Activistas de Greenpeace cortan el agua a las oficinas de ACS para denunciar un proyecto que ha destruido el río de una comunidad indígena de Guatemala

• Un proyecto hidroeléctrico en el que participa la empresa de Florentino Pérez, a través de una filial, restringe el acceso al agua de más de 29.000 indígenas quekchí
  
• La obra ha destruido el curso de un río y se ha ejecutado sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos indígenas afectados
• Con el corte del agua, Greenpeace quiere que la empresa se ponga en la piel de las personas afectadas aunque sea simbólicamente

Activistas de Greenpeace protestan en la sede de la empresa ACS en Madrid (del grupo empresarial de Florentino Pérez) para denunciar su responsabilidad, a través de su filial Grupo Cobra, en el daño ambiental y social provocado por un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala (1), que ha afectado a casi 30.000 habitantes de la zona.

Fotos y vídeo de la acción

Los activistas han desplegado pancartas con el mensaje “ACS destruye los ríos de Guatemala” y han cerrado la llave general de paso del agua de las oficinas centrales en la calle Pío XII para sensibilizar a los responsables de la empresa, aunque sea de forma simbólica, la dificultad de mantener cualquier actividad sin este valioso recurso.

ACS, a través de su filial Grupo Cobra, ha participado como subcontrata en varias fases del complejo hidroeléctrico RENACE, una infraestructura que ha alterado profundamente el río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros (2). Además de los graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y los fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo. También ha acarreado la reducción drástica del caudal del río que ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad quekchí.

“Denunciamos que empresas como ACS puedan participar en la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos en otros países, con la cobertura y el beneplácito del Gobierno español”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

Persecución de activistas medioambientales

Como participante en la construcción de esta infraestructura, el Grupo ACS tampoco puede eludir su responsabilidad en el problema de la criminalización y persecución del movimiento de oposición a esta infraestructura. El pasado martes 30 de enero, Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo quekchí opuesto a los megaproyectos hidroeléctricos, fue detenido y ahora está encarcelado. El caso de Bernardo Caal recuerda a la actividad de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres y ha llegado incluso al Parlamento español.

“Pedimos la libertad de los líderes indígenas que están siendo perseguidos por oponerse a estos proyectos. Lo que les pase a los que alzan su voz contra estos proyectos es también responsabilidad de las empresas que participan en su construcción”, ha añadido Soto.

“Según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas ellas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura”, ha recordado Soto. “Por este motivo pedimos la libertad de Bernardo Caal y el cumplimiento del principio de la Diligencia Debida donde el respeto de los derechos humanos es extensible a todas las empresas, sin diferencias entre empresas contratistas y subcontratistas”.

Greenpeace también cree necesario avanzar durante el año 2018 en la redacción y aprobación en el marco de Naciones Unidas (2) de un tratado internacional vinculante sobre transnacionales que asegure el desarrollo de normas obligatorias que acaben con la impunidad actual y asegure que las personas jurídicas puedan ser interpeladas por instituciones penales por sus actividades extraterritoriales.

“Esperamos que España y el resto de países de la Unión Europea no intenten hacer descarrilar este proceso histórico”, ha señalado Soto. “Los Principios Rectores y los códigos de conducta voluntarios están fallando estrepitosamente y hace falta avanzar hacia un marco jurídico de obligado cumplimiento”.