam Internacional, realizada en 13 países de cinco continentes.

El estudio ha sido presentado en rueda de prensa internacional durante las negociaciones de Bonn sobre Cambio Climático (SB62), donde Gobiernos de todo el mundo debaten políticas climáticas globales, como la movilización para 2035 de 1,3 billones de dólares anuales para financiar acciones climáticas en países del Sur Global. 

Los resultados de esta encuesta llegan tras los datos publicados ayer por 61 de los mejores científicos del mundo en la revista Earth System Science Data donde se alerta de que, al ritmo actual de emisiones, solo faltan tres años para mantener vivo el límite de 1,5 ºC

Los resultados de esta  encuesta global, realizada por Dynata entre mayo y junio de 2025, reflejan un amplio consenso de la población en todo el mundo, así como entre diferentes afiliaciones políticas, niveles de ingresos y grupos de edad, con un apoyo todavía mayor entre la juventud. Incluso entre votantes de partidos tradicionalmente contrarios a subir impuestos, la mayoría se muestra a favor de impuestos adicionales, lo que refleja un consenso social poco habitual en temas fiscales. Estos resultados son coherentes con otras encuestas que señalan que más del 80% de la población española demanda más políticas climáticas por parte de sus Gobiernos, también con un amplio consenso social. Los países incluidos son Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Kenia, Italia, India, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y España, con unas 1200 personas encuestadas en cada uno [1].

Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, ha declarado: “Los datos arrojan un mensaje claro: la gente ya no se cree las mentiras de la industria de los combustibles fósiles. Ven la culpa de las grandes petroleras detrás de las tormentas, inundaciones, sequías e incendios que destruyen sus vidas, como la trágica dana de Valencia, y quieren que estas empresas asuman su responsabilidad. Al gravar las obscenas ganancias de  esta sucia industria, se pueden conseguir miles de millones de euros para proteger a la población e invertir en soluciones climáticas reales. Es de justicia que quien causa la crisis climática pague por sus daños, no quién los sufre”.

Por su parte, Pedro Zorrilla Miras, responsable de la campaña de Cambio climático en Greenpeace España, ha señalado: “En Europa, el impuesto a los beneficios extraordinarios o “caídos del cielo” es un ejemplo de que este tipo de medidas para financiar daños climáticos puede funcionar. Solo entre 2022 y 2023, se recaudaron por esta vía 26.000 millones de euros, una cifra que podría ser mayor si este impuesto fuera permanente y se aplicara sobre todos los beneficios, no solo los extraordinarios. Dinero hay, lo que hace falta es voluntad política. En España, la presión de las compañías energéticas consiguió eliminar este impuesto. Hablamos de empresas con beneficios obscenos, como Repsol, que ganó 1.756 millones de euros en 2024, mismo año en que más de 300.000 personas vieron sus vidas arrasadas por la DANA”.

Resultados clave de la encuesta en España:

• El 89 % de las personas encuestadas apoya crear impuestos a las empresas de petróleo, gas y carbón para pagar por los daños causados por desastres climáticos relacionados con los combustibles fósiles, como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales. Esta cifra es mayor que el apoyo del 81% a nivel global, o el 77% a nivel europeo.
• Un 88 % apoya que los ingresos generados por estos nuevos impuestos a la industria fósil se destinen a compensar a las comunidades más afectadas por la crisis climática. 
• Un 81 % considera que el Gobierno debería invertir más en apoyar a las comunidades más afectadas por el cambio climático. La crisis climática impacta más a quien menos CO2 emiten, tanto dentro de España como a nivel mundial.
• Un 67 % considera que las empresas más contaminantes y las grandes fortunas tienen una influencia negativa en la política en España (68% a nivel mundial). 
• Un 72 % señala que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para limitar el poder de las compañías fósiles.

Según Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, “las compañías de combustibles fósiles saben desde hace décadas el daño que sus productos contaminantes causan a la humanidad. Las corporaciones se siguen lucrando con la devastación climática, y su afán de lucro está destruyendo las vidas y medios de vida de millones de mujeres, hombres y niños, sobre todo en el Sur Global, que son quienes menos han contribuido a la crisis climática. Los Gobiernos deben escuchar a su gente y responsabilizar a los contaminadores por los daños que provocan. Un nuevo impuesto a las industrias contaminantes podría proporcionar apoyo inmediato y significativo a los países vulnerables al clima, e impulsar la inversión en energías renovables y una transición justa”.

Junto a los resultados de la encuesta, también se ha presentado el Polluters Pay Pact, un llamamiento a nivel mundial para conseguir ”Que los contaminadores paguen”. Se trata de una alianza global de comunidades afectadas por desastres climáticos para exigir a los Gobiernos que las empresas de petróleo, gas y carbón – y no las personas- paguen por los daños climáticos que causan mediante nuevos impuestos y sanciones. 

El Pacto cuenta a nivel mundial con el respaldo de colectivos afectados directamente por estos desastres climáticos, como trabajadores de servicios de emergencia, bomberos, sindicatos y grupos de trabajadores, alcaldes de países como Australia, Brasil, Bangladesh, India, Filipinas, Sri Lanka, Nigeria, Sudáfrica, Estados Unidos, así como demandantes judiciales en casos climáticos emblemáticos desde estados insulares del Pacífico hasta Suiza.

También lo apoyan más de 60 ONG, entre ellas Oxfam Internacional, 350.org, Avaaz, Islamic Relief UK, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Indian Hawkers Alliance, Pacific Islands Students Fighting Climate Change, Jubilee Australia y Greenpeace.

El Polluters Pay Pact busca conseguir el respaldo popular a la campaña de Greenpeace para que los contaminadores (las empresas que generan cambio climático) paguen. Esta campaña se desarrollará durante 2025 en países de todo el mundo y se llevará a foros internacionales clave como la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4), que se celebrará en Sevilla del 30 de junio a 3 de julio, las negociaciones para una convención fiscal de la ONU que podría incluir nuevas reglas para que las multinacionales de petróleo y gas paguen por su contaminación; y la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30).